La Generalitat fija unos servicios mínimos de apenas el 25 % en hora punta y deja sin circulación ferroviaria programada buena parte de la jornada. Los perjuicios recaen especialmente en los trabajadores que no secundan la huelga, los autónomos y las pequeñas empresas. Una manera muy singular de entender la prosperidad compartida.
Cataluña presenta una singularidad especialmente grave en la huelga general del 11 de noviembre. No se trata únicamente de la movilización sindical, sino también de la respuesta del poder político. La Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y la Diputación están gobernados por los socialistas. Una concentración de poder que, en lugar de garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales, coincide con una jornada de profundas restricciones a la movilidad.
El ejemplo más escandaloso es Rodalies. Un servicio que arrastra un deterioro crónico, que ha vivido nuevos episodios de conflictividad ferroviaria y que hoy recibe una nueva decisión administrativa extraordinariamente perjudicial para los usuarios.
La Generalitat ha fijado unos servicios mínimos ferroviarios del 25 % en las horas punta y ninguna circulación fuera de esas franjas, según los horarios publicados por Rodalies.
Es una decisión de enorme trascendencia económica y social.
La Generalitat deja el ferrocarril prácticamente fuera de servicio
El Departamento de Empresa y Trabajo ha establecido, para Rodalies, Regionales, FGC, metro, tranvía y autobuses, unos servicios mínimos del 25 % de la oferta habitual entre las 6:30 y las 9:30 de la mañana y entre las 16:30 y las 21:00 horas.
Fuera de estos horarios no se impone ningún porcentaje mínimo de circulación. En el caso concreto de Rodalies y Regionales, la información oficial anuncia directamente que no habrá servicio durante el resto de la jornada.
El contraste con la regulación estatal de Renfe resulta sorprendente: el Ministerio de Transportes establece el 75 % de los trenes de Cercanías en las horas punta y el 50 % fuera de ellas. Para la alta velocidad y la larga distancia fija el 73 %.
En Cataluña, en cambio, solo queda garantizado uno de cada cuatro trenes en las franjas de máxima necesidad y, fuera de ellas, la circulación de Rodalies desaparece de la programación.
¿Qué interés general protege esta decisión?
El derecho de huelga es un derecho fundamental. Pero también lo son los derechos y las necesidades de los ciudadanos que no participan en ella y que tienen que ir a trabajar, estudiar o atender a un familiar.
La función de los servicios mínimos es precisamente evitar que el ejercicio de un derecho anule innecesariamente los demás.
El colapso no es el seguimiento de la huelga
Las primeras horas han mostrado el alcance de la disrupción. Según RAC1, antes de las 9:30 de la mañana ya se habían superado los cincuenta cortes de carreteras, con afecciones en la AP-7 y en otras grandes vías de comunicación.
Simultáneamente, los sindicatos han anunciado paros en importantes centros industriales, particularmente en el Baix Llobregat, así como incidencias en plataformas logísticas, Mercabarna y la actividad portuaria.
Pero conviene distinguir dos fenómenos radicalmente diferentes: una empresa que se detiene porque sus trabajadores deciden secundar la huelga y una empresa que no puede funcionar porque sus empleados o las mercancías no pueden llegar hasta ella.
El primero es una manifestación del derecho de huelga. El segundo es una consecuencia de las restricciones a la movilidad, que no puede contabilizarse automáticamente como adhesión sindical.
La capacidad de provocar un colapso no equivale a la capacidad de convencer a los trabajadores.
Los perjudicados que no aparecen en las pancartas
Hay una consecuencia económica especialmente injusta.
Una gran empresa puede reorganizar turnos, compensar pérdidas o recuperar producción. Pero ¿qué ocurre con el pequeño comerciante que no puede abrir, el autónomo que pierde los encargos del día, el transportista bloqueado o la empresa familiar que no puede atender a sus clientes?
Para muchos de estos trabajadores, perder un día de ingresos no es una cuestión simbólica. Significa una pérdida directa que nadie les compensará.
El coste económico agregado de la jornada todavía no puede cuantificarse con rigor. Pero eso no hace menos reales los perjuicios particulares.
Es una paradoja notable: una huelga convocada en nombre de los salarios y del nivel de vida provoca daños especialmente intensos a personas que viven precisamente del rendimiento diario de su trabajo.
¿Es esta la receta de la prosperidad compartida que nos propone Salvador Illa?
Un sindicalismo con fuerza, pero no homogéneo
La movilización catalana dispone de una considerable base organizativa. El 2 de noviembre, CCOO y UGT reunieron a unos 2.500 delegados sindicales en Cornellà para preparar la jornada.
Pero Cataluña también presenta diferencias importantes entre las organizaciones convocantes.
La Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), con organizaciones como USTEC·STEs e IAC-CATAC, ha concretado cinco reivindicaciones: recuperación del poder adquisitivo mediante cláusulas vinculadas al IPC, jornada máxima de 35 horas, salario mínimo catalán, protección de los servicios públicos y de las pensiones, y garantía del derecho a la vivienda.
Son reivindicaciones identificables, con objetivos sobre los que se puede discutir y negociar.
Otras organizaciones vinculadas al movimiento por la vivienda también denuncian directamente las insuficiencias del Gobierno de Sánchez. Y sectores del sindicalismo alternativo critican la dependencia política de CCOO y UGT.
Por tanto, no existe un único proyecto sindical ni una interpretación política compartida del 11-N.
Cuando las instituciones y el partido se confunden
El problema catalán tiene una dimensión política propia.
El PSC gobierna simultáneamente la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y la Diputación. Esta acumulación de poder incrementa, no disminuye, su responsabilidad en el funcionamiento de los servicios públicos.
Hay, además, expresiones concretas de sintonía política con la movilización. El 3 de noviembre, representantes del PSC participaron, junto a CCOO, UGT, ERC y los comunes, en la presentación de la huelga en el Baix Llobregat.
No es ilegítimo que un partido apoye una protesta. Lo que resulta contradictorio es que las administraciones gobernadas por ese mismo partido no hayan resuelto buena parte de los problemas que la justifican y que, mientras tanto, los ciudadanos soporten las consecuencias de una paralización acentuada por decisiones públicas.
Es aquí donde la movilización adquiere una inquietante apariencia de huelga oficial, con una lógica política que recuerda más a determinadas tradiciones peronistas que a la independencia sindical europea.
La responsabilidad final es del Govern
Habrá que esperar a los datos completos para conocer el seguimiento efectivo de la huelga. Las manifestaciones, los cortes de tráfico y las restricciones ferroviarias no constituyen, por sí solos, una medida de la adhesión de los trabajadores.
Pero ya es posible extraer una conclusión: la Generalitat ha asumido una responsabilidad directa en el alcance de las restricciones a la movilidad mediante unos servicios mínimos muy reducidos.
Cataluña necesitaba una administración que garantizara la máxima compatibilidad posible entre el derecho de huelga y los derechos del resto de los ciudadanos. En lugar de eso, ha recibido otro episodio de bloqueo en una red de transporte que lleva demasiado tiempo funcionando de manera precaria.
Una huelga general debe permitir expresar el conflicto social, no convertir la vida cotidiana de los ciudadanos en un daño colateral que el poder político considera aceptable.
Y este es el balance que Salvador Illa tendrá que explicar.
La función de la Generalitat es garantizar los servicios esenciales, no convertir las restricciones a la movilidad en un factor añadido de parálisis del país. #Vaga11N Compartir en X
