Cientos de miles de catalanes consideran el referéndum decisorio como la máxima expresión del ideal democrático. Pero en realidad el referéndum forma parte del problema y no de la solución. Una década de hábil manipulación conceptual agitando la ambigua y acertada expresión «el derecho a decidir» ha identificado en las conciencias la democracia con el voto, cuando éste es un aspecto importante, pero inútil fuera de un marco legal en el que los derechos de todos sean respetados.
«El derecho a decidir» es un potenciador extremo de autoestima y orgullo. Una droga emocional inmune a los débiles embates de la razón. Tanto es así que incluso numerosos contrarios a la secesión reclaman un referéndum para reafirmarse emitiendo un rotundo no. Olvidan que la democracia es un sistema de convivencia más complejo que el proceso de votar. Este sólo adquiere valor cuando hay consenso sobre lo que hay que votar y cómo debe hacerse según las normas que plasman los acuerdos básicos del régimen democrático. El derecho a decidir es un derecho regulado en cuanto al quién, al qué, al cómo y al cuándo. Es evidente que este acuerdo no existe entre catalanes, ni entre separatistas y el Gobierno español.
Hay básicamente dos tipos de consultas populares. Aquellas que pueden denominarse referendarias, en que se rechaza o se ratifica y acepta una propuesta de norma legal, generalmente producto de un largo proceso de elaboración y consenso entre diversas fuerzas políticas, que cristaliza en una solución compleja y matizada, que se somete al voto de la ciudadanía. Y, al contrario, un referéndum decisorio es aquel en que se somete a votación un curso de acción, una opción de futuro, por naturaleza de consecuencias inciertas e indeterminadas. Un referéndum de secesión es el acto político más fundamental que hay que concebir, porque significa la definición del ámbito y límite de la comunidad política, y es un acto de oposición radical y completa a un orden político existente. Es un acto de rechazo, cuyo motor, cuando no hay explotación colonial y opresión, es la emoción identitaria a la que la racionalidad apenas asiste. Y como han evidenciado el Brexit y el proceso, el debate público de ventajas e inconvenientes es un cúmulo de verdades, pero también de verdades deformadas, falsedades e ilusiones vanas, que no tienen apoyo en la realidad. Todo con el afán de reducir la vida en común a un destructor juego en blanco y negro, de amigos y enemigos.
Va siendo hora de que los catalanes que rechazan esta forma de entender la política, y la de aquellos que se consideran al mismo tiempo catalanes y españoles, en una medida u otra, se afirmen en la evidencia que ya han expresado -y lo continuarán haciéndolo su opción en las elecciones, incluidas las pasadas plebiscitarias de 2015, que por tanto ya ejercen su derecho a decidir, ir ebutgin el referéndum que no hará otra cosa que agravar el problema.
Pretender resolver la cuestión del reparto territorial del poder mediante un referéndum, además de no ser aceptable para la mayoría no secesionista, supone otras dificultades extremas: la primera es que una victoria de la secesión por un margen pequeño en una comunidad dividida en dos garantiza la inestabilidad política o la supresión de la democracia. En efecto, como se consensuaría una Constitución en el nuevo Estado, como se la dotaría de estabilidad? Debería ser impuesta por la frágil mayoría vencedora a la gran minoría perdedora. En España sabemos muy bien el sufrimiento que han costado las constituciones impuestas por una parte del país a la otra. En segundo lugar, un referendo secesionista es un arma política asimétrica: si ganan los secesionistas, el resultado es firme y definitivo, pero si pierden, volverán a insistir ya presionar tanto como haga falta para repetirlo.
Como se explica, pues, la exaltación de la virtud democrática del referéndum decisorio de secesión? Porque encubre la falacia que supone obligar a la mitad de la ciudadanía no separatista a elegir una parte -Cataluña o España- cuando ya tiene el todo, la identidad catalana y la española.
Los catalanes necesitamos reconstruir principios, prácticas y convicciones democráticas y recuperar nuestras instituciones de autogobierno al servicio de todo el pueblo de Cataluña, y rescatarlo de los que lo utilizan en beneficio propio sólo y exclusivamente. Pero hay más: los que defienden la desobediencia a las normas ya las leyes no pueden garantizar la gestión de un referéndum, para que la observancia de la ley es un elemento de la democracia tan importante como el voto y, además, porque no tienen la credibilidad necesaria. Incluso ahora intentan presentar el 1 de octubre como la expresión de la voluntad de nuestro pueblo, cuando sólo fue un acto político de una parte.
De todo ello se desprende que la mesa de negociación entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat en ningún caso puede comprometer los derechos de todos los catalanes. La Cataluña silente debe dejar de serlo, a menos que quiera ver comprometidos sus derechos ciudadanos.
Publicado en La Vanguardia el viernes, 20 de marzo de 2020
El derecho a decidir es un potenciador extremo de autoestima y orgullo. Una droga emocional Share on X
