En el transcurso de la rueda de prensa de Sánchez, a la vuelta de sus polémicas vacaciones, este anunció que ponía a disposición de las CCAA 2.000 rastreadores procedentes del ejército. Esta aportación, si nos atenemos al estándar alemán (que es uno de los más valorados en el ámbito internacional) de disponer de un rastreador por cada 5.000 habitantes, cubriría una población de 10 millones de personas que se añadiría a la cobertura actual de la que ya disponen las CCAA.
El problema es que el gobierno, el equipo del Dr. Simón, desconoce cuál es el número total de rastreadores de que disponen las diversas autonomías, y además tampoco tiene información sobre su caracterización; si son a plena dedicación, a tiempo parcial, si han realizado o tienen algún tipo de formación específica. Por ejemplo, las personas que en Cataluña operan desde el call center no son rastreadores, y por tanto no se pueden contabilizar como tales; sencillamente son personal del servicio telefónico de una empresa contratada que se limita a llamar al listado de personas que han estado en contacto con enfermos para verificar que están haciendo la cuarentena.
La función del rastreador es otra, y de hecho está contemplada en el Plan de Respuesta Temprana en un escenario de control de la pandemia por Covid-19 del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, celebrado el 16 de julio. En él se define la estrategia de detección precoz, vigilancia y control del Covid-19, y el papel del rastreador, que es la persona dotada de una formación específica que recorre exhaustivamente todos los contactos que ha tenido una persona que ha sido identificada como portadora.
El propio Banco de España acaba de formular en un informe una serie de recomendaciones en este campo que pide un drástico aumento de la detección y el rastreo; un salto de escala de manera de hacer pruebas y rastreos con carácter masivo. La razón es muy concreta: «el coste mensual de implementar esta estrategia sería inferior a las pérdidas económicas que la pandemia podría provocar en menos de una semana».
En este escenario, la carencia española es muy evidente, porque continúa reiterando los mismos déficits que al inicio. Hay una falta absoluta de planificación, coordinación y liderazgo por parte del gobierno español, y este hecho multiplica en cascada los inconvenientes, confundiendo el autogobierno autonómico con la descoordinación. Es necesario que el gobierno español regule con precisión todo el proceso del que los rastreadores son una parte central pero no única, y que acote los estándares necesarios en cada una de estas partes del proceso y homogenice las exigencias cualitativas.
Concretemos esto: en primer término, se debe establecer un número mínimo masivo de pruebas por PCR, y en este sentido debe acercarse necesariamente y con urgencia a las cifras de los países de éxito, como Corea y Alemania. Esta fase exige además un resultado más rápido que el actual de los diagnósticos, porque si hay que esperar 48 horas, una parte del daño ya está propagado. Y también fórmulas que faciliten esta masividad de análisis. La centralización en los CAP es, en este sentido, una limitación. Hay autonomías que han descentralizado parcialmente la toma de muestras, incluso sin bajar del coche. En el caso de Cataluña, y sólo de manera reciente, se han hecho pruebas en localidades escogidas, como algunos barrios de Sabadell, Terrassa, l’Hospitalet, etc., pero en un número absolutamente insuficiente. Sólo si hay suficientes PCR con respuesta rápida del diagnóstico, el trabajo de los rastreadores que viene a continuación puede ser eficaz.
Ateniéndonos al estándar alemán, Cataluña necesitaría 1.500 personas preparadas y específicamente dedicadas a esta tarea y a tiempo completo. No están y las cifras que da la Generalitat son deliberadamente confusas, presentando como rastreadores a figuras que no lo son. Esta tarea es esencial para acotar y confinar a las personas que son positivas de Covid-19. Pero una vez identificadas y hecha la comunicación a estas personas, el problema no queda resuelto. No lo está si no hay un control efectivo del cumplimiento de la cuarentena de todas ellas y, en su defecto, las sanciones importantes que actúen como disuasivo de su incumplimiento. Por ejemplo, en el caso de Cataluña no hay datos sobre el estado de estas personas, ni de las sanciones que se han podido imponer. La Generalitat, como otras administraciones, en lugar de presentar resultados, que serían cifras en relación con los aspectos mencionados, lo que hace es subrayar sólo los medios que destina, en este caso el seguimiento a través del call center. Pero llamar a las personas potencialmente en cuarentena no garantiza ni mucho menos que estas la estén cumpliendo. Por no conocer ni siquiera tenemos información sobre el número de llamadas fallidas, que sería un indicador imperfecto, pero que aportaría alguna información sobre el grado de cumplimiento.
En definitiva, detrás de las palabras y de las cifras sobre medios, debe haber concreción sobre los objetivos alcanzados.
La Generalitat tiene que informar del número diario de PCR que hace, del tiempo en que se da el resultado de la prueba, el número de positivos, la dimensión de las cadenas de contagio, el número de personas en cuarentena y el grado efectivo de cumplimiento de esta. Sin estos datos es imposible que ni los mismos responsables puedan evaluar si las políticas que siguen funcionan bien.
