La huelga general del 11 de noviembre pasará a la historia de nuestras extravagancias políticas por una característica excepcional: una huelga que contaba con el estímulo del mismo Gobierno que, al menos en parte, debería ser el destinatario de las reivindicaciones. Todo ello, dos días antes del inicio de la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre. Una coincidencia difícilmente inocente.
Los motivos invocados —vivienda, salarios, coste de la vida— son problemas reales y graves. Pero una cosa es la legitimidad de las reivindicaciones y otra, muy distinta, la naturaleza, el desarrollo y los objetivos de esta huelga.
Una huelga con escaso seguimiento laboral
Las cifras son significativas.
Según los datos empresariales recogidos por EFE, la CEOE y Cepyme situaban el seguimiento por debajo del 5 %. Renfe, empresa pública, registraba solo un 6,83 % de participación entre sus trabajadores de los turnos de noche y de mañana, con un 3,16 % en Renfe Viajeros.
El consumo eléctrico, indicador indirecto de la actividad económica, confirma una incidencia limitada, aunque desigual. A las 17 horas, la demanda española era un 4,7 % inferior a la previsión de Red Eléctrica y un 2,5 % inferior a la del martes. A las 18 horas, la diferencia respecto a la previsión se había reducido al 3,73 %.
Estos datos no se pueden transformar mecánicamente en porcentajes de huelguistas, pero tampoco dibujan una paralización general de la economía.
Una parte de la población optó por el teletrabajo, mientras que muchos otros encontraron dificultades o se vieron imposibilitados para desplazarse. No acudir físicamente al lugar de trabajo no significa necesariamente hacer huelga.
El resultado fue una huelga mucho más visible en la movilidad y el espacio público que en el paro efectivo de la producción.
Los piquetes: de la información a la intimidación
El segundo hecho grave fue la actuación de determinados piquetes.
En Barcelona, diversos comercios del paseo de Gràcia y del centro bajaban preventivamente las persianas cuando se acercaban los grupos de manifestantes y volvían a abrir después. Algunos piquetes entraron en establecimientos con banderas y megáfonos. En Madrid, la Gran Vía quedó cortada durante unas dos horas y numerosos establecimientos cerraron por miedo a los incidentes.
La Generalitat registró más de 50 afectaciones viarias por movilizaciones y cortes, especialmente en la AP-7, la A-2 y la C-58.
Hay que recordar una obviedad democrática que parece haber desaparecido: el derecho de huelga no anula el derecho a trabajar. Impedir el acceso a una empresa o intimidar a un comerciante para que cierre no es información sindical. Es coacción.
El escándalo más grave: el Gobierno de Illa y el transporte
Pero lo más escandaloso ocurrió en Cataluña, con la intervención directa del Gobierno de Salvador Illa en la fijación de los servicios mínimos.
La Generalitat estableció solo un 25 % del servicio habitual de Rodalies, Regionals, FGC, metro y autobuses durante las horas punta, de 6:30 a 9:30 y de 16:30 a 21:00 horas. Fuera de estas franjas, el servicio mínimo garantizado era cero.
Comparemos con el resto de España. El Ministerio de Transportes estableció para Rodalies un 75 % de los servicios en horas punta y un 50 % durante el resto de la jornada. Incluso en Cataluña, el día anterior, la huelga de maquinistas había supuesto unos mínimos del 66 % y del 33 %, respectivamente.
La diferencia es colosal. No responde simplemente al número de trabajadores que deciden secundar la huelga, sino a una decisión administrativa deliberada.
Las consecuencias fueron extraordinarias: según la propia Generalitat, hasta el mediodía las salidas de vehículos del área metropolitana habían caído un 45 % y las entradas, un 52 % respecto a la referencia utilizada.
Un Gobierno que tiene el deber de garantizar la movilidad facilitó las condiciones para restringirla radicalmente. En Cataluña, la huelga tuvo así un poder paralizador que no procedía únicamente de los huelguistas, sino de la propia Administración.
Es una forma de sabotaje institucional de la movilidad, políticamente intolerable. Illa debería responder por ello ante el Parlament.
Una huelga políticamente instrumentalizada
La dimensión política es igualmente evidente.
La vicepresidenta Yolanda Díaz había animado públicamente a participar en la huelga el 6 de noviembre, vinculándola explícitamente con la necesidad de votar el día 29 para impedir la llegada de la derecha a la Moncloa. Después la calificó de éxito.
El ministro Félix Bolaños consideró justas las reivindicaciones. En Barcelona, la manifestación contó con la presencia de representantes del PSC, ERC y otras fuerzas de izquierda.
El resultado es una anomalía democrática: un Gobierno que anima una protesta por los salarios y la vivienda después de más de ocho años de presidencia socialista, en lugar de asumir sus propias responsabilidades.
No es una huelga propia de la tradición sindical europea, que busca obtener compromisos concretos de un interlocutor determinado. Se parece más a una movilización político-social promovida desde los aledaños del poder. Una práctica que evoca más el populismo latinoamericano que la normalidad institucional europea.
Manifestaciones importantes, final deplorable
Las manifestaciones fueron importantes. La Delegación del Gobierno contabilizó 120.000 participantes en Madrid y la Guardia Urbana, 55.000 en Barcelona. No son cifras menores.
Pero una manifestación masiva no convierte automáticamente en masiva una huelga laboral.
El balance policial provisional recogió al menos 75 detenciones en España y 1.044 incidencias registradas por la Policía Nacional y la Guardia Civil.
En Barcelona, una vez finalizada la manifestación principal, grupos de encapuchados rompieron escaparates, incendiaron contenedores y lanzaron pirotecnia contra los Mossos. La policía catalana comunicó 20 detenciones a lo largo de la jornada. En Madrid también se produjeron enfrentamientos y cargas policiales.
Aquella violencia no representa a todos los manifestantes, pero deja una imagen profundamente negativa de la jornada.
El diagnóstico
El 11-N fue más una demostración de movilización política y de capacidad para alterar la vida cotidiana que una huelga general ampliamente secundada por los trabajadores.
Una combinación de sindicatos, izquierda política, movimientos por la vivienda y grupos antisistema consiguió una presencia considerable en la calle. Pero no acreditó un respaldo laboral comparable.
Y Cataluña añadió un hecho de especial gravedad: un Gobierno que, en lugar de proteger la movilidad de los ciudadanos, adoptó decisiones que facilitaron su colapso.
Una democracia no se mide solo por la libertad de hacer huelga. También se mide por la libertad de no secundarla, de trabajar y de circular. El 11 de noviembre estas libertades resultaron gravemente perjudicadas.
Una huelga con más piquetes que huelguistas, comercios obligados a bajar las persianas y un Gobierno de Illa que contribuyó a paralizar Cataluña con unos servicios mínimos ferroviarios del 25 %. #Huelga11N Compartir en X
