Sánchez ha anunciado, allí donde siempre da las grandes primicias, que no es el Congreso de los diputados sino en la cadena de televisión amiga de La Sexta, la intención de modificar ahora mismo el delito de sedición para convertirlo en otro tipo que sería el de desorden público grave que tendría sanciones mucho menores.
Llama la atención esta tendencia de nuestros gobernantes a pasarse por el forro el Parlamento, lugar de las grandes manifestaciones, y a utilizar directamente los medios de comunicación. Hay en todo esto una degradación de la función parlamentaria y, por tanto, de la democracia representativa, que se extiende en otros muchos aspectos que salen al debate, como es el caso de presentar leyes por la vía de la proposición y no del proyecto de ley a fin de ahorrarse informes preceptivos del Consejo de Estado y de la fiscalía, o también el hecho de calificarlos de urgentes sin justificación adecuada a fin de evitarse también consultas, comparecencias y tramitaciones que pongan de relieve las llagas de la ley.
Ahora mismo se quiere utilizar la ley de presupuestos para colar una serie de otras normativas, concretamente reformas que nada tienen que ver, como son las leyes del gobierno, la de los contratos públicos y subvenciones y el Estatuto Básico del Ocupado Público. En este contexto, la introducción de este cambio comportará sin duda una agitación extraordinaria.
La primera cuestión a aclarar, que solo se verá cuando se conozca la letra de la ley, será si la nueva figura sustituye a la actual de sedición o esta queda derogada, porque sus consecuencias prácticas serán diferentes. La segunda cuestión es que obviamente esta modificación no resuelve el delito de malversación que lleva la inhabilitación durante tiempo y que afecta a la mayoría de los condenados excepto a los dos Jordis, a la que fue presidenta del Parlament, Carme Forcadell y a Marta Rovira, quien se mantiene en Suiza y no ha sido juzgada. Ella sería sin duda la más beneficiada, porque directamente el resultado supondría una reducción sustancial de lo que podría ser la pena. En contrapartida, Puigdemont, no solo debería ser juzgado, y en su caso condenado por el nuevo delito, sino que además pesa sobre él el delito de malversación y, por tanto, su situación impediría que esperara el juicio desde su casa sino que estaría seguramente en prisión preventiva.
ERC exhibirá este resultado como un éxito de su mesa de diálogo, si bien no está claro que esto signifique un gran beneficio político y sobre todo electoral.
Sin embargo, hay otra cara de la moneda: el coste que esta medida puede tener para el PSOE en el año de elecciones autonómicas. De entrada y a pesar de la lógica disciplina de partido, cabe apuntar que existe un ruido sordo de disconformidad, en el sentido de que Sánchez solo busca su permanencia en el gobierno e ignora los intereses electorales del partido en los territorios.
La medida también representa una clara desautorización a los jueces y a los fiscales; jueces del Supremo, no lo olvidemos, que en ningún momento plantearon una reserva por la inadecuación de la figura jurídica que utilizaban para condenar la sedición. Además viene a dar la razón a las objeciones de la justicia belga al poner inconvenientes para entregar a Puigdemont y a los demás inculpados por reservas con los procedimientos de la justicia española. De rebote, todo ello, puede influir negativamente a España en el contencioso aún no resuelto en el Tribunal Europeo de Justicia.
Un efecto central de la medida anunciada por Sánchez es que da argumentos al PP para no pactar la renovación de la justicia, porque puede levantar con facilidad la bandera de la arbitrariedad a partir del cambio que quiere realizar.
En el trasfondo hay un griterío de manipulación del gobierno que está alimentado por hechos concretos suficientes como para hacerlo creíble. Para no ir más lejos, y en una desafortunada intervención pública, la ministra portavoz se explayó ampliamente pidiendo que los medios de comunicación, especialmente los telediarios, reservaran un espacio para que el gobierno pudiera informar directamente de sus cuestiones y lo argumentó porque de esta manera no quedaría manipulada la información, lo que a la vez significa una acusación a los medios de comunicación y la afirmación de que el único que tiene la verdad en la exposición de las medidas gubernamentales es el propio gobierno.
Todo ello crea un clima que acentúa el carácter convulso creciente de la política española, que parece ser el ambiente en el que Sánchez se mueve mejor y en el que confía para ganar votos y volver a imponerse en las elecciones. Desde el primer momento ha jugado a la polarización sin demasiadas limitaciones. Hay que ver al final de la historia si Sánchez habrá realizado una gran partida de póquer o habrá estado jugando a la ruleta apretando el gatillo del revólver más de cinco veces.
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