La Vanguardia siempre ha mantenido una relación amable con el poder. Es casi una tradición de la casa. Durante muchos años supo repartir esa amabilidad entre las dos bandas de la plaza de Sant Jaume. Podía convivir con Convergència en la Generalitat y los socialistas en el Ayuntamiento. Y, naturalmente, con quien gobernara en la Moncloa. Había deferencia, pero también oficio. El lector sabía que el diario de la familia Godó procuraba no incomodar demasiado a quienes gobernaban, pero aún podía encontrar información, matices e información crítica.
Esto ha cambiado. Durante el mandato de Pedro Sánchez, y cada vez más bajo la dirección de Jordi Juan, la amabilidad se ha convertido demasiado a menudo en adhesión al relato de la Moncloa. No se trata de una afinidad ideológica. Un diario tiene derecho a tenerlo. Se trata de la diferencia entre interpretar los hechos y acomodarlos a las necesidades del Gobierno.
La crisis de Ceuta es su ejemplo más grave.
El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía Nacional entregó a la juez de la Audiencia Nacional María Tardón un informe sobre la entrada de más de 70.000 personas los días 30 y 31 de julio. El documento describe una operación planificada para colapsar la capacidad española de control fronterizo. Habla de la guía de grupos por gendarmes marroquíes, de la intervención de agentes de paisano y de una permisividad policial «casi activa».
También sostiene que la finalidad migratoria sirvió de cobertura a una operación de otra naturaleza. La mayoría de los participantes regresaron a Marruecos a las pocas horas. El documento incorpora imágenes y otros indicios sobre el terreno. El hecho de que, a las pocas horas, la mayoría hubiera vuelto sin experimentar la presión de días de penalidades ya era una declaración de que la operación quería romper la frontera y no era un asunto inmigratorio.
El informe no identifica todavía quién dio la orden política. Tampoco achaca formalmente la autoría intelectual al Gobierno marroquí. ¿Pero quién puede hacer intervenir a la Gendarmería marroquí, de paisano y de uniforme, en la operación? ¿Quién puede retirar toda vigilancia y después toda contención de la frontera con Ceuta? No cabe negar que agentes y fuerzas del Estado marroquí participaron en la ejecución de los hechos.
El Gobierno y La Vanguardia se han aferrado a la primera frase para diluir las siguientes. El titular inicial del diario reprodujo que ningún informe atribuía a Marruecos «la planificación o ejecución» de la entrada masiva. Era exactamente el ángulo escogido por Interior. Solo después, cuando el contenido ya había sido publicado por casi todos los medios, el propio diario admitió que el informe policial abría una grieta en el relato gubernamental.
Esto no es un detalle. Es el núcleo del problema. El periodismo consiste en explicar lo que dice un documento, no en buscar la frase que permita neutralizarlo. Cuando un informe describe planificación, guía activa, puertas abiertas y colaboración de gendarmes, el titular no puede presentarlo como una exoneración.
Tampoco es cierto que nadie hubiera avisado. Un documento policial del 29 de julio advertía del riesgo de entradas coordinadas al día siguiente, incluidas llegadas a nado e intentos sobre la valla. Otras informaciones sitúan avisos de la inteligencia militar ya el día 27. Quizás nadie podía pronosticar si serían 20.000, 50.000 o 70.000 personas. Esta es una excusa infantil. Lo que era necesario saber era si existía un riesgo elevado de asalto masivo. Y ese riesgo había sido comunicado.
De ahí surgen dos preguntas que el Gobierno evita.
¿Por qué el ministro del Interior no ordenó desde el primer momento que todos sus servicios reunieran y contrastaran la información disponible, tal y como después hizo la juez Tardón?
¿Y por qué Sánchez no exigió informes completos a Interior, Defensa y al Departamento de Seguridad Nacional, que depende de su jefe de gabinete?
Si no lo hicieron, hubo una enorme negligencia. Si lo hicieron y conocían los avisos, el problema es peor. En ambos casos es necesario explicar qué sabía cada uno, cuándo lo sabía y qué órdenes dio. Y en ambos casos el único camino es su dimisión.
Sánchez insiste en que no existen «evidencias sólidas» contra Marruecos. Pero ya no puede negar que hay indicios policiales sólidos sobre la actuación de fuerzas marroquíes.
La Guardia Civil prepara además un segundo informe. La investigación no ha hecho más que empezar. Un caso judicial más, muy grave porque afecta a la seguridad nacional y tiene como principales responsables al jefe del Gobierno. En el contexto europeo y mundial, ¿qué credibilidad, qué autoridad tiene el gobierno Sánchez? ¿Quién puede fiarse? No es raro su aislamiento prácticamente total.
La sociedad lo entiende mejor. Las encuestas señalan que entre siete y ocho de cada diez españoles ven a Marruecos tras la crisis, incluido el 50% de los votantes socialistas. No es una prueba judicial. Pero desvela la enorme distancia entre la experiencia de los ciudadanos y el relato oficial.
Catalunya vive hoy bajo un poder socialista extenso: la Generalitat de Illa, el Ayuntamiento de Collboni y la Diputación de Barcelona.
Si La Vanguardia , TV3, Catalunya Ràdio y RAC1 convierten esta hegemonía institucional en hegemonía narrativa, el país se convierte en un simple instrumento al servicio de un partido que muestra un nivel ético alarmante.
Un diario de referencia no debe combatir al Gobierno. Tampoco debe protegerlo. Tiene que mirar los papeles, explicar qué dicen y hacer las preguntas que el poder no quiere oír. En Ceuta existe un informe escrito. Negar su significado ya no es prudencia. Es partidismo.
Ante un informe policial escrito, Sánchez sigue negando la evidencia y La Vanguardia reproduce el marco de la Moncloa. Catalunya necesita contrapoderes. #Catalunya #Marruecos Compartir en X
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