Hay gobiernos que caen porque pierden las elecciones. Algunos se agotan porque la realidad acaba imponiéndose a la propaganda. Y después está el estadio más peligroso: cuando un gobierno deja de gobernar para dedicar todas sus energías a sobrevivir. España ha entrado de lleno en esta tercera fase. No se trata solo de una crisis política. Es una forma de ejercer el poder que convierte la supervivencia personal del presidente en el único objetivo del Estado.
La semana fue especialmente difícil para Pedro Sánchez.
La condena de su hermano por un tribunal y la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, reunida en una sala reforzada de cinco magistrados, de confirmar la apertura de juicio oral contra su esposa en términos especialmente contundentes, manteniendo además el procedimiento ante el Tribunal del Jurado, constituyen dos noticias de una enorme trascendencia política. Dibujan un contexto inédito en la democracia española: un presidente del Gobierno rodeado de un deterioro judicial e institucional que no deja de agravarse.
Mientras, José Luis Rodríguez Zapatero sigue sin ofrecer una explicación convincente sobre su papel y sobre el asunto de las joyas. En cualquier democracia madura, esta opacidad provocaría una crisis en un gobierno que le apoya públicamente. Aquí, sin embargo, casi se ha normalizado.
También parece haberse normalizado la otra gran crisis: la que afecta a la Guardia Civil y, especialmente, a la Unidad Central Operativa (UCO).
Lo que empezó como un conflicto puntual ha ido escalando hasta convertirse en una crisis que afecta a la propia cúpula de una de las principales instituciones del Estado. Cuando el poder ejecutivo entra en colisión permanente con los jueces, fiscales, fuerzas de investigación y órganos de control, el problema ya no es una simple polémica política. El problema es la calidad institucional del país.
España vuelve a ser distinta. No mejor. Diferente de los estándares europeos que tanto se invocan cuando conviene y tan poco se aplican cuando resultan incómodos.
¿Y qué ofrece el Gobierno ante ese panorama? Solo resistencia.
Incluso instituciones extraordinariamente prudentes, como el Consejo Económico y Social de Catalunya, advierten que el modelo económico presenta problemas estructurales. La productividad apenas crece. Los salarios aumentan mucho menos de lo que exige el encarecimiento real de la vida. La presión fiscal sigue incrementándose. El precio de la vivienda se ha convertido en una barrera casi insalvable. Los alimentos acumulan incrementos que erosionan el presupuesto familiar mes a mes. Y todavía se presenta como una buena noticia que la inflación vuelva a situarse en torno al 3,2%.
¿Alguien ha hecho el cálculo de lo que significa mantener durante varios años seguidos una inflación de ese nivel sobre los salarios reales?
Para millones de familias, representa una reducción silenciosa pero constante de su nivel de vida. No es un dato macroeconómico. Es el supermercado. Es el alquiler. Es la hipoteca. Es llegar, o no, a fin de mes.
Tampoco la AIReF dibuja un escenario tranquilizador. Reclama un ajuste equivalente al 0,6% del PIB, más de diez mil millones de euros, porque el gasto público sigue creciendo muy por encima de los compromisos adquiridos con la Unión Europea. El organismo independiente advierte que este gasto aumenta cerca de un 6,4%, aproximadamente el doble del límite comprometido.
Pero nada de eso parece alterar el comportamiento del Gobierno. La impresión es la de un ejecutivo que ha entrado en una fase de política de tierra quemada: si su futuro político es improbable, que quienes vengan detrás hereden el mínimo margen de maniobra posible.
Las pequeñas y medianas empresas siguen soportando una doble presión. Por un lado, la fiscal y burocrática. Por otro, un absentismo laboral creciente que perjudica a la productividad. A las grandes áreas metropolitanas se añade un nuevo obstáculo: con los salarios que pueden ofrecer muchas empresas, los trabajadores sencillamente no encuentran vivienda a una distancia razonable del puesto de trabajo.
Y cuando el transporte público debería compensar este problema, Cercanías sigue instalada en la degradación. Cada incidencia se presenta como algo excepcional cuando, en realidad, lo excepcional sería encadenar una semana entera sin incidencias importantes. El ministro responsable parece dedicar más tiempo a la batalla permanente en la red X que a resolver el deterioro del servicio.
Mientras, Sánchez anuncia techos de gasto que no se aprueban. Presenta los primeros presupuestos desde 2023 sin disponer de una mayoría suficiente para que salgan adelante. Impulsa un nuevo modelo de financiación autonómica que solo recibe el apoyo entusiasta de su principal aliado, Salvador Illa, mientras despierta reservas incluso dentro del propio socialismo territorial. Y, sobre todo, necesita modificar una ley orgánica para hacerlo efectivo sin disponer tampoco de los votos necesarios en el Congreso.
No es una simple anécdota parlamentaria. Es la constatación de que España lleva demasiado tiempo gobernada por una minoría que confunde resistir con gobernar.
La vivienda constituye probablemente el fracaso más visible. Ha estallado la gran bomba social de la legislatura y el Gobierno sigue reaccionando con decretos sucesivos que tampoco tienen garantizada la mayoría parlamentaria. Mientras, las previsiones de S&P Global sitúan a España entre los países europeos donde más aumentarán los precios residenciales en los próximos años, con un incremento estimado del 9,1%.
Este es el balance: instituciones en conflicto, inseguridad jurídica creciente, presión fiscal elevada, productividad estancada, vivienda inaccesible, cuentas públicas tensionadas, infraestructuras degradadas y un Gobierno absorbido casi exclusivamente por su propia supervivencia política.
Ningún país puede permitirse durante demasiado tiempo que la agenda nacional sea sustituida por la agenda judicial y política de su presidente. Porque llega un momento en el que la agonía de un gobierno deja de ser solo su problema. Se convierte en el problema de todos. Y es exactamente aquí donde hoy se encuentra España.
Pedro Sánchez crisis política: los frentes judiciales, la debilidad parlamentaria, la vivienda, la presión fiscal y las advertencias de la AIReF marcan la actualidad. Análisis sobre la situación política y económica de España.… Compartir en X
