Un diario, El Mundo, titulaba a toda página este lunes 18 de julio “Sánchez logra que un Tribunal Constitucional afín resuelva la ley Celaá, el aborto y la eutanasia”. Es suficientemente espectacular porque señala la instrumentalización política de la justicia, pero no es del todo exacto porque todavía está por ver si la última maniobra de Sánchez prospera o no.
Esta maniobra consiste en modificar parcialmente una anterior y reciente ley del gobierno español que impide al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) realizar los nombramientos a cargos que les corresponden hasta que se renueve. Fue un instrumento concebido para presionar y obtener la renovación de este organismo a la que el PP opone serias dificultades sobre todo a la presencia de personas procedentes del campo de UP. Sin embargo, este ingenio jurídico fue un disparo al pie porque también impide nombrar por parte del CGPJ a los jueces del Supremo que ahora les corresponde y que de hacerlo desequilibraría la actual correlación de fuerzas para decantarlo claramente a favor de miembros favorables a las tesis gubernamentales.
Sánchez ha hecho una nueva ley que enmienda parcialmente la anterior. Sigue impidiendo todo nombramiento excepto el del TC. El pasteleo es difícilmente presentable y constituye una manipulación descarada de la capacidad del ejecutivo para condicionar el teórico tercer poder, el de la justicia.
Lo hace sobre todo porque el TC no puede esperar más, ¡hace 12 años!, para resolver el recurso sobre la ley del aborto en vigor, pero también porque hay recursos presentados sobre la eutanasia y la ley de enseñanza que son piezas fundamentales del actual régimen político y el rediseño ideológico de la sociedad.
Esta manipulación descarada de la ley es contraria a las normas que rigen en la UE, pero ésta en cuanto a la Comisión es bastante estrábica y mira con mucha atención lo que hacen los países del este y con muy poco los avatares de la justicia (también de la inmigración) en los países occidentales. Los mismos que critican a Trump porque en sus facultades presidenciales y sin distorsionar ningún antecedente ni norma jurídica, acabó nombrando sucesivamente a tres miembros del Tribunal Supremo de EEUU, sencillamente porque la ley de vida le fue favorable y fueron muriendo en su mandado o quedando imposibilitados los tres jueces precedentes, aceptan y aplauden los retorcimientos de Sánchez para condicionar el poder judicial. Es una muestra más de la degradación de la vida política del país, donde lo que es justo depende sólo que sea de los míos o de los demás.
Con todo esto existe una fuerte fractura del estado de derecho, basado en el equilibrio de poder que en España está absolutamente decantado a favor del ejecutivo, porque el Parlamento a la hora de la verdad y por el sistema electoral que rige, es un simple apéndice de la voluntad del que manda. Por parte del poder judicial está claro que de siempre el PSOE ha intentado que no existiera tal independencia. Lo que ahora hace Sánchez es apretar el clavo yendo mucho más allá de lo que es una tendencia. El estado de derecho se fundamenta en los equilibrios entre los tres poderes. También en que las medidas que se adopten no sean arbitrarias, es decir, que estén racionalmente justificadas, así como que los procedimientos se respeten. Todos estos aspectos son sistemáticamente vulnerados por el actual gobierno, como lo es otro principio fundamental de la democracia que es la consideración y respeto a las posiciones minoritarias. Una democracia no es sólo votar y lo que dice la mayoría va a misa, porque esto se genera con facilidad en una suerte de imposición de la mayoría. Todos los aspectos detallados (equilibrios entre poderes, leyes no arbitrarias, respeto a las minorías) son absolutamente necesarios. En este sentido, cabe recordar que la constitución tal y como está redactada tenía como objetivo que realmente existiera un poder judicial independiente del político. Y por ello se elegían 12 de los 5 miembros del CGPJ por parte de los propios miembros de la carrera judicial. Pero ya el primer gobierno socialista aprobó una reforma que concedía a los representantes del Parlamento elegir su totalidad. Era un poder subsidiario del poder político parlamentario, que como hemos dicho y en nuestro caso, es al mismo tiempo un apéndice del poder gubernamental.
La UE declaró en su último informe sobre «el estado del derecho de 2021″ que había que establecer un sistema en el que los jueces del consejo fueran escogidos por los propios jueces», pero eso naturalmente no sólo no se cumple, sino que ahora Sánchez aún lo retuerce más.
Mientras, la Comisión Europea en este caso calla.
