Cuando se habla de la familia, el debate político suele moverse en el terreno de los valores, derechos o modelos de convivencia. Es un debate necesario, pero incompleto. También existe una dimensión económica que a menudo queda escondida: ¿qué cuesta sustituir la función que desempeña una familia cuando esta falla o desaparece?
Los datos de la propia Generalitat ofrecen una respuesta tan contundente como poco conocida.
Entre 2022 y 2025, el coste de un menor tutelado en un centro residencial en Catalunya oscila entre los 3.000 y los 4.000 euros mensuales, según la edad. En términos anuales, el gasto se sitúa en torno a los 50.000 euros por menor.
Los menores extranjeros no acompañados presentan cifras similares. En 2024, la Generalitat destinó 115,5 millones de euros a la atención de 4.802 menores, con un coste medio de 134,86 euros diarios, esto es, unos 4.000 euros mensuales o aproximadamente 50.000 euros anuales por cada menor atendido.
En cambio, cuando el menor es acogido por una familia, la realidad es radicalmente distinta.
La prestación pública es de unos 500 euros mensuales. Esta ayuda contribuye a los gastos básicos, pero la parte esencial de la atención —la vivienda, la dedicación, el tiempo, el cariño y la vida cotidiana— es aportada gratuitamente por la familia acogedora.
La diferencia es extraordinaria. El sistema residencial llega a costar ocho veces más que el acogimiento familiar.
Por supuesto, no se trata de servicios equivalentes. Un centro residencial funciona las veinticuatro horas del día, con educadores, monitores, personal de cocina, limpieza, mantenimiento, dirección, coordinación, vigilancia y toda una estructura administrativa. Pero, precisamente, esta comparación pone de manifiesto una realidad a menudo ignorada: el inmenso valor económico que genera una familia funcional.
Cada familia que es capaz de criar a sus hijos, o que asume voluntariamente la acogida de un menor, evita un gasto público que puede superar los 40.000 euros anuales. Y esto sin contabilizar los beneficios humanos, educativos, emocionales y sociales que proporciona crecer dentro de un entorno familiar estable.
Este es el gran valor oculto de la familia.
La paradoja es que, mientras el sistema público asume sin demasiada discusión costes muy elevados cuando la familia falla, las políticas públicas dedican una escasa atención a evitar, precisamente, este fracaso.
Existe otro aspecto especialmente revelador.
Varios estudios sitúan el coste real de criar a un hijo en Catalunya en torno a los 900 euros mensuales. Sin embargo, las familias de acogida perciben aproximadamente la mitad de esta cantidad.
El argumento habitual es que una remuneración superior podría incentivar acogimientos motivados por el dinero. Pero ese razonamiento resulta poco convincente. Las administraciones disponen de mecanismos suficientes para valorar la idoneidad de cada familia antes de autorizar una acogida. Penalizar a todas las familias para evitar hipotéticos abusos significa, en la práctica, dificultar que haya más.
Sin embargo, esta severidad desaparece cuando se trata del sistema residencial.
Durante los últimos años han aparecido numerosas informaciones sobre graves irregularidades en la gestión de la DGAIA, hasta el punto de que la propia Generalitat impulsó su sustitución por una nueva estructura, la DIGAPPIA. También se han investigado posibles anomalías en el control de las plazas residenciales, en la contratación y en la supervisión de los recursos públicos, mientras la Oficina Antifrau ha intervenido en varios expedientes relacionados con este ámbito.
El resultado es una contradicción difícil de explicar: una extraordinaria exigencia presupuestaria con las familias y mucha menos eficacia en el control de un sistema que moviliza a cientos de millones de euros.
De esa realidad se pueden extraer cuatro conclusiones.
La primera es que el sistema residencial es extraordinariamente costoso y necesita un control mucho más riguroso de los recursos públicos.
La segunda es que Catalunya no hace una apuesta decidida por ampliar el número de familias acogedoras, aunque representan la opción más humana y también la más eficiente desde el punto de vista económico.
La tercera es que estos datos permiten comprender mejor hasta qué punto las familias estables constituyen una auténtica infraestructura social. Cuando funcionan, ahorran enormes cantidades de gasto público que después hay que sustituir con servicios mucho más caros.
Y la cuarta es política.
Pese a esta evidencia, el Gobierno de Illa sigue orientando sus prioridades en una dirección muy distinta. La negativa a desarrollar medidas de apoyo familiar como las recogidas en la Moción 124/XV del Parlament, la falta de una política potente de apoyo a la natalidad, la persistencia de la pobreza infantil y programas como el Coeduca’t responden a una concepción que tiende a reducir el papel educativo de los padres y madres e incrementar el protagonismo de las instituciones públicas.
Ya no es aceptable ignorar el coste del modelo que se aplica en Catalunya.
La familia no es solo una institución moral o cultural. También es una institución económica de una eficacia extraordinaria. Cuando la política deja de fortalecerla, la sociedad acaba pagando dos veces: primero, con el deterioro de los vínculos humanos y después con una factura pública inmensamente superior.
La realidad es tozuda. Y las cifras también.
El coste de un menor tutelado en Catalunya supera los 50.000€ anuales. Las cifras comparan el sistema residencial con el acogimiento familiar. Compartir en X
