De buen inicio, la candidatura de Salvador Illa ha despertado un gran interés, que parece haberse traducido en unas mejores expectativas de voto al PSC, hasta situarlo como segunda fuerza con posibilidades de llegar a ganar las elecciones. Si esto se produjera, sería una repetición del caso de Cs en las anteriores elecciones, cuando su candidatura ejerció como voto refugio para todos aquellos que no querían que triunfara el independentismo. Pero a medida que han ido pasando los días, el escenario se complica, precisamente en ese ámbito que le ha dado la notoriedad a Illa: el de ser ministro de Sanidad, porque no se puede separar su persona de la evolución y perspectivas de la pandemia, y éstas son claramente negativas.
Ahora mismo, España vuelve a ser el primer país en número de casos en los últimos 14 días por 100.000 habitantes, superando al Reino Unido, que había sufrido una escala extraordinaria, pero que parece haberla ralentizado. También en tasa de muertes, incluso la oficial, vamos mal situados, y si se contabiliza el excedente de mortalidad que da el INE, con más de 80.000 defunciones, España queda situada como un país líder. Haber sido el primero en la primera ola y ahora volverse a situar en un lugar destacado en este ranking maldito no es una buena carta para el responsable de la sanidad del estado.
También influenciará la cada vez más polémica, por su lentitud, distribución de vacunas. A estas alturas ya nadie se toma en serio la reiterada afirmación de que en verano se habrá vacunado a 70% de la población. De hecho, al ritmo actual, es dudoso que se alcance en ese plazo la vacunación de todas las personas de riesgo; esto es, las mayores de 65 años.
Salvador Illa no podrá evitar que se mezcle, en su valoración como candidato, la trayectoria en el ministerio de Sanidad. Y la cuestión es si su puesto serio y su actitud respetuosa son suficientes para contrapesar los resultados de su gestión.
Ahora se ha abierto un nuevo frente polémico con las comunidades autónomas y la famosa co-gobernanza. Una buena parte de ellas, encabezadas por Castilla y León, están absolutamente preocupadas por el nivel de contagio al que han llegado, no sólo en su comunidad sino en el conjunto español, con una incidencia acumulada que ya supera los 700 casos, los últimos 4 días, por 100.000 habitantes, que es un umbral altísimo. Para situar una referencia, Alemania con 150 casos establece el confinamiento total.
Las propuestas en el sentido de aumentar el horario en que no se puede salir de casa, estableciendo el toque de queda a las 8 de la tarde, y por otro lado pidiendo la capacidad de poder efectuar confinamientos, ha chocado con la negativa de Illa en la reunión con los responsables autonómicos de sanidad celebrada ayer. Una negativa que, más tarde o más temprano, modificará porque la presión sobre el sistema hospitalario comienza a ser en muchos lugares insoportable. Tanto es así que hay expertos que están insistiendo en la necesidad de un confinamiento radical, corto, de 2 o 3 semanas, y aducen que hay estudios que señalan que esta forma de proceder es menos lesiva para la economía que medidas que restringen muy determinadas actividades económicas y que se prolongan meses y meses en el tiempo. El caso de bares y restaurantes es un buen ejemplo. El ejemplo seguramente más solvente es el del Fondo Monetario Internacional (FMI) que en su informe, «Perspectivas de la economía mundial» analiza el impacto del coronavirus y defiende los confinamientos en contra de medidas menos restrictivas, ya que si bien tienen un fuerte impacto a corto plazo, contribuye a la reducción de contagios y propicia una recuperación económica más rápida .
Sea como sea, el debate está abierto, con el agravante de que las medidas una vez se aplican, sean cuales sean, tardan un mínimo de 15 días en hacer notar sus efectos.
Es posible que Illa espere a llegar al máximo dentro de una semana o 10 días, el pico de la tercera ola, para poder presentar durante la campaña electoral estricta la idea de que la situación mejora. Sería una táctica que traicionaría la realidad porque estaríamos situados en descenso pero desde muy arriba, lento y con un coste en personas y en dinero muy alto. Pero, entre esta alternativa y la de dar conocimiento con medidas más rígidas que la situación es francamente mala, puede optar por aquella opción aunque no sea la mejor para la salud de los ciudadanos. Es el problema que se produce necesariamente cuando se mezcla sanidad y elecciones.
Una última cuestión imprevista se hará presente también en la campaña. La de las mascarillas. Puedes verla aquí .
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