Con mesas de retraso, en diciembre se ha publicado finalmente el Informe sobre los delitos contra la libertad sexual correspondiente al año 2024 , elaborado por el Ministerio del Interior. No es un documento cualquiera. Se trata del instrumento oficial que debería permitir comprender el alcance real de una de las formas de criminalidad más graves, más traumáticas y socialmente más corrosivas. Precisamente por ello, su contenido y, sobre todo, su forma de presentar las datos no son una cuestión técnica menor, sino un asunto político y moral de primer orden.
El Informe se inscribe formalmente en el marco del I Plan Estratégico para la Prevención de las Violencias Sexuales 2023-2027, aprobado en 2023 mediante la Instrucción 5/2023 de la Secretaría de Estado de Seguridad. El Plan se presenta como una “hoja de ruta” integral orientada a reforzar la prevención, la detección, la investigación y la atención a las víctimas, con énfasis en la coordinación institucional, la formación y la sensibilización social. Sobre el papel, nada que objetar.
Sin embargo, cuando el foco se desplaza de los adultos a los menores de edad, estas buenas intenciones se evaporan. No sólo en términos de políticas públicas -juzgados especializados, pactos de Estado, unidades policiales específicas, recursos económicos o subvenciones-, ampliamente desplegados para la violencia sexual contra adultos, sino también en el ámbito más básico: la visibilidad estadística.
Un cambio metodológico que empobrece el conocimiento
Una de las principales novedades de este año es que la elaboración del Informe pasa a manos de la Oficina Nacional contra las Violencias Sexuales (ONVIOS), creada en el seno del Plan Estratégico. Entre sus funciones se encuentra, precisamente, la producción de estudios, informes y estadísticas oficiales que contribuyan al conocimiento y a la sensibilización ante la violencia sexual.
La paradoja es evidente. Lejos de mejorar la calidad informativa, el nuevo Informe rompe sin explicación con la metodología y el sistema de exposición de datos que se había mantenido de forma consistente desde 2013. Se trata de una serie larga, prácticamente única, que permitía observar tendencias, comparar períodos y evaluar el impacto de las políticas públicas. Romperla no es una decisión neutra: es una pérdida grave de capacidad analítica.
Además, la exposición de datos comienza ahora en el año 2018, por lo que desaparecen todas las cifras anteriores a la llegada del gobierno de Pedro Sánchez. Esta decisión impide cualquier comparación de largo alcance y debilita la transparencia de un documento que debería servir, precisamente, para rendir cuentas.
Los menores: presentes, pero diluidos
La consecuencia más grave de este nuevo enfoque es la difuminación —cuando no desaparición— de los menores de edad como categoría central de análisis. Los delitos específicamente vinculados a menores, como el grooming , la pornografía infantil o la difusión de contenidos sexuales mediante tecnologías digitales, aparecen como tipologías separadas, pero con cifras relativamente bajas. Mientras, los casos realmente masivos quedan absorbidos dentro de categorías genéricas como «agresión sexual» o «agresión sexual con penetración».
En los informes anteriores, estas categorías genéricas iban acompañadas, desde el principio, del total de víctimas menores, lo que permitía captar de inmediato su importancia singular. Ahora, esa información queda enterrada.
De hecho, la edad de las víctimas no aparece hasta la página 25, en el apartado de “Victimizaciones”. E incluso aquí, los menores no se presentan como un grupo agregado, sino fragmentados en tres subgrupos: de 0 a 13 años, de 14 a 15 y de 16 a 17. En cambio, los adultos jóvenes sí aparecen como un gran bloque compacto de 18 a 30 años.
Este artificio estadístico permite que el Informe presente, de forma formalmente correcta, pero materialmente engañosa, que el grupo más afectado por las agresiones sexuales es el de 18 a 30 años , cuando los datos reales dicen otra cosa.
Las cifras que el relato oficial no subraya.
Los datos de victimización son claros:
- Menores de edad : 9.397 victimizaciones
- De 18 a 30 años : 6.956 victimizaciones
Los menores concentran el 41,24% del total de victimizaciones, frente al 30,54% del grupo de 18 a 30 años. Son, con diferencia, el colectivo más afectado. Sin embargo, el Informe no extrae esta conclusión de forma explícita, ni la sitúa en el centro del diagnóstico.
Más grave es que el documento no analiza la prevalencia, es decir, la proporción de víctimas en relación con la población total de cada grupo. Según los datos demográficos consolidados de 2024-2025, en España existen unos 8,1 millones de menores y unos 7,4 millones de personas de entre 18 y 30 años, sobre un total de 48,6 millones de habitantes.
Esto significa que los menores, que representan el 16,7% de la población, acumulan más del 41% de las victimizaciones, mientras que el grupo de 18 a 30 años, con el 15,2% de la población, concentra el 30,54%. En términos relativos, la prevalencia es claramente superior entre los menores: 2,5 puntos de victimización por cada menor, frente a los 2,0 puntos en el grupo adulto joven.
Tres conclusiones que el Informe evita
De estos datos se desprenden tres conclusiones que el Informe omite descaradamente en los dos primeros casos y sólo aborda de forma parcial en el tercero.
La primera es que el grupo más afectado por la violencia sexual es, con mucha diferencia, el de los menores de edad. Precisamente el colectivo que recibe menos atención política, mediática y presupuestaria. Sin abordar de forma prioritaria esta realidad, ninguna estrategia contra la violencia sexual puede ser efectiva. Además, todo indica que las cifras reales son aún mayores, dado el mayor ocultamiento de los delitos cuando las víctimas son menores.
La segunda conclusión es que el 72% de las víctimas tienen menos de 30 años, aunque este segmento representa sólo al 32% de la población. El daño social se concentra de forma abrumadora en las generaciones más jóvenes.
La tercera es que la violencia sexual tiene una afectación mayoritariamente femenina, con una excepción significativa: en el grupo de menores de 14 años, la presencia masculina alcanza el 25%, algo que merecería un análisis específico que el Informe no ofrece.
Una evolución inquietante
Por último, existe un elemento que ayuda a entender por qué la categoría agregada de “menores” ha desaparecido del centro de la estadística oficial. La evolución es claramente negativa. En 2017, antes del cambio de gobierno y con datos que ya no aparecen en el Informe actual, se registraban 5.700 victimizaciones de menores. En 2024, la cifra se eleva a 9.397: un incremento del 64,85%.
Estos datos, analizados con detalle en mi libro La pederastia en la Iglesia y la sociedad, muestran una tendencia que resulta incómoda. Quizás demasiado incómoda para ocupar un puesto central en un Informe oficial que, en lugar de iluminar la realidad, parece optar por oscurecerla.
Los datos están ahí, pero el relato falla: los menores concentran más del 41% de las victimizaciones sexuales y han desaparecido del centro del Informe oficial. #ViolenciaSexual #Menores Compartir en X
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