Es obvio que el problema de la vivienda en España es una cuestión compleja que afecta a amplias capas de la población. Sin embargo, su complejidad no es excusa para que, después de seis años de gobierno de Sánchez, la situación haya empeorado radicalmente hasta convertirse en crítica, condicionando gravemente la vida y el futuro de muchas personas y afectando negativamente a la economía.
Un factor determinante de la crisis es el aumento de los precios. En los últimos años, España ha experimentado un importante incremento en los precios de la vivienda, tanto en la compra como en el alquiler. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), los precios subieron especialmente en las grandes ciudades, como Madrid y Barcelona, dificultando el acceso a la vivienda para jóvenes y familias con ingresos medios y bajos. Un factor clave es la escasez de vivienda social.
España cuenta con uno de los porcentajes más bajos de vivienda social en Europa, limitando las opciones asequibles para los sectores más vulnerables de la población. Falta inversión sostenida en vivienda pública. Además, la proliferación de viviendas turísticas ha influido en el aumento de los precios y la gentrificación de ciertos barrios. En cuanto a la inversión especulativa, no es un factor decisivo, puesto que sólo el 8% de las viviendas de alquiler están en manos de grandes tenedores; el 92% son pequeños propietarios, de los cuales el 90% tienen sólo una vivienda para el alquiler.
También cabe señalar que el problema de la vivienda está ligado a las actuaciones urbanísticas y a la ordenación territorial. Mientras que en las zonas urbanas y turísticas el acceso a la vivienda es cada vez más difícil, en las áreas rurales existe un exceso de viviendas vacías, reflejando desequilibrios en la distribución poblacional y económica. Los inmigrantes tienden a concentrarse en las grandes ciudades, lo que contribuye a aumentar la demanda. El gobierno no dispone de políticas para hacer frente a estos desequilibrios.
Desde su llegada al poder en 2018, el gobierno de Pedro Sánchez ha tenido que enfrentarse al reto de la vivienda. Sin embargo, ha prometido mucho y ha hecho poco.
Ha aplicado políticas de regulación del alquiler recientemente, con medidas para limitar el aumento en zonas tensionadas. La Ley por el Derecho a la Vivienda, aprobada en mayo de 2023, incluye mecanismos para controlar los precios en estas áreas. Sin embargo, fue objeto de debate, con críticas que señalan posibles efectos adversos, como la reducción de la oferta de alquiler, tal y como ya se empieza a ver en Catalunya.
El gobierno ha anunciado planes para aumentar el parque de vivienda pública en 20.000 unidades. Sin embargo, la ejecución de estos planes es a largo plazo y requiere coordinación con comunidades autónomas y ayuntamientos. Pese a los anuncios realizados en el pasado, la realidad es que no se han traducido en hechos.
Otra línea ha sido la movilización de viviendas vacías. Se han establecido incentivos y penalizaciones para aumentar la oferta de alquiler, pero estas medidas han tenido una efectividad limitada.
Las medidas de protección frente a desahucios con moratorias y suspensiones para proteger a las personas vulnerables, iniciadas durante la pandemia, se han extendido, pero esta política ha tenido un efecto contraproducente porque transfiere el problema al sector privado, y no es el Estado quien asume este déficit social. Esto disuade aún más a la promoción de vivienda de pago, ya que nadie quiere quedar expuesto a tener el piso ocupado y a soportar los gastos sin disponer de ingresos.
Se han establecido subvenciones y bonos jóvenes para facilitar el acceso al alquiler. Sin embargo, la burocracia y los requisitos estrictos han dificultado su alcance. También se han implementado facilidades para acceder a hipotecas en el caso de los jóvenes, pero la carencia de dimensión y el mal diseño de estas políticas las convierten en irrelevantes.
Aunque el gobierno ha reconocido el problema y ha implementado políticas, los resultados han sido limitados hasta ahora. Los precios de la vivienda continúan al alza, y el acceso sigue siendo complicado para muchas personas. Además, la necesaria colaboración institucional no existe: la vivienda es una competencia compartida entre el gobierno central y las comunidades autónomas. Las diferencias políticas y la carencia de coordinación han obstaculizado la implementación efectiva de las políticas.
Representantes del sector advierten de que medidas como el control de rentas pueden desincentivar la inversión y reducir la oferta de viviendas en alquiler.
El problema de la vivienda en España se enmarca en discusiones más amplias sobre el papel de las instituciones en la economía, como exploran Daron Acemoglu y James A. Robinson en “Por qué fracasan los países” . También hay que considerar cómo las políticas gubernamentales afectan al mercado de la vivienda , tal y como señala Douglass C. North en “Institutions, Institutional Change and Economic Performance” .
Desde que Pedro Sánchez asumió el poder en junio de 2018, la construcción de vivienda social no ha alcanzado los niveles de décadas anteriores: entre 2019 y 2022 se iniciaron unas 13.000 a 15.000 viviendas protegidas anualmente, muy lejos de las 80.000 que se construyen entre 2003 y 2010. La cifra de vivienda social sigue siendo muy inferior a la media europea, con sólo 0,9 viviendas sociales por cada 100 habitantes.
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