Por una vez, Sumar tiene razón, pero probablemente no lo hará

Conviene detenerse un momento. Porque detrás de esa etiqueta simplista hay un debate que buena parte de Europa resolvió hace décadas y que España sigue sin afrontar seriamente.

Lo que realmente se propone

No estamos hablando de un subsidio para personas con bajos ingresos ni de una ayuda condicionada. Se trata de una prestación que parte de una idea sencilla: criar hijos tiene un coste enorme que hoy asumen casi en exclusiva las familias, aunque los beneficios de esa inversión los reciba toda la sociedad.

La propia ministra lo ha expresado en esos términos. No sería un subsidio, sino una renta de ciudadanía que reconoce que los niños y niñas son ciudadanos de pleno derecho y que el Estado también tiene responsabilidades en su cuidado y desarrollo.

Los datos explican por qué la medida tiene sentido. Por un lado, uno de cada tres menores en España está en riesgo de pobreza o exclusión social, una cifra difícilmente asumible para la cuarta economía de la Unión Europea. Por otro, el país atraviesa una profunda crisis demográfica: la tasa de fecundidad se sitúa en torno a 1,1 hijos por mujer, una de las más bajas de Europa y muy lejos del 2,1 necesario para garantizar el relevo generacional.

Pobreza infantil y desplome de la natalidad son, en realidad, dos manifestaciones del mismo problema: España ha convertido la crianza en un esfuerzo económico cada vez más difícil de asumir. En este contexto, 200 euros al mes no son una «paguita», sino una política pública básica que ha llegado con décadas de retraso.

Europa lleva mucho tiempo haciéndolo

La propuesta tampoco tiene nada de revolucionario. De hecho, España es una excepción dentro de su entorno.

• Alemania abona el Kindergeld, una prestación universal que alcanza los 259 euros mensuales por hijo, independientemente de la renta familiar.
• Italia puso en marcha en 2022 el Assegno Unico Universale, que unificó gran parte de las ayudas familiares existentes en una única prestación por hijo.
• Austria concede la Familienbeihilfe a todas las familias, con cuantías que aumentan conforme crece el menor.
• Suecia y Finlandia mantienen desde hace décadas prestaciones universales por hijo integradas en su modelo de bienestar.
• Francia, uno de los países europeos con una política familiar más desarrollada, combina ayudas directas, beneficios fiscales y apoyos a la conciliación.

España, sin embargo, sigue siendo uno de los pocos grandes países de Europa occidental que carece de una prestación universal por hijo. Tampoco es casualidad que figure entre los que menos recursos destinan a las políticas de familia e infancia. Mientras la media europea supera el 2 % del PIB, España continúa muy por debajo.

Por eso la pregunta no debería ser por qué copiar una medida que ya existe en media Europa, sino por qué hemos tardado tanto en plantearla.

¿Por qué debe ser universal?

Uno de los principales argumentos en contra de la propuesta es precisamente su carácter universal. Sin embargo, esa universalidad responde a una lógica bastante sólida.

En primer lugar, la redistribución debe realizarse a través del sistema fiscal, no mediante el acceso a la prestación. Una familia con ingresos elevados también recibe la ayuda, sí, pero contribuye proporcionalmente más a través de impuestos. Es una fórmula simple, transparente y eficaz.

En segundo lugar, las prestaciones universales suelen funcionar mejor que las ayudas condicionadas por renta. Las experiencias acumuladas en numerosos países muestran que las ayudas focalizadas suelen llegar tarde, exigen trámites complejos, generan estigmas y dejan fuera a personas que, aun necesitando apoyo, superan por poco los límites establecidos.

España conoce bien ese problema. El propio Ingreso Mínimo Vital ha evidenciado las dificultades que presentan las prestaciones excesivamente burocratizadas. Una ayuda universal, en cambio, es automática, comprensible y llega a quien tiene que llegar.

Una cuestión de justicia, no de generosidad

Presentar esta medida como un regalo injustificado es equivocarse de lleno.

La primera razón es que los hijos constituyen un bien social. Los niños y niñas que hoy dependen económicamente de sus familias serán quienes mañana sostengan las pensiones, financien la sanidad y mantengan el conjunto de los servicios públicos. Compartir parte de los costes de su crianza no es caridad, sino una forma razonable de repartir una inversión colectiva.

La segunda es más inmediata: tener hijos se ha convertido en uno de los mayores factores de vulnerabilidad económica para muchas familias. Viviendas inalcanzables, salarios estancados, precariedad laboral y enormes dificultades para conciliar hacen que ser padre o madre implique asumir un coste extraordinario.

Doscientos euros al mes no resolverán ninguno de esos problemas por sí solos. Pero sí enviarían una señal política clara: que la sociedad reconoce el esfuerzo que supone criar hijos y está dispuesta a compartir, al menos en parte, esa carga.

Que no se quede en otro anuncio

Dicho todo esto, resulta difícil ser optimista. Los antecedentes y las dificultades del Gobierno para aprobar nuevos presupuestos invitan al escepticismo. Existe el riesgo de que la propuesta termine engrosando la larga lista de anuncios que nunca llegan a materializarse.

Y sería una lástima. Porque hablamos de una medida relativamente sencilla de implantar, alineada con los modelos europeos, eficaz para combatir la pobreza infantil y razonable desde el punto de vista demográfico.

Lo extraño no es que se proponga ahora. Lo verdaderamente extraño es que en España todavía haya que justificar que la crianza merece apoyo público, mientras apenas se cuestionan otros muchos gastos asumidos colectivamente.