La Guerra Civil española no era inevitable. Era muy probable, pero no inevitable. Las fracturas sociales, la polarización política, la violencia en las calles y la deslegitimación mutua habían convertido a España en un país extraordinariamente frágil. Sin embargo, todavía faltaba el último detonante para que esa bomba estallara. Este detonante fue la política desarrollada durante la primavera de 1936 después de la victoria electoral del Frente Popular.
El factor decisivo no fue tanto el resultado de las elecciones como la forma de ejercer el poder.
El PSOE, con diferencia la principal fuerza de la izquierda, asumió que la derecha ya no podía volver a gobernar. No se podía repetir, según esta lógica, lo sucedido en 1934, cuando la victoria electoral del centroderecha le había permitido acceder legítimamente al gobierno. La consecuencia fue devastadora: una parte muy importante de la derecha dejó de confiar en que la alternancia democrática fuera posible.
A partir de ese momento, la violencia política, que ya existía, se multiplicó. Las ocupaciones ilegales, los asesinatos políticos, los incendios de iglesias, los enfrentamientos armados y la incapacidad del Gobierno para imponer la autoridad del Estado condujeron progresivamente a una situación en la que la insurrección militar encontró una base social mucho más amplia de la que probablemente habría tenido en otras circunstancias.
El mejor ejercicio para entender ese proceso es el contrafactual.
¿Qué hubiera ocurrido si el PSOE hubiera ejercido la responsabilidad propia del partido mayoritario del Frente Popular?
¿Qué hubiera sucedido si hubiera gobernado aceptando que existía una oposición legítima destinada, tal vez, a sustituirle democráticamente?
Probablemente, la Guerra Civil no habría estallado. O, en el peor de los casos, el 18 de julio habría sido una insurrección militar más, sin el arraigo social que acabó adquiriendo.
Las analogías históricas nunca son identidades. La historia no se repite, pero a menudo rima. Y este verano de 2026 algunas de estas rimas resultan inquietantes.
Tras la condena de David Sánchez a nueve años de inhabilitación, el PSOE y sus socios han abandonado cualquier matiz. El relato oficial es que jueces, Guardia Civil —especialmente la UCO— y una parte del poder judicial participan en una operación coordinada para derrocar a Pedro Sánchez. La responsabilidad última, naturalmente, recae sobre el Partido Popular.
Es un relato coherente solo si se elimina un elemento: los hechos.
Por ejemplo, el caso de David Sánchez no comienza con Manos Limpias ni con Hazte Oír. Empieza mucho antes, con una denuncia procedente de Podemos. Sí, de Podemos. Hasta el punto de que José Luis Ábalos, entonces ministro, tuvo que salir públicamente, en rueda de prensa, para negar esas acusaciones.
Este detalle prácticamente ha desaparecido del relato oficial porque desmonta la teoría de la conspiración.
Pero existe una cuestión aún más significativa. El verdadero escándalo del caso David Sánchez no es solo la evidencia de un posible trato de favor, anomalías en la contratación o dudas sobre las funciones desarrolladas. Lo sorprendente es que haya tan pocas condenas por conductas similares.
No hace falta escandalizarse para que se investigue un caso; cabe preguntarse por qué se investigan tan pocos. Durante décadas, el enchufe, el favoritismo y las contrataciones hechas a medida han sido prácticas demasiado habituales en muchas administraciones públicas, sin consecuencias penales. Si este caso ha llegado tan lejos es, precisamente, porque el ser el hermano del presidente del Gobierno situaba todas las actuaciones bajo un foco imposible de ignorar.
Esto conecta, indirectamente, con la conferencia pronunciada hace pocos días por Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española, tan criticada por muchos que probablemente ni siquiera la leyeron. Recordando a san Agustín, Argüello advertía que los estados corruptos solo pueden existir porque antes se ha corrompido la sociedad que los sostiene. Es una idea incómoda porque reparte responsabilidades y elimina la ventaja política de presentar toda corrupción como un problema exclusivamente de los demás.
El caso David Sánchez también ha dejado a otra víctima institucional: la Fiscalía.
Durante muchos años, el criterio del Ministerio Fiscal gozaba, frente a los tribunales, de una autoridad extraordinaria. Los jueces solían considerarlo una referencia jurídica especialmente sólida. Sin embargo, esta autoridad se ha erosionado profundamente.
Cuando los fiscales aparecen actuando, a ojos de una parte muy importante de la opinión pública, como abogados defensores de los intereses del Gobierno en causas como las de Begoña Gómez, David Sánchez u otras investigaciones, y cuando el propio fiscal general del Estado es condenado por el Tribunal Supremo, el prestigio institucional queda inevitablemente afectado.
La consecuencia es mucho mayor que cualquier caso concreto.
Cuando desde el Gobierno se acusa a jueces y Guardia Civil de participar en una operación política para derrocar al ejecutivo, se está traspasando una frontera muy delicada de la convivencia democrática. Equivale a sostener que España sufre una especie de golpe de Estado blando, impulsado desde las instituciones encargadas, precisamente, de garantizar el Estado de derecho.
Este marco no aparece de la nada. Previamente, se ha construido otro relato: la oposición es extrema derecha, sus votantes forman parte de una «fachosfera» y existe un muro político que nunca debería permitir su llegada al gobierno. Es precisamente la negación del principio de alternancia que constituye el fundamento de cualquier democracia liberal.
No, la España de 2026 no es la de la primavera de 1936. La sociedad actual es mucho más desvinculada, infinitamente menos dispuesta a la violencia física y mucho más dependiente de los mecanismos institucionales que de la movilización armada. Las víctimas, si las hay, son políticas, económicas, reputacionales y mediáticas, no cadáveres en las calles.
Pero, precisamente porque la historia no se repite, conviene recordar lo que la hizo posible. Las democracias no suelen morir porque exista oposición, sino cuando uno de los contendientes decide que el otro ya no es un adversario legítimo, sino un enemigo que nunca más puede gobernar. Es entonces cuando comienza, de verdad, la primavera de los errores.
La historia no se repite, pero rima. La primavera de 1936 nos recuerda que la democracia se debilita cuando el adversario deja de ser considerado un rival legítimo. #GuerraCivilEspañola #polarización Compartir en X
