Catalunya tiene hoy más fuerza parlamentaria en Madrid que el nacionalismo vasco. Junts y ERC suman catorce diputados en el Congreso; el PNV y EH Bildu, once. Sobre el papel, Catalunya dispone de una capacidad de mayor influencia. Pero los resultados cuentan una historia muy distinta.
Mientras Euskadi sigue ampliando su autogobierno, Catalunya encadena promesas aplazadas, traspasos incompletos y reformas que quedan muy lejos de los compromisos anunciados. Las comparaciones son siempre odiosas, pero también extraordinariamente pedagógicas.
Durante años se ha repetido que los votos de los partidos independentistas serían determinantes para gobernar España. Cada investidura se presentaba como oportunidad histórica; cada acuerdo, como paso decisivo hacia un nuevo autogobierno. Pero cuando se revisan las cuestiones esenciales –Cercanías, financiación e inmigración–, la distancia entre el relato y la realidad es difícil de esconder.
El primer ejemplo es Cercanías.
El traspaso debía simbolizar una nueva etapa. Pero la nueva empresa sigue integrada dentro de la estructura de Renfe. La Generalitat designará a la presidencia y poco más. Al menos, la operación ha servido para crear un nuevo cargo público, que nunca es poco en la imaginación institucional de nuestro país.
Sin embargo, para los usuarios no cambia nada. Continúan los retrasos, las averías, la falta de puntualidad, las frecuencias insuficientes, las estaciones degradadas y una información a los viajeros que a menudo parece desaparecida en combate.
Cercanías ya no es solo un problema ferroviario. Es el símbolo de una administración incapaz de convertir los grandes anuncios en mejoras perceptibles.
El segundo gran ejemplo es la financiación.
Cuando ERC facilitó la investidura de Salvador Illa, Marta Rovira hablaba de concierto económico, de soberanía fiscal, de la «clave de la caja» y del traspaso íntegro del IRPF.
Hoy ese objetivo prácticamente ha desaparecido.
El Gobierno español no plantea ningún concierto económico, sino una reforma general del sistema de financiación autonómica prevista para 2027. La propuesta aumenta la participación de las comunidades en el IVA y el IRPF, revisa los criterios de reparto, incorpora nuevos tributos compartidos, crea un fondo climático, refuerza los mecanismos de solidaridad e introduce el principio de ordinalidad.
Es una reforma relevante. Pero sigue siendo una reforma del régimen común.
Además, ni siquiera es seguro que prospere. Las comunidades autónomas ya han expresado reservas y la modificación de la LOFCA exigirá una mayoría parlamentaria que hoy parece inabarcable sin los votos de Junts.
También existe una batalla sobre las cifras. El Gobierno habla de 4.500 millones de euros adicionales para Catalunya. Otros cálculos —entre ellos los de Junts— recuerdan que estos recursos provienen de los 21.000 millones que el Estado inyectará al conjunto del sistema y de los que Catalunya es también uno de los principales contribuyentes. Según esta interpretación, la ganancia neta sería de unos 200 millones.
Unos explican el resultado bruto; los demás recuerdan de dónde sale el dinero. Pero el debate de fondo es otro: ni existe concierto económico, ni «clave de la caja», ni traspaso íntegro del IRPF.
Junts tampoco puede exhibir un balance especialmente convincente. La inmigración es probablemente su mejor ejemplo.
Una de las grandes promesas de los acuerdos con Pedro Sánchez era que la Generalitat tendría un papel determinante en la gestión de los flujos migratorios. Era una reivindicación especialmente significativa en una comunidad que soporta una presión migratoria superior a la del País Vasco.
Mientras, quien vuelve a avanzar es Euskadi.
La Ertzaintza participará en la ejecución de los procedimientos de expulsión de inmigrantes, aunque la competencia continúe formalmente en manos del Estado. No es el traspaso completo, pero sí una capacidad ejecutiva que Catalunya todavía espera.
Este contraste resume toda una legislatura.
Catalunya ha sido decisiva para garantizar la estabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez. Junts y ERC han sido imprescindibles en numerosas votaciones. Pero el balance es pobre: Cercanías sigue siendo un desastre, el concierto económico se ha disuelto en una reforma general del sistema, el traspaso íntegro del IRPF no llega y la gestión de la inmigración sigue prácticamente igual.
ERC aparece cada vez más identificada con la estabilidad del Gobierno Sánchez, hasta el punto de que a menudo cuesta distinguir su agenda de la del PSC. Junts mantiene un discurso más exigente, pero tampoco puede presentar resultados proporcionales a las expectativas que había generado.
En política llega un momento en el que los discursos dejan de contar. Las promesas se comparan con los resultados y grandes titulares, con la realidad. Quizás este es el verdadero final de lo que se bautizó como «independentismo útil». No porque Catalunya haya perdido fuerza parlamentaria. Precisamente lo contrario: nunca había sido tan determinante. El problema es que esta fuerza se ha traducido en muchos menos resultados de los prometidos.
Y, al final, los ciudadanos suelen votar los resultados, no a las notas de prensa.
Catalunya tiene 14 diputados independentistas en Madrid. El nacionalismo vasco, 11. Pero Euskadi sigue obteniendo más competencias. ¿Qué ha fallado? #ERC #Juntsxcat Compartir en X
