Los sueldos que cobran los políticos y los cargos de la Generalitat son los más altos de España. El presidente, por ejemplo, tiene unos ingresos de 153.235 euros brutos al año. Los consejeros por su parte, perciben unos ingresos anuales de 115.000 euros brutos. Más de 180 puestos de responsabilidad perciben cifras que se sitúan en torno a los 100.000 del año.
Formalmente son más altos que los del presidente del Gobierno, pero la comparación no es real porque esta figura, así como la de los ministros, tienen un nivel de gastos que no forman parte del sueldo. Lo que sí resulta más comparable es el del presidente de la Generalitat porque tiene casa y gastos de representación a añadir a esa cifra. En todo caso, son sueldos de excelencia que sin duda permiten que personas muy capacitadas en la sociedad alcancen puestos de responsabilidad. El problema es que no es la vía de la excelencia la que determina el lugar, sino la vía de la fidelidad al partido, que es otra cosa.
Estos sueldos tan elevados y la vía partitocrática hacen que cuando un consejero o alto cargo pierde su lugar, sus ingresos reciban un fuerte varapalo porque su valor en el mercado es habitualmente muy inferior. La consecuencia de este hecho la soporta también el erario público porque entonces para compensar la pérdida económica se deben generar cargos básicamente concebidos para alimentar a aquellos que han perdido el puesto político de relevancia que les dotaba de grandes ingresos.
Ahora el nuevo gobierno que percibirá ingresos tan altos, debe afrontar una serie de problemas acumulados y nuevos que hasta ahora los que les han precedido no han sabido cómo tratar. Lo más nuevo de todos y que puede ser demoledor es el crecimiento desmesurado de los ERE, es decir de los despidos. Se cumple la profecía de que los ERTE se van transformando en personas sin trabajo. Concretamente, en los dos primeros meses del año se han producido 4500 despidos, que es una magnitud casi igual a la mitad del año pasado y por encima de la suma de todos los despedidos en 2010 y 2018. Es un dato alarmante que también en estos dos primeros meses cerca de 58.000 personas se vieron afectadas por expedientes de suspensión y reducción de jornada, y lo que es más grave, todo esto no afecta sólo al comercio y a la hostelería sino que está teniendo una incidencia importante en la industria.
Pero también hay problemas acumulados que ahora hacen eclosión con fuerza debido a la Covid-19. Por ejemplo, Cataluña encabeza el ranking de personas dependientes en la lista de espera, tantas como 73.386. El Observatorio para la Dependencia dice literalmente que ve «una hecatombe» en los retrasos que acumula Cataluña. No tiene una explicación lógica esta gran diferencia con el resto de autonomías, porque si bien es cierto que este es un servicio mal financiado por el estado, también lo es que la mala financiación afecta a todos y no sólo a Cataluña.
Por si fuera poco, el Dincat, que representa a las 300 asociaciones catalanas que tienen 40.000 personas con discapacidad intelectual, presentó un libro blanco en el que denuncia que las entidades que hacen este trabajo están al límite, porque las administración catalana las desatiende.
Se puede señalar también un aspecto singular que ayuda a mostrar descarnadamente la contradicción entre las elevadas retribuciones y la acción del gobierno. Se trata de todo lo relacionado con el medio ambiente. Ahora Pere Aragonés señala que quiere crear dos nuevos departamentos, con lo que significará en multiplicar el gasto. Uno relacionado con el feminismo, que tiene un sentido escaso porque en todo caso debería ser una competencia transversal y no vertical, y otro relacionado con el medio ambiente.Hay que recordar que Cataluña es la comunidad que tiene más legislación medioambiental, empezando por una grandilocuente ley de lucha contra el cambio climático, pero en la práctica lo más elemental no está dado: el bien insustituible del suelo fértil no cuenta con ningún programa de lucha contra la erosión. Los bosques, que ocupan la mayor parte de Cataluña, no tienen financiación. E incluso atenciones históricas que habían prestado en el pasado, como la lucha contra la procesionaria, hace años que están desatendidas. «Grandes» leyes contra el cambio climático, pero la energía eólica instalada en Cataluña representa sólo el 4,6% del total español. Más departamentos, más gastos, malas políticas.
Y aún nos quedaría por remitir los agujeros negros, pero este aspecto vale la pena que lo tratamos en otra ocasión.
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