La vicepresidenta Díaz ha puesto en marcha una nueva iniciativa, en la que se reclama un acuerdo voluntario de las grandes superficies para limitar los precios de determinados productos alimenticios. Subraya, para evitar incurrir en una presunta ilegalidad de la medida, que ese acuerdo nacería de un pacto, no sería una imposición legal. Pero al mismo tiempo no cabe decir que si no se llega al acuerdo se puede poner sobre la mesa que las grandes superficies también tengan que soportar un impuesto extraordinario como las eléctricas y bancos. Por tanto, es una especie de libre decisión condicionada por la penalización de un impuesto, y en este sentido de libre tiene poco.
Llama la atención que el ministro más afectado, al que podemos llamar el ministro del ramo, el de agricultura, ya se ha opuesto rotundamente a la medida, entre otras razones por considerarla ilegal (de ahí que Díaz hable de acuerdo voluntario bajo la amenaza de un nuevo impuesto). Pese a esta oposición, también es llamativa la blanda respuesta de la ministra portavoz del gobierno que no ha detenido la iniciativa, sino que la ha dejado abierta sobre la mesa. Pero es que esto aún resulta más sorprendente si se tiene en cuenta que la iniciativa de la vicepresidenta prácticamente ha coincidido en el tiempo con el debate en el Senado del presidente Sánchez que, después de dos largas intervenciones, que suman más de 2 horas, no dijo absolutamente nada, ni una posibilidad de este tipo, aunque anunció medidas de futuro.
Todo ello resulta algo liado y da una vez más la sensación de que este gobierno actúa no bajo criterios de racionalidad económica, sino a impulsos. Y si en un primer momento es capaz de negar reiteradamente la reducción del IVA del gas, pese a ser un punto que podría facilitar un acuerdo con el PP, algo que siempre es positivo para reducir el clima de confrontación, después cambia radicalmente de postura sin dar razón alguna y apuesta por aplicar la medida de la reducción del IVA. Y así podríamos ir citando otras muchas cuestiones que de un día para otro cambian, como si fueran una cuestión baladí.
No hace falta hacer la lista ahora, pero sí recordar la más gruesa de todas, la modificación de la tradicional política exterior española sobre el Sáhara, pactando con Marruecos y dejando descolgados a los saharauis cuando, como expotencia administradora, tiene sobre ellos, y de acuerdo con Naciones Unidas, la responsabilidad de velar y tutelar sus intereses. Prácticamente al tiempo que el Congreso de los diputados votaba en una extraña unanimidad contra ese cambio de política, Sánchez volaba a Marruecos para certificarla en una reunión con el monarca alauí, sin reparar en las consecuencias que esto podía tener sobre uno de nuestros principales proveedores de gas, Argelia.
Sirva este recordatorio como muestra de estos cambios de un día para otro que nunca disfrutan a posteriori de una explicación.
Ahora la ministra ha lanzado una iniciativa de ese acuerdo de precios y sus hooligans argumentan que eso ya lo hizo Sarkozy. No deja de ser curioso que la izquierda de la izquierda utilice como garante de una de las grandes políticas que quiere acometer al que ha sido uno de los destacados líderes de la derecha-derecha francesa. Pero, en fin, esto son paradojas de la actual política.
Incluso en los precedentes se atreven a hacer uso de otro derechista incuestionable, el propio Nixon y las medidas que en un sentido similar aplicaron en los años 70 en EEUU. Pero puestos a buscar antecedentes no hace falta ir tan lejos, ni utilizar unos que fueran flor de un día, porque lo que no se explica es que estas medidas tuvieron una gran provisionalidad y una utilidad más que dudosa.
El gran ejemplo del precedente de lo que quiere hacer Díaz se puede encontrar en Franco. Sus gobiernos usaron, precisamente para combatir la inflación, más de una vez, la congelación de determinados precios. Las personas de una edad aún pueden recordar que en los escaparates aparecían unos cartelitos que decían “estos precios son los mismos que” y la fecha en la que se habían congelado. Esta forma de intentar contener la inflación, que hoy en día ha sido reiteradamente aplicada a países de gran éxito económico como Venezuela, Argentina o Cuba, fue entonces fuertemente criticada por el mundo económico independiente. La razón es muy simple: son un engaño, porque la subida de precios no se debe a un acto voluntarista del conjunto de intermediarios que intervienen, sino al impacto de los movimientos de costes que produce en cadena la inflación. Lo que hace al limitar el precio, sea voluntaria u obligadamente, es simplemente embalsar la subida (es como colocar un dique que impide que el agua baje, pero el nivel del agua en el embalse mientras tanto sigue subiendo) mucho mayor de los precios que se han acumulado .
Si se quiere aplicar una medida que reduzca los precios de productos necesarios, hoy en día existe un camino para hacerlo perfectamente ortodoxo que no afecta a los equilibrios del mercado. Es lo que ha apuntado el sector pesquero: reducir el IVA de los productos que se quiera que tengan un impacto negativo en los precios y de esta forma el consumidor paga menos. Además, actuar de esta forma, tiene un cierto efecto redistributivo, ya que al no ser un impuesto proporcional, el IVA castiga más a las rentas inferiores.
Con carácter general la mejor medida para conseguir aliviar los presupuestos de las familias y empresas es bien conocido, se trata de deflactar los impuestos, es decir, descontar de la escala tarifaria los saltos que produce artificialmente la inflación y que hace que pagues más a Hacienda sin ingresar más.
En realidad la inflación a quien beneficia es a la Hacienda pública, y eso no tiene sentido. En lugar de ir tomando medidas que no dejan de ser cagaditas de paloma, es mejor llevar a cabo una gran política, como la de reducir de los impuestos a todo lo que se incrementa a consecuencia de la inflación. Además si se realiza de forma inversamente proporcional a las rentas, además se obtiene una mejora redistributiva. Son medidas claras, sencillas de aplicar, de gran impacto, que benefician a la economía real y a las economías domésticas, pero que el gobierno se niega a llevar a cabo.
Mientras, Dª. Díaz va haciendo inventos de aquellos que permiten salir a los medios de comunicación, junto a Sánchez, como adalides de lo que llaman la “clase media trabajadora”, y que no consiste en otra cosa que en ir repartiendo migajas para que así la gente agradezca con votos la mano de quienes les da.
Menos voladizos de paloma, menos improvisación de lo que dicen las encuestas, y medidas más al alcance, como puedan ser la reducción del IVA de determinados productos alimenticios y deflactar el impuesto a la renta que pagamos.
