Si nada lo impide, los acuerdos a la desesperada que busca Pere Aragonès con los Comunes comportarán un nuevo incremento de impuestos. Cataluña es ya la comunidad que más presión fiscal registra, y a pesar de esto continuarán los incrementos.
En este caso, las rentas de más de 90.000 euros, en forma de nuevo tramo de IRPF, pagarán un 23%, que se añadirá a la tributación estatal, y las que superen los 120.000 € tributarán un 25%. También se está pactando la supresión de determinadas bonificaciones del impuesto de sucesiones y un aumento de la llamada “fiscalidad verde” que todavía no se sabe en qué se concretará.
El problema de las presiones fiscales altas en el marco de un estado como el español puede significar un estímulo más a los que ya existen en su deslocalización. A la vez que quieren aumentar los impuestos verdes, el gobierno con una extraña política de incentivar la lucha contra el cambio climático reducirá las bonificaciones de los peajes a los coches ecológicos. Hasta ahora, si se acumulaban determinadas bonificaciones, el peaje podía salir gratis. Ahora tendrán un límite del 75%.
También se considerará el precio del coche sin IVA. Si este supera los 40.000 euros, también verán menguadas las bonificaciones hasta la exclusión. Se producirá la paradoja que el vehículo eléctrico por antonomasia, el TESLA 3 que se sitúa en los 50.000 euros, no podrá tener bonificación porque se considera demasiado caro en criterios “de equidad y justicia social”. Y así sucesivamente se multiplican las medidas arbitrarias que tienen como único objetivo recaudar más en los peajes.
El resultado es un lío considerable, porque mientras que en la ZBE de Barcelona pueden circular los coches de los “ricos” y está impedida la circulación de los coches de los “pobres”, en la autopista los coches ecológicos de los “ricos” no tendrán bonificaciones. Por un lado se incentiva una cosa, y por la otra la contraria. ¿Dónde está la política medioambiental del país?
Al mismo tiempo, Cataluña bate records, pero no son positivos. De acuerdo con las últimas informaciones del Sistema Nacional de Salud (SNS), las listas de espera tienen en Cataluña la comunidad con más pacientes acumulados pendientes de tratamiento. Concretamente, la tasa es de 23,32 pacientes por cada 1.000 habitantes, seguido de Castilla-La Mancha y Extremadura con 21,01. Poco tiene que ver este ranking con la financiación, porque una comunidad mal financiada como Murcia presenta una ratio del 15,30. Madrid, con 8 pacientes por cada 1.000 habitantes, ocupa una de las posiciones líder, seguida del País Vasco (8,32) y Castilla y León (9,95). Baleares y la Comunidad Valenciana, que acompañan junto con Madrid a Cataluña en el grupo de las autonomías con peor financiación, presentan datos que prácticamente son el doble de mejores: 10,67 y 12,11 pacientes por cada 1.000 habitantes respectivamente.
En lo que respecta a las listas de espera ocupamos un lugar destacado. En Cataluña se tardan 146 días y solo esperan más los pacientes de Castilla-La Mancha (149 días) y Andalucía (164 días).
El segundo ranking escandaloso es el número de familias que esperan una vivienda protegida. Son 134.655. Es decir, significan una ciudad más grande que l’Hospitalet de Llobregat, dado que la media de cada familia se sitúa en aproximadamente 2,6 personas. Es una magnitud espectacular que castiga sobre todo a las familias con hijos, que son el 97% de las solicitudes. Tenemos casi 300.000 personas en Cataluña pendientes de recibir un piso protegido. En términos de familia, la ciudad de Barcelona se lleva la mayor parte, con 41.735 registros.
Y si las anteriores noticias no pintaran un panorama suficientemente desolador, que demuestra la incapacidad del gobierno para afrontar las necesidades de Cataluña, añadir la última y sensible cifra: los despidos por ERO, que hasta octubre representaban 4.433 puestos de trabajo perdidos, pueden superar los 5.000 a finales de año. En cualquier caso, la cifra se situaría en los peores niveles de la pasada crisis económica.
