Finalmente, después de muchas idas y venidas, el gobierno español ha dado un no rotundo a un 8-M en la calle. Ha hecho un llamamiento que él mismo califica de «muy contundente» para que se eviten actos en la calle.
Lo hace por la situación de pandemia y las restricciones impuestas, y también porque salió escaldado de la polémica del año pasado cuando varias ministras fueron contagiadas por el SARS-CoV-2. Esta posición clara y rotunda también alivia las críticas de todos los sectores económicos que se ven apremiados por las limitaciones, y que no entenderían concentraciones en la calle. Más aún cuando la Semana Santa, que está mucho más lejos que el 8-M, se encara con limitaciones importantes, como las de impedir salir de la propia Comunidad Autónoma.
Esta posición del gobierno es coincidente con la opinión de los profesionales de la salud y los epidemiólogos, que insisten en que no se produzcan actos de este tipo.
Sin embargo, el gobierno de la Generalitat mantiene una posición diametralmente opuesta y considera que las manifestaciones se han de poder producir, y en concreto ya ha dado el visto bueno a una que piensa acoger a más de 2.000 personas en el Paseo de Gracia. Lo más contradictorio del caso es que el gobierno catalán es uno de los más restrictivos, a lo largo de los meses, con las medidas para evitar la transmisión, por lo que también el daño económico que está ocasionando es uno de los más importantes.
No se entiende desde el punto de vista sanitario que, precisamente, cuando hay un consenso, también político, generalizado también para evitar estas concentraciones, la Generalitat opte por la vía opuesta, la de alentarlas. Más cuando el proceso de reducción de la incidencia de la Covid-19 mantiene Cataluña en una mala situación. De hecho, sólo Madrid y el País Vasco presentan una incidencia acumulada peor que la catalana. Después de estas dos comunidades, Cataluña y Asturias, ambas con una incidencia acumulada que se sitúa, en los últimos 14 días, justo por debajo de los 200 casos, presentan un nivel mucho más alto que la media española, que está sobre los 150 casos, y claramente por encima del resto de comunidades. Por ejemplo, Valencia está en los 90 casos, Baleares en los 69, por citar dos ámbitos muy cercanos. Una vez más en Cataluña los intereses políticos y la ideología pasan por encima de la salud y los intereses económicos.
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