Primero fue el anuncio de la derogación del delito de sedición por la vía de urgencia, lo que dará lugar a una coincidencia malévola: la próxima semana se iniciará el debate sobre los presupuestos y sobre esta modificación del Código Penal, lo que escenificará un presunto intercambio de cromos entre gobierno y ERC que ambos siempre han negado. Sea como fuere, el hecho se ha producido, y además viene acompañado de la resolución del delito de malversación cuando no existe lucro por parte del inculpado. Ese es el argumento del gobierno para resolver esta cuestión.
No deja de ser una elucubración, porque en el ámbito político puede no haber un beneficio monetario directo, pero sí otro en términos de voto, de poder, de ventaja política, en definitiva, que es tanto o más significativo que la estricta ganancia económica, porque puede representar mucho más. Esta última modificación tendrá además la virtud del gobierno de resolver el enojoso caso del expresidente de Andalucía, Griñán, que ha pedido el indulto, una patata caliente a manos de Sánchez, y que ahora con esta solución pasará no como una excepción, sino dentro del paquete de los independentistas. En cierto modo podíamos decir que se matan dos pájaros de un tiro.
A ERC estas dos ganancias, que benefician sobre todo a la cúpula del independentismo, le permiten justificar el camino de la negociación como garantía de éxito, produciéndose en este punto una contradicción . Para ERC estas importantes medidas son un paso más para alcanzar por vía negociada un referéndum de independencia . Pero por parte socialista significa exactamente lo contrario: haber desarbolado el independentismo . Algunos utilizan otra palabra, la de “desinflamar” como si se tratara de una infección de alto cuerpo social.
Ambas afirmaciones son incompatibles entre sí. O es un paso más con la liquidación del independentismo como opción política real, más allá del testigo, o augura un futuro triunfo, algo difícil porque exigiría una modificación de la Constitución, que no está solo en manos de ERC ni del PSOE, en caso de que este la pudiera llevar a cabo. Por tanto, la balanza de la razón se inclina más bien por la conclusión del sanchismo: han desinflamado el independentismo.
Pero, ¿es realmente así? La respuesta a la luz de los datos disponibles es que no, porque este proceso viene de tiempo atrás, sigue una tendencia marcada y estos hechos, como antes el indulto, no han acelerado la caída de las adhesiones al independentismo, que han seguido el ritmo de decrecimiento ininterrumpido que se observa en los datos del CEO desde mayo de 2019 cuando estaba situado en el 40% y ha ido descendiendo la opción que desea el estado independiente hasta llegar al actual 34%. En este declinar influyen mucho más los propios errores e incapacidades del movimiento independentista que las acciones de Madrid, que en todo caso sí tienen a su favor que no contribuyen, por el contrario, a excitar el impulso favorable a la independencia.
JxCat critica el resultado bajo el argumento de que facilitará la represión sobre actuaciones que hasta ahora eran de orden menor, como las ocupaciones y las manifestaciones. En el caso, por supuesto, de que se le aplique la nueva figura de desórdenes públicos agravados.
En cualquier caso, unos hechos son evidentes: en primer lugar, la tramitación de una modificación políticamente tan importante se hace traicionando el sentido de lo que es el Parlamento: se utiliza la vía de urgencia, se acortan rápidamente todos los plazos y se transforma en un visto y no visto. Se profundiza así la vía emprendida por el sanchismo de ubicar el Congreso de los Diputados como un órgano subsidiario de las decisiones que toma el ejecutivo. No es un buen camino para la democracia.
Otro hecho es que, lógicamente, se produce un choque con el Tribunal Supremo y, más allá todavía, con la justicia española que queda en evidencia frente a Europa. Simplificando, podríamos decir que Bélgica tenía razón con sus reservas y Llarena no. Es un tanto a favor del independentismo, como es también un boquete más en el edificio institucional español. Sea como fuere, desde una perspectiva internacional, el tercer poder del estado queda tocado en su prestigio y objetividad por la decisión del gobierno Sánchez.
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