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29-N: mayoría absoluta de la política nihilista

Estamos en período de elecciones generales, un buen momento para observar las propuestas de los diferentes partidos sobre cuestiones importantes para la vida de las personas y el bien común. En el artículo publicado en este diario el pasado 23 de septiembre vimos cómo el filósofo escocés Alasdair MacIntyre (1929-2025), en su obra Three Rival Versions of Moral Enquiry, distingue tres grandes tradiciones morales: la liberal, que tiene su origen en la Ilustración; la genealógica o nihilista, que procede de la filosofía de Nietzsche; y la aristotélico-tomista, que ha constituido la corriente principal de la tradición cristiana. Estas tres visiones tienen manifestaciones muy concretas.

Si las trasladamos al problema de la vivienda, el punto de partida de la ética liberal es la libertad contractual, la igualdad ante la ley y la protección de la propiedad privada. El Estado debe garantizar unas reglas de juego justas y la seguridad jurídica tanto de propietarios como de arrendatarios. La solución a la escasez de vivienda pasa por incrementar su oferta, facilitando la disponibilidad de suelo mediante la simplificación de los procedimientos urbanísticos y burocráticos.

La ética nihilista ve en ello un conflicto entre grupos sociales: el problema principal no es tanto la falta de viviendas como su distribución desigual y la subordinación de las necesidades residenciales a los intereses económicos de propietarios, fondos de inversión, promotores inmobiliarios, entidades financieras y operadores turísticos. Las medidas que deben adoptarse pasan por intervenir directamente en el mercado del alquiler mediante limitaciones de precios, incrementar sustancialmente el parque público de viviendas, restringir y gravar los usos especulativos, limitar la concentración de la propiedad inmobiliaria y reforzar los derechos de los arrendatarios frente a los propietarios.

Desde la ética tomista, la vivienda no es solo un bien económico o un derecho individual, ni un instrumento de poder. Es un bien humano fundamental, necesario para constituir una familia, educar a los hijos, desarrollar una vida estable y participar en la comunidad. La propiedad privada es legítima y socialmente útil, pero no constituye un derecho absoluto, sino que tiene una función social.

En nuestro país, en lo que llevamos del siglo XXI, la construcción de viviendas se ha regido por intereses puramente económicos y, a menudo, directamente especulativos, con una grave dejación de responsabilidades por parte de los sucesivos gobiernos, tanto de derechas como de izquierdas. Hemos pasado de ser un país donde se construía de manera desaforada a no poder proporcionar viviendas a un precio asequible a las nuevas generaciones. La respuesta del Gobierno español ante la reacción social de las últimas semanas ha sido típicamente nihilista: avivar el conflicto entre propietarios y arrendatarios y adoptar medidas que pueden ser pan para hoy, para algunos, y hambre para mañana, para muchos.

En materia de educación, durante las últimas décadas ha habido un progresivo predominio de una pedagogía que ve la escuela como un instrumento de igualitarismo, pero no como un ascensor que permite ascender socialmente, sino que iguala por abajo. Los resultados educativos están a la vista y los efectos sociales son palpables. La escuela se ha utilizado también para transmitir una comprensión nihilista del ser humano, especialmente en la denominada «educación afectivo-sexual».

En el ámbito de la familia y el matrimonio, la perspectiva liberal priorizó la autonomía individual con ciertas limitaciones. Así ocurrió con la Ley del Divorcio de 1981: divorcio sí, pero con causas que lo justificaran y con un período previo de separación. Sin embargo, la visión nihilista, que se ha impuesto a partir del cambio de siglo, ha pretendido desmantelar las estructuras familiares tradicionales: la ley de 2005 del «divorcio exprés». Una ley que hoy ningún partido propone reformar para dar mayor estabilidad a las familias y priorizar el interés de los hijos por encima de la pura libertad de movimiento de los adultos.

En cuanto al aborto, la ética liberal busca un equilibrio entre la protección de la vida humana en gestación y la posibilidad de abortar en determinadas situaciones que pueden justificar el sacrificio de la primera. Así quedó reflejado en la ley de 1985, que despenalizaba el aborto en tres supuestos específicos. Pero, entre los abortos practicados tras la aprobación de aquella ley, los tres supuestos fueron la excepción y la norma fue el aborto libre. Puede afirmarse que la ley de 1985 introdujo de forma encubierta la visión nihilista del aborto, que se convirtió en derecho positivo con la ley de 2010.

Mientras que la visión nihilista prioriza la autonomía de la mujer, sacrificando siempre que sea necesario la vida del feto, la tomista considera la vida humana un bien fundamental que merece protección desde su concepción. No se prevé ningún acercamiento a la protección del feto en los programas electorales. Tampoco ningún partido cuestiona el aborto libre, que provoca que en Cataluña haya hoy cuatro abortos por cada diez nacimientos.

Conclusión: Sea cuales sean los resultados electorales del 29-N, parece que continuaremos bajo una mayoría absoluta de una política de orientación nihilista.

Twitter: https://x.com/ros_arpa

Artículo publicado en el Diari de Girona el 13 de noviembre de 2026

29-N: mayoría absoluta de la política nihilista. Vivienda, educación, familia y aborto: a pesar de las diferencias entre partidos, el pensamiento nihilista sigue dominando las políticas públicas. ¿Existe una alternativa? Compartir en X

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