Laura Borràs, persona de confianza de Torra y Puigdemont, y posible candidata a la presidencia de la Generalitat si al final se descartara al expresidente, tiene una difícil papeleta a consecuencia del procedimiento judicial que tiene abierto por unas presuntas contrataciones fraudulentas llevadas a cabo cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes.
La exposición razonada que ha enviado una juez de Barcelona al Tribunal Supremo, porque se trata de una persona aforada, contiene numerosos comunicados entre Laura Borràs y el posible beneficiario de los contratos irregulares y amigo de la diputada, Isaías Herrero, que podrían constituir indicios suficientes para determinar su investigación.
Concretamente, la causa penal contra Borràs incorpora los delitos de prevaricación, malversación, fraude y falsedad documental con motivo de haber adjudicado a dedo 18 contratos menores de 18.000 euros, y que por lo tanto no tienen que sujetarse a concurso público. La jueza considera que en realidad esta diversidad de contratos responde a haber efectuado una fragmentación de un solo contrato a fin de proceder a la contratación directa a causa del menor importe.
Laura Borràs siempre ha negado estas acusaciones y en los últimos tiempos incluso ha hablado de persecución política, pero en su comparecencia a la Comisión del Parlamento, cuando ya era consejera de Cultura, para abordar esta cuestión se limitó a hablar solo de tres contrataciones, y no del conjunto por el cual se la acusa.
A partir de la presunción de inocencia que siempre se tiene que formular, hay que decir que la acusación contra Laura Borràs responde a una práctica históricamente muy extendida en las administraciones a fin de facilitar la contratación de empresas o personas predeterminadas, sin acudir al concurso público. Hay que tener en cuenta que operar de este modo no siempre es por razón de un presunto beneficio económico, sino que sencillamente se quiere garantizar por razones de confianza, que aquel sujeto pueda llevar a cabo el encargo y no esté sometido a la incertidumbre del concurso.
Para conseguir este fin, se divide la materia a concursar en varios contratos diferentes con denominaciones específicas inferiores a los 18.000 euros, y entonces se pide al interesado que se ponga de acuerdo con otras dos empresas o personas para que acompañen a su oferta con otras dos de presupuesto superior o más incompletas. De este modo la administración tiene sobre la mesa un planteamiento formalmente perfecto: una contratación directa en la que además puede escoger entre tres candidatos. Exactamente este estándar en el procedimiento es por el que la jueza acusa a Laura Borràs.
Hay que decir que si algunos de los delitos que se le imputan acabaran confirmándose, la dejarían fuera de la política, porque el delito de prevaricación comporta de 9 a 15 años de inhabilitación, el de malversación de 2 a 6 años de prisión y una inhabilitación de 6 a 10 años, y el de estafa puede comportar un encarcelamiento de 6 meses a 3 años y, en el supuesto de que sea agravada, de 1 a 6 años. Cualquiera de estos supuestos penales, en el caso de acreditarse, dejarían fuera de juego a Laura Borràs.
