Hace veinte o treinta años nos habrían tomado por locos si nos hubiéramos atrevido a pronosticar que en pleno siglo XXI las bicicletas y los patinetes serían los protagonistas de la “nueva” movilidad urbana. Pero esta es la realidad: las aceras, los carriles “ad hoc”, y las calzadas de los coches están llenas –y cada día más- de estos artilugios progresivamente más sofisticados y que dan respuesta a nuevas necesidades de la ciudadanía.
Es innegable que seducen por su practicidad, economía, y adaptabilidad a un uso intermodal, porque caben en el maletero del coche, dentro de un bus, en el tren, o en el metro, y complementan los trayectos que se pueden realizar con estos otros medios.
Pero también es innegable que, lejos de contribuir a una mejora de la convivencia en el espacio público, son un elemento de agresividad y conflicto, e incluso de peligrosidad.
Estos efectos nocivos para la convivencia pacífica no se derivan de la naturaleza de dichos medios de movilidad personal, sino del uso que hacen de ellos sus propietarios, de la inhibición reguladora de las administraciones competentes, y de la mentalidad existente en el fondo.
La progresía sociopolítica se ha apresurado a bendecir el uso de bicicletas y patinetes bajo la consigna de la sostenibilidad
La progresía sociopolítica se ha apresurado a bendecir el uso de bicicletas y patinetes bajo la consigna de la sostenibilidad, y como un elemento más de confrontación ideológica contra los coches, y las motos de rebote. Esta bendición del pensamiento políticamente correcto ha ido acompañado de reservas del espacio público en forma de carriles o aparcamientos, con unos costes asumidos desde los presupuestos públicos a los que no contribuyen de forma específica los “responsables” usuarios de estos vehículos.
Pero, en el fondo, estos nuevos vehículos de movilidad personal son una manifestación del subjetivismo moral y del individualismo lisa y llanamente, en una flagrante derrota de los postulados de la izquierda clásica en materia de movilidad, que eran el transporte colectivo público y gratuito.
La izquierda ha renunciado al transporte público y colectivo, pasando al transporte privado e individual. No es un cambio menor. De hecho, es la manifestación del paso de una izquierda con valores colectivos (que se pueden compartir, o no) a una izquierda sin valores colectivos, y que ha asumido sin despeinarse el liberalismo radical pariente del anarquismo como modelo de referencia bajo la etiqueta de la sostenibilidad inespecífica como valor referencial, y como patente de corazones del despotismo ecologista.
Los patinetes y las bicicletas conllevan el sometimiento de las normas y de los pactos de convivencia en el espacio público a los deseos individuales de los usuarios, que sólo buscan la satisfacción de su particular necesidad de desplazamiento: voy por dónde quiero, cuándo quiero, y cómo quiero, sin ninguna autoridad que me autorice a conducirlos, ningún seguro obligatorio, sin pagar ningún impuesto específico, y sin limitación alguna más allá de mis necesidades personales. Individualismo, insolidaridad, irresponsabilidad y subjetivismo. El cóctel moral hegemónico de nuestro tiempo.
La reconducción de esta situación es posible, si se adoptan las políticas públicas adecuadas en la línea de lo que se expone a continuación:
- La regulación de la movilidad en el espacio público compartido debe ser el resultado de un pacto entre todos los agentes que intervienen, bajo tres principios básicos:
- Cualquier decisión debe tener en cuenta la protección del más débil, que es el peatón.
- Priorizar el transporte público colectivo de calidad y equitativo en las tarifas.
- Todos los usuarios del espacio público deben contribuir económicamente, y deben estar cubiertos ante eventuales daños propios y a terceros.
- Sistema de identificación e impuesto de circulación para bicicletas y patinetes.
- Seguro de accidentes obligatorio para bicicletas y patinetes.
- Regulación de los servicios de bicicleta y patinetes compartidos.
- Regulación de los servicios turísticos de rickshaw.
Estos y otros elementos, liderados desde unas administraciones que tengan en cuenta los legítimos intereses de todos los ciudadanos y sin perjuicios ideológicos, pondrían los fundamentos de una movilidad consensuada, ordenada, equilibrada, y respetuosa con todos.
La reconducción de esta situación es posible, si se adoptan las políticas públicas adecuadas en la línea de lo que se expone a continuación Share on X
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