La principal virtud que se atribuye hoy a Salvador Illa como presidente de la Generalitat, tras superar los primeros 100 días de gobierno, es haber devuelto la tranquilidad institucional al país. Para algunos, este es un logro significativo; para otros, resulta claramente insuficiente y está en línea con la actitud que mostró Illa como ministro de Sanidad durante la crisis de la COVID-19: una postura pública medida y controlada, pero cuya gestión dejó mucho que desear.
Pasados estos 100 días, Illa ha configurado un gobierno de buena planta, pero que no ha adoptado medidas verdaderamente relevantes. Incluso su reciente encuentro con el presidente Pedro Sánchez fue de una insulsidad política notable. Seguimos sin claridad sobre la tan anunciada financiación especial para Catalunya, lo que ya dice mucho sobre la situación en la que nos encontramos.
Hoy tenemos una gran promesa que le valió a Illa, del partido del 155 -el mismo que intervino la Generalitat bajo el gobierno de Rajoy con el apoyo de Sánchez- el voto de Esquerra Republicana para ser investido presidente. Sin embargo, no sabemos en qué consiste exactamente esa promesa. Todo son anuncios a futuro, y lo más concreto hasta ahora ha sido la aprobación de 32 medidas que, como era de esperar, se refieren al feminismo y a la lucha contra la violencia machista: comisarías especializadas, centros de atención las 24 horas del día, fomento del empleo femenino y la ampliación de servicios de atención a víctimas de violencia machista, entre otros.
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El plan también involucra al Departamento de Educación, con el objetivo de sensibilizar y dotar de herramientas para identificar y abordar la violencia machista, algo que, según se sugiere, requiere una educación especial para ser reconocida. Asimismo, el Departament de Salud trabajará en la capacitación de sus profesionales para afrontar esta problemática, junto con protocolos para prevenir la violencia en el ámbito audiovisual, cultural y escénico. Todo esto acompañado del anuncio de una nueva comisaría de la mujer por parte de Núria Parlón, consejera de Interior.
Una vez más, queda claro cuáles son las prioridades del gobierno de la progresía, tanto en Cataluña como en Madrid, ya se llame Sánchez o Illa. Puede que el primero se muestre como un egocéntrico extraordinario y el segundo como un hombre deliberadamente discreto, pero la realidad señala su inoperancia para el conjunto de los ciudadanos. La gran mayoría del pueblo no vive de planes antimachistas repetidos hasta la saciedad, que son como una especie de paracetamol de los políticos.
El ejemplo más evidente es la falta de un presupuesto para el 2025. A pesar de las declaraciones iniciales, parece que entraremos en el año nuevo sin un presupuesto aprobado ni con las negociaciones iniciadas. Los 41 diputados con los que cuenta Illa en el Parlamento no le permiten sacar adelante el presupuesto sin negociaciones con Esquerra, Junts o los Comunes. En el Ayuntamiento de Barcelona, Collboni consiguó aprobar el presupuesto, pero la normativa municipal facilita la prórroga. En el ámbito autonómico, la exigencia es mayor: hay que recordar que Aragonés convocó elecciones precisamente porque no logró aprobar las cuentas.
En definitiva, tenemos un gobierno que, al margen del feminismo, todavía no ha logrado presentar nada verdaderamente relevante, ni siquiera un plan financiero para el próximo año. A esto algunos lo llaman tranquilidad o normalidad institucional; pero parece más bien la «paz de los cementerios». Lo que realmente hay es inoperancia, algo lógico si consideramos que, como excepción en Europa, estamos gobernados por mayorías mínimas que, gracias a los rincones de una política de partidos desacreditada, pueden seguir gobernando porque no se forman coaliciones suficientes ni se presentan alternativas. Y, sobre todo, porque no se convocan elecciones que devuelvan a los ciudadanos la capacidad de decidir.
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