La principal virtud, si se puede decir así, de la forma de gobernar de Sánchez es su obsesión por el relato, por ganarlo descalificando absolutamente a quien lo contradice. A esto se añaden la cantidad de complicidades compradas y la huella ideológica entre los suyos, basada en la idea de que son los únicos con derecho a gobernar, porque si no, solo hay involución.
Todo ello ha permitido un hecho muy curioso: que sean solo hechos espectaculares, como la corrupción masiva o el abandono de Ceuta, quienes le pasen factura política, pero no el desastre acumulado de tantos años de mal gobierno.
Porque el de Sánchez ha sido, por encima de todo, un largo y mal gobierno.
Parlamento: de centro de decisión a cámara de convalidación
El caso más grave es la normalización de los presupuestos prorrogados. Los últimos presupuestos generales aprobados son los de 2023. El Gobierno ha gobernado en 2024, 2025 y 2026 sin obtener una nueva autorización presupuestaria anual; en realidad, no ha presentado presupuestos.
La prórroga es constitucional. No presentarlos no lo es. Han convertido la excepción en sistema, y esto tiene consecuencias:
- impide revisar ordenadamente las prioridades de gasto;
- debilita el control de los ingresos, del déficit y de la deuda;
- permite gobernar mediante modificaciones, transferencias y decretos menos transparentes;
- evita comprobar si el Gobierno conserva una mayoría para su programa fundamental.
El propio Gobierno ha argumentado que presentar presupuestos sin apoyos sería una «pérdida de tiempo». Este razonamiento invierte la lógica parlamentaria: presentarlos sirve precisamente para someter el proyecto político a debate, enmienda, votación y eventual derrota. Y, en ese caso, a una convocatoria de elecciones. Esta es la práctica parlamentaria habitual en Europa.
A esto se añaden:
- el uso excesivo del decreto ley;
- los macrodecretos con materias heterogéneas: quieren aprobarse cuestiones muy diversas con un solo voto a la totalidad. Es una práctica parlamentaria degenerada;
- las negociaciones bilaterales interminables con los partidos para obtener cada voto; esta inestabilidad hace imposible prever políticas ni siquiera en aspectos críticos como la vivienda;
- las ausencias frecuentes de Sánchez de las sesiones de control y una larga ausencia del Senado;
- la supresión del «Debate de la Nación» y la desaparición de las sesiones de control por parte de la oposición, convertidas en un alud de críticas del Gobierno a la oposición. Es una inversión perversa. El Gobierno tiene todo el poder; lo único que le resta a la oposición es forzar la rendición de cuentas. Si este control desaparece, el control institucional se esfuma, y un gobierno sin control parlamentario no es un gobierno democrático, o no puede serlo en su ejercicio. No es suficiente que un gobierno sea democrático en su origen; también debe serlo en su ejercicio;
- durante la pandemia, una suspensión práctica de la actividad parlamentaria que el Tribunal Constitucional consideró lesiva de los derechos de los diputados;
- las tres funciones básicas que definen un parlamento han sido liquidadas o muy dañadas: legislar, aprobar y controlar los presupuestos y controlar el Gobierno;
- a todo ello se añade el comportamiento anticonstitucional de la Mesa del Congreso y del Gobierno en relación con el Senado: la no tramitación de leyes, la negativa a las comparecencias alegando que la oposición tiene mayoría y prescindiendo del deber constitucional y del respeto a la otra instancia que configura las Cortes españolas.
Se ha producido una desactivación de las principales funciones parlamentarias: autorizar anualmente el presupuesto, deliberar antes de las grandes decisiones, controlar regularmente al presidente y disponer de seguridad legislativa.
Justicia y organismos independientes
España sigue siendo una democracia plena y dispone de jueces independientes. No es una autocracia ni un régimen sin garantías.
Pero existe una degradación perceptible de los organismos institucionales.
Consejo General del Poder Judicial
El bloqueo del CGPJ entre 2018 y 2024 no puede atribuirse solo al Gobierno: la negativa del PP a renovarlo fue determinante. La posterior renovación permitió cubrir muchas vacantes y fue una mejora.
Sin embargo, sigue sin resolverse el problema estructural de la elección de los vocales judiciales. La Comisión Europea recoge que el modelo parlamentario sigue siendo vulnerable a la percepción de influencia política. También señala ataques de políticos contra jueces, un elevado número de vacantes, falta de recursos y una confianza ciudadana baja: solo un 40% valoraba positivamente la independencia judicial. Comisión Europea, Informe sobre el Estado de derecho 2026
Fiscalía General
La condena del exfiscal general Álvaro García Ortiz por revelación de secretos, con dos años de inhabilitación, constituye un hecho institucional gravísimo y sin precedentes. Consejo General del Poder Judicial
No demuestra que toda la Fiscalía esté sometida al Gobierno. Sí demuestra que la selección, protección política y continuidad de un fiscal general excesivamente identificado con el ejecutivo han causado un profundo daño a la credibilidad de la institución.
Tribunal Constitucional, RTVE y CIS
El nombramiento de un exministro de Justicia y de un antiguo alto cargo de la Presidencia como magistrados del Tribunal Constitucional era legal. También existen precedentes con otros gobiernos. Pero legalidad no equivale a prudencia institucional: estos perfiles refuerzan la apariencia de que los órganos de garantía son prolongaciones de los bloques políticos.
Las sentencias del TC sobre las principales condenas en doble instancia, incluida la del Tribunal Supremo contra los principales responsables del mayor caso de corrupción de la vida política española, el asunto de los ERE de Andalucía, dejan en mal lugar la percepción de independencia del TC.
La reforma de RTVE permitió superar la necesidad de un determinado grado de consenso en los nombramientos y ha convertido al partidismo habitual de TVE en un partidismo delirante, siguiendo la pauta de TV3. Sobre el resultado pesa la advertencia de sus consejos de informativos sobre el riesgo para la independencia, así como la percepción generalizada de su conversión en instrumentos de propaganda política desaforada.
El CIS, con José Félix Tezanos, ha mantenido desviaciones recurrentes muy importantes favorables al Gobierno respecto a la mayoría de institutos demoscópicos. Esto no prueba una manipulación deliberada, pero sí un deterioro de la credibilidad de un organismo público.
El CIS ha caído en los índices de valoración profesional de acuerdo al grado de acierto, hasta situarse, en la percepción pública, al nivel de un chiringuito de encuestas por encargo.
El patrón de todo ello no es una «ocupación ilegal» completa, sino una colonización partidista de las zonas grises: nombramientos legales, perfiles cercanos, reglas modificadas y prioridad a la fidelidad por encima de la apariencia de imparcialidad.
Amnistía: legalidad constitucional, legitimidad política debilitada
Antes de las elecciones, Sánchez había rechazado reiteradamente la amnistía y había afirmado que no tenía cabida constitucional. Después, cuando los votos de Junts resultaron necesarios para la investidura, la convirtió en una medida indispensable.
El Tribunal Constitucional le ha avalado; por tanto, no es correcto presentarla hoy como una ley simplemente ilegal. La Comisión de Venecia aceptó la amnistía como posible instrumento de reconciliación, pero criticó la urgencia y recomendó una mayoría y un consenso más amplios.
La crítica fuerte no es penal ni constitucional, sino democrática: una medida negada antes de las elecciones fue concedida después como precio identificable de una investidura. Esto erosiona el mandato representativo, la confianza en la palabra política y la idea de que las leyes generales no deben negociarse en función de la conveniencia personal del gobernante.
Balance del gobierno Sánchez según la IA: un suspenso profundo (2)
Un gobierno no se degrada solo por los grandes escándalos. También se degrada cuando convierte la excepción en sistema y la lealtad partidista en criterio institucional. #PedroSánchez Compartir en X
