Como ya hemos señalado en posts anteriores, la nueva legislatura europea 2019-2024 está a punto de arrancar. Hemos hablado de los principales líderes de la nueva estructura -entre los que destaca la presidenta de la Comisión Europea, la alemana Úrsula von der Leyen- así como de la estrategia y políticas concretas que proponen. Como en todo proyecto importante, los elementos clave a considerar en la nueva legislatura son tres: personas, ideas y recursos. Ya hemos tratado los dos primeros elementos. Nos queda ahora tratar el tercero, que son los recursos disponibles, es decir, el presupuesto del proyecto. Se ha llegado a defender por parte de especialistas en management que, de los tres elementos mencionados, el más relevante son las ideas. Sin embargo, es cierto que sin recursos las ideas no pueden prosperar y tampoco se pueden contratar a las personas para conseguirlo. De aquí la importancia de los recursos, de los que hablaremos a continuación.
Por extraño que pueda parecer, el periodo presupuestario en la UE es septenal y, por lo tanto, no coincide con la legislatura, que es quinquenal. Los presupuestos anuales de la UE tienen que establecerse siempre dentro de los límites de Marco Financiero Plurianual (MFP) correspondiente. El último MFP, todavía vigente, corresponde al periodo 2014-2020. Las negociaciones sobre el nuevo MFP 2021-2027 empezaron hace más de veinte meses, sin que los estados miembros de la UE, los llamados paymasters, hayan llegado a ningún acuerdo definitivo. Tres problemas principales afloran permanentemente sobre la tabla de negociaciones.
El primer problema hace referencia al importe total de los presupuestos anuales. Actualmente suponen el 1,02 por ciento del PIB de la UE (más de 16 billones de euros), que para el año 2019 supone 165.800 millones de euros y para el conjunto de los siete años más de un billón de euros. Alemania y los países del norte de Europa querrían rebajar estas cifras y conseguir que el presupuesto anual no fuera superior al 1 por ciento del PIB. La Comisión Europea, por su parte, apoyada por los países del sur y del este de Europa, querría subir el importe anual al 1,1 por ciento del PIB, mientras que el Parlamento Europeo lo querría subir todavía más, hasta el 1,3 por ciento. Los federalistas europeos siempre han sostenido que el presupuesto de una verdadera federación, como por ejemplo la norteamericana, tiene que ser como mínimo de un 30 por ciento del PIB. La UE todavía está muy lejos de llegar a esto.
El segundo problema es quién paga qué en el presupuesto. Una vez más, los países del norte, contribuyentes limpios al presupuesto comunitario, se muestran muy reticentes a la hora de aumentar sus contribuciones. Temen que el agujero que dejará el Brexit acabe repercutiendo en sus bolsillos. También querrían mantener, o incluso aumentar, los sistemas de devolución que tienen concedidos como consecuencia de recibir menos dinero que los países del sur y del este en materia de política agrícola y regional. Francia se opone enérgicamente y se muestra partidaria de eliminar toda clase de reintegros de esta naturaleza.
En tercer lugar, hay una batalla planteada alrededor de dónde tienen que dirigirse los gastos del presupuesto comunitario. Desde el inicio de la CEE (1957), el gasto agrícola ha sido el más importante. A comienzos de los años noventa del siglo pasado suponía la mitad del gasto total y hoy supone aproximadamente un cuarto. Francia, la gran potencia agrícola de la UE, se encuentra detrás de esta realidad. La segunda gran fuente de gasto es la política regional.
España, por ejemplo, consiguió importantes fondos de cohesión en los años noventa del siglo pasado para compensar sus debilidades económicas en un mercado interior europeo en vías de formación. Los países económicamente más avanzados piden una “modernización” del presupuesto comunitario en el sentido de destinar menos dinero a las políticas agrícola y regional, y en cambio más dinero a la consecución de mejoras de competitividad global en aspectos como investigación y desarrollo, ciencia, medio ambiente o fortalecimiento del mercado interior. Además de tensiones norte-sur, existen tensiones este-oeste, puesto que algunos gastos van ligados a la mejora de la calidad democrática y del estado de derecho de los países orientales. Polonia y Hungría están especialmente avisadas sobre este tema.
Ya vemos pues como, por culpa de las divisiones entre los estados miembros de la UE y de las tensiones norte-sur y este-oeste, la nueva legislatura de la UE tendrá que arrancar sin haberse definido previamente el nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP) correspondiente al periodo 2021-2027, y esto tendrá inconvenientes. Pero se acabará arreglando, aunque con un poco de retraso, como siempre. Después llegará seguramente la evidencia de que las viejas reglas presupuestarias necesitan ser puestas al día.
Una negociación diplomática que dure años para llegar a un acuerdo sobre un marco presupuestario septenal y que tolere que una legislatura empiece sin presupuesto no parece un procedimiento ideal para una institución como la UE.
Víctor Pou es doctor en derecho y licenciado en ciencias económicas por la Universitat de Barcelona, MBA por la IESE Business School de la Universidad de Navarra y Graduado en Integración Europea por la Universidad de Ámsterdam. Es profesor del IESE Business School y de la Universidad Internacional de Cataluña (UIC). Es Socio de la consultoría TAS Europrojects (Bruselas). Ha sido Ninguno de Unidad y Consejero de Relaciones Exteriores a la Comisión Europea (Bruselas). Ha sido Director del Patronato Catalán pro Europa y Director General de Adecuación a las Comunidades Europeas de la Generalitat de Cataluña.