El presidente Quim Torra ha anunciado, en una declaración institucional en el Palau de la Generalitat, que convocará elecciones tras la aprobación de los presupuestos del Gobierno en el Parlamento.
En un duro discurso contra ERC, a la que ha acusado de deslealtad, Torra ha afirmado: «Esta legislatura ya no tiene recorrido político». Ha acusado a Esquerra de no informarle de su decisión de dejarlo sin su acta de diputado y de tener una estrategia absolutamente diferente de la de JxCat. «El Gobierno, ningún Gobierno puede funcionar sin unidad, sin una estrategia común y compartida en cuestiones fundamentales y sin lealtad entre socios», ha afirmado. «La legislatura no tiene más recorrido si no se rehace la unidad», ha añadido. «Hace falta un Gobierno que no desfallezca ante los golpes de un Estado que no ha dejado de ser autoritario ni represor».
Torra ha encargado al vicepresidente Pere Aragonés que lleve los presupuestos al Parlamento para su aprobación, y ha anunciado que mantiene la entrevista el 6 de febrero con Pedro Sánchez para comprobar si el Ejecutivo español quiere «poner fin a la represión y respetar los principios democráticos más elementales». Finalmente, ha anunciado las elecciones como una oportunidad de «renovar el mandato político del 21-D» de las últimas elecciones catalanas y que «los ciudadanos decidan nuevas mayorías y confianzas».
El planteamiento de Torra, sin embargo, presenta numerosos puntos débiles, porque está pendiente su inhabilitación por parte del Tribunal Supremo como Presidente de la Generalitat. Si esta se produjera antes de la aprobación de los presupuestos, Torra debería ceder inmediatamente su lugar al vicepresidente, que no tendría capacidad legal para convocar elecciones, a menos que se produjera una crisis de gobierno y un vacío de poder, creando un hecho inédito en el Parlamento, porque entonces la cámara debería elegir un nuevo presidente de entre sus miembros, cosa difícil dada la ruptura previa entre el independentismo. Está claro que de rebote podría acabar configurándose un tripartito. Pero hoy, este escenario, teóricamente posible, es todavía política ficción.
Por otra parte, si Torra convoca elecciones, estas sólo son efectivas a partir del momento en que el Parlamento se disuelve, y por lo tanto queda sin efecto el trámite de los presupuestos, que decae para volver a la casilla de salida.
No hay que confundir el anuncio que pueda hacer el presidente de una hipotética fecha de elecciones con la convocatoria efectiva de las mismas. El anuncio en sí mismo no representa nada hasta que el presidente realmente disuelva el Parlamento. Todo ello, por tanto, hace muy complicada la situación y la deja en gran manera al albor del Tribunal Supremo.
