Mañana 25N se celebra el día de la violencia contra la mujer, y todos los medios traen informaciones que sólo pueden ser calificadas de alarmantes por la dimensión que manifiestan del problema. Pero no va más allá, no se indaga cómo ha sido la evolución, cuáles son los resultados, por qué crece en definitiva este tipo de violencia. Porque, recordémoslo, el próximo año se cumplirá el 20 aniversario de la Ley Integral contra la Violencia de Género. Algo insólito en la legislación europea que es lo mismo que decir mundial, porque es una ley que consagra penas asimétricas en función de si el delincuente es hombre o mujer. Por un mismo delito, lo que para una mujer puede calificarse de falta, en un hombre se convierte en un delito que puede estar penado con prisión.
A partir de esa fecha, España ha elaborado de forma ininterrumpida la legislación para luchar contra esta lacra y dispone de una abundantísima estadística que los medios de comunicación nos recuerdan prácticamente todos los días. No encontraremos nada parecido al resto de países europeos. Ni siquiera en aquellos que sufren este estigma en una dimensión mucho mayor que la española y que son la mayoría de los países.
Contra la violencia de género se han producido pactos de estado y una serie de medidas año tras año. Las últimas han sido la Participación Pública por la Elaboración de la Estrategia Estatal para combatir las violencias machistas en España 2022-2025 y la Estrategia Estatal para combatir las violencias machistas 2022-2025. Obsérvese un cambio semántico interesante: el gobierno pasado ya no hablaba tanto de violencia de género como de violencia machista.
También aprobó un Catálogo de Medidas Urgentes que actuaba en 6 ámbitos fundamentales: la implicación del entorno de la víctima y del conjunto de la sociedad, la detección temprana en los servicios públicos, el apoyo a la autonomía de las mujeres para que rompan con la violencia; la protección de niños y niñas ante la violencia vicaria; el reforzamiento de la protección y seguridad de las víctimas y la mejora de los protocolos de coordinación interinstitucional. Más completo, imposible. Si debemos juzgar la evolución del 2004 a partir de los recursos aplicados, deberíamos decir que el resultado es un gran éxito: por ejemplo, el ministerio de Igualdad dedicó en 2022, 285 millones de euros, el 54% de todo su presupuesto. Y esto sin considerar los recursos destinados por el ministerio del Interior, que cuentan con unidades especializadas, Justicia, en el mismo sentido, y de Servicios Sociales.
Ahora, si debemos medirlo por los resultados, el fracaso es literalmente espantoso. Y aquí queda en manos de cada uno preguntarse para qué sirven las políticas públicas. Si sólo para emplear recursos o para resolver o paliar aquella cuestión que aborda. Si es ese segundo aspecto, que es lo lógico, el resultado obtenido sólo puede ser penoso y ésta es la gran paradoja española. A más leyes, políticas específicas y dinero, peores resultados, según los datos que el propio gobierno y otras instancias proporcionan.
Por ejemplo, si observamos las condenas contra la libertad e indemnidad sexual que han llevado a cabo hombres en el período 2013-22, podemos observar una muy clara tendencia ascendente. De los 2.550 condenados en 2013 a 3.682 en 2022. En prácticamente una década, las condenas han crecido un 43%. Esto hace que los hombres encarcelados por violencia de género sean el tercer mayor grupo sobre el total de los que permanecen en prisiones y esto a pesar de que la legislación es mucho más reciente, lo que significa que la intensidad de las condenas es elevada. Casi el 10% de las personas encarceladas, cerca de 5.000 sobre 47.000, pertenecen a esa categoría de delito.
El importante es el delito de guante blanco contra el patrimonio y el orden socioeconómico, que representa cerca de la tercera parte. El segundo grupo son los delitos sobre salud pública, con el 18,6%. Y ya aparece en el podio la violencia de género. Por detrás todas las demás cuestiones. Pero todo esto no lleva a una reducción, sino por el contrario, a un aumento de los casos.
Y hay que poner fin al mantra que se repite desde hace más de 15 años de que ahora se denuncia más, porque claro, eso podría decirse al principio, pasados 10 años de la ley, pero después de casi dos décadas, más bien es necesario pensar que se denuncia más de lo que es denunciable porque como lo manifiesta el informe de los Mossos d’Esquadra, que hace bueno ese dicho de que “si uno tiene un martillo todo le parecen clavos”, explican sin reserva alguna que ellos atienden casos de violencia contra la mujer. Lo que ocurre que bajo esta categoría no hay sólo la violencia física u obligarlas a tener relaciones sexuales, sino conceptos muy subjetivos como son ridiculizarlas o imponerles una forma de vestir. Al respecto, también se admiten denuncias y son muchas, porque en octubre del 2023, 14.000 mujeres en Catalunya han efectuado una denuncia como víctima de alguna de estas conductas. Lo que no nos detalla el informe de los Mossos es cuántas hay por haberlas humillado, ridiculizado, decir cómo debían vestir, no darles la mensualidad, agredirlas, saltarse la orden de alejamiento, etc.
Es un enorme cajón de sastre, donde se mezclan cuestiones muy superficiales con otras muy graves. Y está claro cuando el que tiene martillo sólo ve clavos, el resultado de su obra previsiblemente será poco esmerado.
Pero es que además se aplican muchísimos recursos. Por ejemplo, 13.000 mujeres reciben llamadas periódicas del Grupo Policial de Atención a la Víctima, casi 10.000 tienen órdenes de protección y 100 tienen protección policial, escoltas. Es un despliegue magnífico de medios que crece año tras año, lo que quizás satisface a quienes utilicen el martillo, pero que no puede ser una buena política pública.
Porque la verdad es que el nivel objetivo y material, el de las agresiones que se tratan en el servicio de urgencias del Hospital Clínic de Barcelona, que es un centro de referencia, constata que atiende a una media de 2 víctimas cada día, una media de 500 al año en estos últimos 5 años, si bien en octubre del curso vigente las víctimas ya eran 587, un 5,6% más que el mismo período del año pasado, con una característica muy importante: el grupo más numeroso, 218, es el de chicas de 18 a 25 años. Este dato también tiene un correlato en el sentido de que el grupo que más crece en los agresores, según los Mossos, es el de los menores de edad.
Con todo este escenario, quizá sea hora de replantearse a fondo la cuestión y afirmar sin tapujos que el problema no es de más leyes de este tipo -de otro tipo sí-, de más policías, de más hombres en prisión, sino de denunciar que la concepción moral que preside nuestra sociedad y que han asumido los poderes públicos como propia estimula este tipo de violencia.
Las razones son múltiples y comienza por la misma edad infantil y adolescente, en la escuela y la familia, donde se ha perdido todo tipo de educación basada en una moral clara de lo que está bien y mal, de lo que se puede hacer y de lo que no. Una educación que banaliza todo lo referido al sexo, que, por un lado, pretende que los adolescentes se entreguen a sus impulsos y por otro quieren que se controlen en momentos cruciales de la relación social. Por una parte, les eliminan toda capacidad de resistir a la frustración, a un “no”, y por otra quieren que no reaccionen agresivamente cuando esta frustración les viene generada por una relación sexual, por el “no” de una chica. Y así podríamos continuar y extenderlo al conjunto de la sociedad.
Cómo hablar -que no se habla- de respeto hacia la mujer si la pornografía es de lectura prácticamente obligada a partir de los 11 años, si los “grandes pedagogos” recomiendan que los padres acompañen a sus hijos para acceder a la «buena» pornografía. Cómo se quiere que haya respeto si España es el primer país de Europa donde la prostitución está más extensa a pesar de no ser legal. Tampoco ilegal. Maravillas de la paradoja española.
Y para acabar de redondearlo, a pesar de ser muy grave como ya hemos constatado, también hay que añadir que hay otras grandes violencias que permanecen abandonadas por los poderes públicos, concretamente contra las personas mayores, algo que constituye una caja negra, y sobre los niños que son las grandes víctimas ignoradas, salvo, eso sí, si el autor pertenece al ámbito católico. Pese a que estos supuestos apenas lleguen al 1% de este gran iceberg, en el que el otro 99% de los abusos infantiles sigue sumergido porque ni políticos ni medios de comunicación quieren dedicarle atención. Ellos sabrán por qué. Y la pederastia es solo una de las violencias que afecta a la infancia.
La concepción moral que preside nuestra sociedad y que han asumido los poderes públicos como propia estimula este tipo de violencia Share on X
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