En el artículo precedente , situaba las dificultades que rodean el pacto sobre la financiación de ERC y el PSC. Estas dificultades se ven agravadas por la opacidad que, desde el gobierno, impera sobre la naturaleza y la concreción del pacto. El no querer explicar en qué consiste quedó patente en la sesión del miércoles 4 de septiembre en el Senado, en la que la vicepresidenta Montoro se limitó a reiterar, una y otra vez, la literalidad del texto del acuerdo, sin glosar ninguna precisión o aclaración.
La falta de transparencia es particularmente grave porque la explicación de ERC y la del gobierno español son diametralmente opuestas. Cuanto más se quiere apaciguar una parte del problema, más se excita a la parte contraria. Esto es evidente, por ejemplo, en la doble página de Manuel Pérez en La Vanguardia , cuya finalidad es apagar los incendios en el campo socialista, especialmente el causado por Borrell con su interpretación del pacto. Una lectura atenta del argumentario “apagafuegos” deja claro que:
- No es una confederación fiscal.
- No es un concierto fiscal.
- No es una reforma global del sistema fiscal, puesto que será bilateral, pero al mismo tiempo deberá encajar con el sistema general de financiación. Entonces, ¿qué se ha pactado?
- No puede ser, en contra de lo que dice Sánchez, un proyecto federal, puesto que habría que modificar sustancialmente la Constitución, acordarlo, llevarlo a referéndum, convocar a Cortes constituyentes y aprobarlo en estas Cortes. Imposible.
- Todo el mundo será compensado, pero no queda claro cómo, aunque se pueden hacer algunas consideraciones en este sentido, como veremos más adelante.
- La Generalitat gestiona, recauda, liquida e inspecciona todos los impuestos soportados en Catalunya. Sin embargo, esto lo hace sólo por delegación, lo que significa que se mantiene la administración del Estado en materia tributaria en Cataluña. Si esto no termina en un consorcio fiscal, como dice el Estatut y ya planteaba el PSC de entrada, ya me dirá cómo se resolverá.
- Pese a lo que se dice sobre la competencia de la Generalitat, Illa también remarca que el gobierno autonómico no tiene carta blanca en materia fiscal y que lo que se recoge en el texto no son objetivos absolutos, sino que señala el aumento sustancial y progresivo de la capacidad normativa en coordinación con el Estado y la UE. No hay ningún autogobierno fiscal, sino unas atribuciones que delimita el Estado.
Hay que ver cómo se resuelve todo esto. En cualquier caso, y pese a la opacidad, cuanto más intenta el gobierno defender su posición, más parece que ERC haya caído una vez más en una nueva versión del «parto de los montes».
Hay un punto muy decisivo, sobre todo porque determina la actitud final de las demás autonomías. Ya lo ha formulado Sánchez en su discurso triunfalista de inicio de curso, en el que se congratulaba del septenio de gobierno progresista, que ha dado lugar a los mejores años de España.
Anunciaba que habría más dinero para todos. ¿Cuántos más? No se sabe, pero si hacemos caso a la tesis de Mas-Colell, de lo que él llama “objetivo Santander”, es decir, que la ampliación de recursos dé lugar a un gasto autonómico por persona que iguale el de Cantabria en 2024 , se necesitará una abundante provisión de recursos.
Recordemos que la financiación total homogénea ajustada por habitante de ese año 2024 da, para un índice 100 igual a la de España, un 124,6 para Cantabria. Para igualar esta cifra, y suponiendo que Cantabria no mejore, esto implicaría que Madrid debería registrar una mejora del 25%, Murcia y Andalucía del 30%, al igual que la Comunitat Valenciana. Por otra parte, La Rioja sólo se beneficiaría de un incremento del 5% y Extremadura, pese a presentar un déficit astronómico, de un 6%.
Siguiendo esta lógica, Catalunya debería ver incrementados sus ingresos en un porcentaje similar al de Madrid, es decir, entre otros 7.000 y 8.000 millones. Esto significa que el acuerdo entre ERC y el PSC, para diferenciarse de lo que sería el régimen autonómico normal “objetivo Santander”, debería superar esta cifra, porque, de lo contrario, habría mucho cambio en la letra pero poca mejora en el cajón.
Todo esto es muy complicado, y esto en política no suele acabar bien, sobre todo si añadimos que la negociación debe ser, como es lógico, entre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la consellera de Economía de la Generalitat, Alicia Romero. Si es así, el desnivel en la autoridad que cada una tiene respecto a la otra no constituye un buen augurio. En cualquier caso, esperamos y encendemos una vela a Santa Rita.
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