La ley Celaá ha pasado al Senado y así ha quedado definitivamente aprobada. La ministra ha hecho como siempre, un discurso basado en abstractos universales que la palabra y el papel soportan bien pero que poco resuelven. Pero la realidad es que ley tal y como está planteada no resolverá la emergencia educativa que hace años que vive España, y que es una de las causas fundamentales del grave desempleo estructural que sufre el país.
En realidad, la práctica gubernamental española que Celaá ha mantenido, es propia de mentalidades literales. Aquellas que creen que las leyes lo arreglan todo sin que previamente exista un diagnóstico concreto de lo que quieren abordar, los objetivos tangibles de la solución y los medios necesarios para lograrlo; en otras palabras, un plan. Lo que es necesario en España y no tiene, es un plan educativo que fije objetivos concretos relacionados con los males que sufre el sistema educativo y defina las medidas, y entonces este proyecto sí puede dar pie a una ley que la oficialice. Pero la ley sin proyecto, que es lo que hay ahora, no sirve de nada.
Han elaborado un texto fuertemente ideológico que satisface a la que podríamos llamar visión del progresismo político, pero que poco tiene que ver con el realismo educativo que señala que el problema es el bajo rendimiento escolar. La incapacidad de superar la cronificación de la pobreza y la desigualdad, porque la escuela como principio del ascensor social no funciona.
El diagnóstico concreto señala que hay un porcentaje del orden de 1 de cada 5 alumnos, que varía mucho según la CCAA, que o bien repite curso o que aprueba la asignatura con un asterisco, que significa que no reúne los conocimientos necesarios. De estos alumnos una buena parte repetirán los últimos cursos de ESO y otros sencillamente abandonarán los estudios sin esta titulación básica. Es el abandono escolar prematuro y España ocupa un lugar destacado por su clamorosa cifra en el contexto europeo. También los informes PISA repiten año tras año la alerta, no ya de la mediocre puntuación que obtienen los alumnos, sino de la elevada concentración en los niveles más bajos de los conocimientos y el muy escaso número de alumnos que se sitúan en el nivel quinto, que es el máximo.
El resultado de todo ello es que España lidera, por su número, el grupo conocido como nini (NEET en su designación en inglés), que son los jóvenes de 15 a 29 años que ni estudian ni trabajan ni buscan activamente trabajo. La previsión es que para el 2020 en las circunstancias adversas de la crisis la cifra se sitúe en el 20%. De ahí surge todo el grueso de personas que luego, a lo largo de su vida, formarán parte de los parados crónicos, los trabajadores precarios, de aquellos que vivirán con dificultad y que aportarán menos de lo que cuestan al estado. Son una fuente de infelicidad para la persona que lo padece y de gasto para el estado. De acuerdo con los datos de la Comisión Europea, el coste anual de cada nini es de 11.375 euros (paro, discapacidad, sanidad, servicios asistenciales, etc.). Además, según la OCDE, el coste de cada repetidor en España se sitúa entre 7.700 y 8.500 euros. Y normalmente un nini suele haber sido previamente un repetidor. La cifra conjunta por cada persona en esta situación es, por tanto, extraordinariamente elevada y se produce año tras año como coste que soporta el presupuesto del estado y de las CCAA.
Las causas son bien conocidas, la escuela no sabe cómo motivar a todo un conjunto de alumnos, las carencias educativas con que vienen de casa dificultan el buen funcionamiento del aula y propician el bajo rendimiento que afecta a los más atrasados. No hay capacidad para motivar a estos estudiantes más difíciles que tienen niveles de cultura general alarmantemente bajos y que presentan en muchos casos un problema objetivo que la escuela no resuelve: la falta de comprensión lectora que cierra el paso a mejorar los conocimientos.
La ley Celaá no sólo no contempla respuestas para todo ello; hace literatura, sino que además multiplicará el problema porque al anular la repetición de curso y propiciar el aprobado político, detrae los últimos incentivos que estimulan al esfuerzo y no aporta estrategias pedagógicas que permitan superar el problema.
Con la ley Celaá el rendimiento escolar no mejorará aunque, eso sí, maquillará los datos de repetidores simplemente porque no existirán. Este hecho unido a la crisis a que vierte la ley en la escuela concertada tendrá como resultado que la emergencia educativa de España se situará ya en el plano de la catástrofe.
Cargando ...
