Un nuevo estudio refuerza el Informe Fénix: no toda inmigración genera prosperidad

El Informe Fénix ha tenido la virtud de abrir un debate absolutamente necesario: cuál es el impacto económico de la inmigración, más allá de los apriorismos a favor o en contra con los que habitualmente se aborda esta cuestión.

Obviamente, el Informe Fénix no es la Biblia. Es más bien un estudio preliminar que abre una línea de investigación, con datos que deben mejorarse, reforzarse y revisarse. Pero su conclusión es suficientemente clara: en determinadas condiciones —precisamente las que se dan hoy en España y, en especial, en Catalunya—, la inmigración masiva no genera los beneficios que el Gobierno le atribuye. Y, a largo plazo, puede convertirse en un grave problema.

Entre otros motivos, porque no solo incrementa la demanda de bienes y servicios —como vivienda, educación o seguridad—, sino que también “dopa” a los sectores de baja productividad, que encuentran una fuente prácticamente inagotable de mano de obra de bajo coste.

Ahora, un estudio de una naturaleza muy diferente, porque analiza las cuentas del balance generacional —es decir, lo que una persona aporta y recibe a lo largo de su vida en términos de impuestos y prestaciones públicas, tanto monetarias como en especie—, también confirma, de forma indirecta, que el problema existe.

Se trata del estudio Las transferencias intergeneracionales y el reto demográfico, de EsadeEcPol, elaborado por Miguel Almunia y Pablo García Guzmán.

Una de sus conclusiones es que, si se asumen los supuestos del estudio sobre el volumen de inmigración y el nivel educativo de los recién llegados, a grandes rasgos, mayor inmigración implica un menor déficit fiscal. Este es, sin duda, un efecto positivo. Pero las matizaciones son tan importantes que presentar esta conclusión sin más esconde realidades que no pueden obviarse.

La primera, y más evidente, es que lo que realmente determina el resultado económico al final del ciclo vital no es la cantidad de inmigración, sino el nivel de formación de los inmigrantes (p. 80).

De los resultados se desprenden dos patrones muy claros.

El primero es que el saldo fiscal asignable por edad acumulado crece de forma sostenida durante las primeras décadas de residencia, pero se va erosionando a medida que la persona se acerca a la jubilación. Es decir, la inmigración alivia el problema, pero no lo resuelve.

El segundo es que el nivel educativo condiciona de forma decisiva el resultado final. Las personas con estudios superiores acumulan un saldo fiscal positivo a lo largo de toda su vida, a pesar del déficit propio de los años de jubilación. En cambio, las personas sin estudios superiores terminan acumulando un saldo vital negativo.

Solo los inmigrantes con educación superior logran mantener un saldo fiscal positivo durante todo el ciclo vital. Las personas con estudios medios (bachillerato o formación profesional) también lo mantienen positivo hasta bien entrada la jubilación, pero esta ventaja se va desvaneciendo a medida que aumenta la esperanza de vida.

Los niveles educativos inferiores, que constituyen la mayoría de los inmigrantes actuales, pasan a presentar un balance negativo pocos años después de jubilarse.

Esto significa que los salarios propios de sectores como la hostelería, la industria cárnica, los servicios personales y domésticos no calificados o los puestos administrativos sin calificación se inscriben en este último grupo. También los contratos fijos discontinuos, por su propia naturaleza, constituyen un problema para mantener un balance generacional equilibrado.

El estudio plantea tres escenarios.

El primero muestra que la inmigración mejora sustancialmente el saldo fiscal asignable por edad: pasar de un escenario sin inmigración a uno de inmigración moderada reduce el déficit en 1,7 puntos porcentuales del PIB, del 8,5% al ​​6,8%. Esto es consecuencia de que la inmigración rejuvenece la estructura de edades de la población, concentrando una mayor proporción de personas en edad de trabajar y reduciendo el peso relativo de los grupos dependientes.

Sin embargo, el segundo resultado es mucho más revelador. La diferencia entre un escenario de inmigración moderada y otro de inmigración elevada es muy reducida: solo 0,7 puntos del PIB (del 6,8% al 6,1%), aunque este incorpora 4,8 millones de personas adicionales.

La razón es la composición educativa de la población nacida en el extranjero, que presenta una mayor proporción de personas sin estudios superiores que la población autóctona y, en consecuencia, una capacidad contributiva menor.

Si los nuevos inmigrantes mantienen un perfil educativo similar al actual, la ventaja de una estructura demográfica más favorable queda, en buena parte, neutralizada por dos factores: el menor saldo fiscal per cápita asociado a su nivel educativo y el coste fiscal derivado del aumento de la población infantil que acompaña a los flujos migratorios.

El tercer resultado es que, en cualquiera de los tres escenarios, el déficit fiscal asignable por edad sigue siendo muy elevado, situándose entre el 6,1% y el 8,5% del PIB.

El origen de ese desequilibrio es demográfico. La fuerte caída de la natalidad en las últimas décadas hará que las cohortes que llegarán a la jubilación hacia 2050 sean mucho más numerosas que las generaciones en edad de trabajar encargadas de financiar sus prestaciones.

Los flujos migratorios previstos en el estudio contribuyen a reducir esta brecha, pero no son suficientes para cerrarla.

Hay que añadir que la ventaja demográfica de la inmigración es, por definición, temporal. Los inmigrantes que trabajan hoy también se jubilarán y adquirirán derechos a prestaciones. Por tanto, su efecto positivo sobre el saldo fiscal agregado se va reduciendo a medida que estas generaciones envejecen.

Existe, además, otro elemento que, por su misma metodología, el estudio no incorpora con suficiente precisión: los costes de los servicios públicos y de las políticas de integración asociados a la inmigración probablemente aumentarían el gasto público en una proporción superior a la que existiría en un escenario hipotético sin inmigración.

¿Qué nos dice todo esto?

Que el problema, con o sin inmigración, sigue existiendo y es muy grave.

Que carece de sentido presentar la llegada de nuevos inmigrantes como una panacea.

Que la diferencia entre un flujo moderado y uno muy elevado, como el actual, es muy inferior a lo que a menudo se da a entender.

Que el factor determinante no es tanto el volumen de la inmigración como el nivel de formación de los recién llegados.

Y que —eso ya lo sabíamos— la única respuesta de fondo es alcanzar una productividad mucho mayor que compense el déficit generacional. Es precisamente aquí donde el Informe Fénix lanza su principal advertencia: nunca lo conseguiremos si seguimos sosteniendo a los sectores menos productivos mediante una oferta permanente de mano de obra barata.

Ah, y que nadie se engañe: con las políticas actuales, los primeros perjudicados son los niños, los jóvenes y las familias con hijos. Pero, a largo plazo, quien acabará pagando la factura de ese error será la clase trabajadora y una parte creciente de la clase media.