¿Cómo es posible que Cataluña haya incrementado en tan solo cuatro años, entre 2021 y 2025, en 466.119 personas su población nacida en el extranjero, y que nuestros gobernantes hayan actuado como si este crecimiento extraordinario no fuera a tener consecuencias?
¿Cómo podían pensar que cerca de medio millón de residentes más nacidos en el extranjero no repercutirían en la demanda de vivienda, los centros educativos, los centros sanitarios, los servicios sociales y las infraestructuras de movilidad, especialmente el transporte público?
¿Cómo es posible tanta imprevisión, tanta falta de visión y, en definitiva, tanta irresponsabilidad?
Porque no estamos hablando de una catástrofe imprevisible, sino de un proceso demográfico conocido, medible y sostenido en el tiempo. Lo que debía hacer un gobierno responsable era anticipar sus consecuencias y preparar al país para asumirlas. Exactamente lo que no se ha hecho en la medida necesaria.
Las cifras del Idescat son contundentes. El 1 de enero de 2021, Cataluña tenía 7,75 millones de habitantes, de los cuales 1,57 millones habían nacido en el extranjero. Cuatro años después, la población total había alcanzado los 8,12 millones y la nacida fuera de España superaba los 2,03 millones: una cuarta parte de la población residente.
Aún resulta más revelador que, mientras la población nacida en el extranjero crecía en 466.119 personas, la nacida en España disminuía en casi 92.000. Cataluña crece gracias a la inmigración, en un contexto de déficit vegetativo persistente. Solo en 2024 murieron 13.722 personas más de las que nacieron.
No se trata de una transformación menor. Es un cambio estructural en la composición demográfica del país que modifica las necesidades colectivas y condiciona decisivamente su futuro.
La cuestión no es solo cuántas personas llegan, sino cómo se prepara Cataluña para acogerlas e incorporarlas a una comunidad nacional que debe preservar su continuidad.
La vivienda es una de sus manifestaciones más dolorosas. El aumento de población conlleva una mayor demanda residencial en un mercado que ya arrastraba un déficit de oferta. Naturalmente, sería falso atribuir toda la crisis a la inmigración: intervienen la escasez de construcción, las dificultades urbanísticas, la falta de vivienda social y las políticas públicas inadecuadas. Pero ignorar el impacto demográfico sobre la demanda es una forma de ocultar una parte esencial del problema.
Lo mismo sucede con la educación. Más población significa nuevas necesidades escolares, que no se distribuyen de manera homogénea. Determinados municipios y barrios soportan una presión muy superior a la media. Se necesitan plazas, docentes, aulas de acogida y recursos para garantizar el aprendizaje. También hace falta una capacidad real para enseñar catalán a los recién llegados y convertirlo en una lengua efectiva de convivencia.
La movilidad constituye otro ejemplo palmario. Las infraestructuras viarias y ferroviarias no pueden seguir dimensionándose conforme a una realidad demográfica que ya ha quedado atrás. El mal funcionamiento de Rodalies tiene causas propias, especialmente el déficit acumulado de inversiones y mantenimiento, pero el crecimiento de la demanda acentúa sus consecuencias.
Y hay que añadir la sanidad, los servicios sociales y las necesidades municipales de acogida e integración.
Pero la gran carencia es aún más profunda:
Cataluña no dispone de una respuesta integral, proporcionada al cambio demográfico y articulada como un verdadero proyecto de país.
No se puede afirmar que no existan políticas de acogida. Hay antecedentes importantes, como el Pacto Nacional para la Inmigración de 2008 o el Plan de Ciudadanía y de las Migraciones 2017-2020. También existen actuaciones sectoriales. Pero eso no equivale a disponer de una estrategia actualizada que relacione explícitamente las previsiones demográficas con la vivienda, la educación, la movilidad, la sanidad, los servicios sociales y la integración lingüística y cultural, con objetivos cuantificados, recursos suficientes y responsabilidades concretas.
La gravedad del problema es tan evidente que incluso un informe encargado por la propia Generalitat, publicado en febrero de 2026 por el Comité de Expertos para la Transformación y la Innovación Social, advierte de las limitaciones del modelo de integración, la insuficiencia de los recursos estables y los problemas de coordinación institucional.
La imprevisión no puede atribuirse únicamente al Govern de Illa. También es responsabilidad de los gobiernos anteriores, especialmente del de Pere Aragonès, bajo cuyo mandato se produjo buena parte del crecimiento reciente. Pero el actual presidente ya no puede alegar desconocimiento. Los efectos son evidentes y dispone de información suficiente para actuar. En términos colectivos, ERC y el PSC son los grandes responsables del desbarajuste en el que vivimos.
La responsabilidad tampoco termina en el Palau de la Generalitat. ¿Dónde han estado los grandes líderes empresariales, sindicales y sociales?
Es legítimo que los empresarios valoren la contribución de la inmigración a la actividad económica y que los sindicatos defiendan los derechos de los trabajadores. Pero resulta incomprensible que no se haya exigido con la misma contundencia una política pública capaz de hacer sostenibles las consecuencias de este crecimiento, que perjudica a la productividad y, por tanto, a las empresas y al bienestar de los propios trabajadores.
La visión cortoplacista de los primeros y el seguidismo político de CCOO y UGT constituyen un obstáculo formidable para el bienestar y el progreso de Cataluña.
Porque la inmigración también tiene efectos positivos: aporta trabajadores, actividad económica, iniciativas empresariales y nuevas familias a una sociedad envejecida. Precisamente por eso, la ausencia de una política integral resulta doblemente perjudicial. Agrava las insuficiencias existentes y dificulta que los beneficios de la inmigración sean percibidos como tales por el conjunto de la sociedad.
Y queda la cuestión decisiva, que no puede reducirse a una partida presupuestaria: la continuidad de Cataluña como pueblo, como cultura y como comunidad nacional, así como su capacidad económica para mejorar el bienestar de sus miembros, están en juego.
Según la Encuesta de usos lingüísticos de la población de 2023, solo el 32,6 % de la población adulta tenía el catalán como lengua habitual exclusiva. La presión demográfica sobre la lengua es un reto evidente, aunque no sea su única causa. Sin una política ambiciosa de incorporación al catalán y de participación de los recién llegados en la cultura compartida, corremos el riesgo de que la sociedad crezca numéricamente mientras se debilitan los vínculos que le dan identidad y continuidad.
No basta con gestionar permisos, subvencionar entidades o multiplicar las declaraciones sobre la diversidad. Se necesita una política de país que una acogida, integración, cohesión social, capacidad de los servicios públicos y continuidad cultural, y que sea capaz de generar un telos común, es decir, un horizonte compartido que dé sentido al proyecto colectivo.
A la irresponsabilidad de haber recibido a cientos de miles de personas en tan poco tiempo sin una planificación adecuada se suma el hecho de que los gobernantes no hayan preparado al país para afrontar una transformación de esta magnitud.
Y lo más grave es que, todavía hoy, el Govern de Illa no ha situado esta necesidad en el centro de su acción política.
¿Dónde han estado los grandes empresarios y sindicatos? Han celebrado los beneficios económicos de la inmigración sin exigir con suficiente fuerza los servicios y las infraestructuras que necesita. #Economía #Catalunya Compartir en X
