El Gobierno que salga de las elecciones del 29 de noviembre heredará un país que ha confundido derechos proclamados con derechos efectivos, gasto anunciado con resultados y aumento de población con progreso. No bastará con sustituir ministros o derogar leyes.
La próxima legislatura necesita prioridades, plazos e indicadores. Diez reformas pueden cambiar el rumbo si se abandona el hábito de gobernar para el titular de mañana.
1. Devolver el poder a sus límites
Presentar presupuestos anuales y restaurar la fiscalización de las Cortes. Los nombramientos en el CGPJ, la Fiscalía, RTVE y los organismos técnicos necesitan criterios de idoneidad, no cuotas. El CIS necesita garantías; la contratación pública, trazabilidad y protección de denunciantes.
El acuerdo institucional debería cerrarse en los primeros cien días. La democracia exige controlar al Ejecutivo, no liberar su poder. Quien no dispone de mayoría debe negociar, no reducir los contrapoderes a obstáculos.
2. Construir viviendas, no expectativas
El déficit de unas 750.000 viviendas exige coordinar suelo, licencias, transporte, agua y electricidad. El Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos deben pactar objetivos y financiación.
En cuatro años habría que acercarse a las 250.000-300.000 viviendas terminadas anuales, si la capacidad constructora lo permite. La protección al inquilino vulnerable debe pagarla el presupuesto público, con garantías para el propietario. Los anuncios no alojan a nadie. Urge, además, revisar la regulación del alquiler por sus efectos reales sobre la oferta y el acceso.
3. Hacer de la familia una prioridad presupuestaria
Con 1,10 hijos por mujer y un 33,8 % de menores en riesgo de pobreza o exclusión, la política familiar no admite más gestos simbólicos.
Hace falta una prestación por hijo accesible incluso a quienes no pueden aprovechar las deducciones fiscales, reforzada según las necesidades. Hay que añadir medidas de conciliación, cuidados, vivienda y apoyo a la maternidad vulnerable.
Una referencia de 150 euros mensuales para ocho millones de menores costaría 14.400 millones brutos anuales: es una hipótesis que exige establecer prioridades. El sistema debe evitar que las familias con rentas bajas queden fuera por no tributar.
4. Producir mejor para pagar mejor
España necesita empresas más grandes y productivas, inversión, innovación y formación profesional vinculada al trabajo real. Hay que eliminar trabas al crecimiento y revisar las subvenciones según sus resultados.
Importan la productividad por hora, la inversión y el salario real mediano, no los millones concedidos. Sin productividad, las mejoras salariales terminan dependiendo demasiado de los decretos, la inflación o el endeudamiento. Los fondos europeos deberán asignarse mediante objetivos comprobables.
5. Dejar más renta disponible a quien trabaja y no tiene patrimonio
Actualizar los mínimos y los tramos fiscales para que la inflación no encarezca silenciosamente los impuestos. Corregir el tratamiento fiscal de los hijos y los cuidados, aliviar selectivamente la carga fiscal de los salarios bajos y simplificar las cotizaciones de los autónomos.
Medir la renta disponible después de pagar la vivienda, desglosada por edad, propiedad y composición familiar. Financiar las medidas revisando el gasto y los beneficios fiscales ineficaces. Es esencial distinguir al asalariado sin vivienda propia del hogar que acumula patrimonio.
6. Salvar las pensiones sin hipotecar a los jóvenes
Revalorizar las pensiones no excluye discutir cómo pagarlas. El Pacto de Toledo debe revisar la suficiencia, la equidad generacional, la jubilación flexible y el ahorro complementario.
Con una deuda superior al 100 % del PIB en junio de 2026, todo compromiso permanente requiere ingresos permanentes y escenarios públicos contrastables. La solidaridad no consiste en pasar la factura a los jóvenes. La AIReF advierte de que el cumplimiento formal de las reglas no asegura la sostenibilidad.
7. Convertir las partidas sociales en asistencia efectiva
La sanidad, la atención primaria, la salud mental y la dependencia necesitan objetivos territoriales de demora y cobertura. Más de 853.000 personas aguardaban una intervención quirúrgica en diciembre de 2025.
Hay que planificar los recursos profesionales, las agendas, la información clínica y los expedientes. Si una solicitud de dependencia supera el plazo legal, debería activarse una prestación provisional. Borrar pacientes no es reducir esperas. En dependencia, los expedientes tardaban una media de 341 días al cierre de 2025.
8. Volver a enseñar
PISA exige recuperar la comprensión lectora, las matemáticas y la autoridad docente. Las evaluaciones comparables, las tutorías intensivas y la transparencia sobre el absentismo y el aprendizaje real deben sustituir la complacencia con las tasas de aprobados.
Libertad de elección y estándares comunes para la escuela pública y la concertada. Aprobar a más alumnos no significa necesariamente que aprendan más. También deben auditarse las exclusiones de estudiantes en las pruebas internacionales.
9. Ordenar la inmigración para integrar de verdad
El saldo migratorio de 2024 superó las 626.000 personas. Hay que planificar las entradas laborales según las vacantes y la capacidad territorial, con medidas de aprendizaje del idioma e integración, un sistema de asilo eficaz, garantías y control fronterizo.
También hay que financiar a los municipios receptores. La imprevisión destruye beneficios y desborda servicios. Ceuta ha demostrado, además, la necesidad de protocolos fronterizos y de una coordinación verificable.
10. Hacer funcionar las infraestructuras
Rodalies y Cercanías necesitan un mantenimiento adecuado y una puntualidad medida por los trenes realmente prestados. La transición energética exige redes, almacenamiento, control del sistema y conexiones para nuevas viviendas e industrias.
El agua, las emergencias, la ciberseguridad y la protección civil requieren inventarios de riesgos, protocolos de mando y simulacros. En cien días, una auditoría de riesgos; en seis meses, inversiones priorizadas según las necesidades. El apagón de 2025 obliga a no confundir una mayor generación con la seguridad eléctrica.
La clave: de dónde saldrá el dinero
Prometer simultáneamente vivienda, ayudas familiares, mejores servicios, menos impuestos y menor deuda sin un cuadro financiero sería repetir exactamente el vicio que se pretende corregir.
Hacienda debe publicar los costes brutos y netos, la financiación y el calendario; la AIReF, evaluar su cumplimiento. Prioridades presupuestarias: familia, vivienda, servicios esenciales y productividad. Habrá que retirar los programas fallidos, no repetirlos por orgullo partidista.
España no necesita otra fábrica de anuncios: necesita un Gobierno que convierta prioridades en hechos y rinda cuentas de sus fracasos.
Diez reformas para España tras el 29-N: independencia institucional, vivienda, familia, productividad, fiscalidad, pensiones, sanidad, educación, inmigración e infraestructuras. #Elecciones2026 #España Compartir en X
Cargando ...
