Una de las características necesarias para considerar totalitario a un Estado es que éste esté al servicio del partido que gobierna. Aunque España vive en democracia, cada vez más presenta rasgos que avanzan hacia la configuración de un sistema totalitario, donde todo gira en torno al partido gobernante. Éste funciona de acuerdo con sus intereses y no en razón del Estado de derecho, que debería ser determinado por las leyes y la Constitución. Estas últimas se reorientan constantemente para asegurar la consecución de un fin: el predominio del partido por encima del Estado.
En nuestro caso, esto se produce en torno a la figura de un hiperliderazgo dentro de un partido débil: el de Sánchez y el PSOE. La última muestra de esa deriva se produjo con la citación del fiscal general del Estado como inculpado. Este hecho histórico transforma el Estado de derecho, puesto que la Fiscalía, encargada de perseguir delitos, tiene ahora su máxima autoridad acusada. Esto se agrava por el carácter jerárquico de la institución, donde el fiscal general tiene una autoridad única e indiscutible sobre el resto de fiscales.
Tener esta figura inculpada por filtrar noticias que afectan a datos reservados de un ciudadano –la pareja de Ayuso– por razones supuestamente políticas, según el auto del Tribunal Supremo, apunta a una conexión directa con la Moncloa. Además, dos estrechos colaboradores del fiscal también han sido inculpados, cuestionando la objetividad del Estado de derecho en una de sus áreas más sensibles: la capacidad de perseguir a los ciudadanos por presuntos delitos. Esto refleja una situación incompatible con el buen funcionamiento de la justicia.
Es fundamental que Álvaro García Ortiz presente su dimisión, o que el gobierno le destituya, para evitar que sus declaraciones y su defensa interfieran en el funcionamiento de la Fiscalía General del Estado. Ésta es una medida elemental para preservar el Estado de derecho. Si se demuestra su inocencia, podría ser restituido, cumpliendo así con dos principios: no darle por culpable antes de un juicio y evitar que un presunto delito comprometa la objetividad y la imagen de los fiscales.
En estas circunstancias, ¿cómo pueden dormir tranquilos los ciudadanos cuando, además, el ministro de Justicia, Bolaños, que se comporta más como un hooligan que como un ministro circunspecto que tiene a cargo la Justicia, promueve modificaciones en el procedimiento judicial que trasladarían la instrucción de las causas de los jueces a los fiscales? Este cambio, junto a la situación del fiscal general, erosiona gravemente la confianza en la justicia española.
El fiscal general debe dimitir o ser destituido, de lo contrario la falta de credibilidad del gobierno y de la fiscalía superará todos los límites y pedirá a gritos una intervención de la Comisión Europea.
Medios de comunicación y colaboración con el poder
No sólo el gobierno y la Fiscalía están en el centro de esta situación. También existe una clara contaminación por parte de los medios de comunicación. La televisión pública, tanto Televisión Española como la televisión catalana, actúa como instrumento de partido. Además, cadenas privadas como La Sexta y diarios como El País y La Vanguardia adoptan una postura sesgada.
Un ejemplo es el titular de La Vanguardia sobre la inculpación del fiscal general: “El juez insiste contra el fiscal general del Estado y da el paso de interrogarle”. Este titular puede llevar al lector a pensar que el fiscal general sólo ha estado llamado a declarar, ocultando que se presenta como inculpado. ¿Qué lector puede deducir de ese titular que García Ortiz está inculpado y tiene fecha para ir a declarar? Este tipo de desinformación, que mezcla información y opinión sin distinguirlas, contribuye al deterioro del debate público.
La manipulación de la información no se limita a España. Grandes medios como The New York Times o The Washington Post en Estados Unidos también influyen en la percepción pública mediante sesgos ideológicos.
La nueva Ley Orgánica y su impacto
El gobierno está promoviendo en esta misma línea una nueva Ley Orgánica presentada de forma engañosa como una proposición de ley del PSOE para evitar su revisión por instancias como el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial. Titulada “Ley de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas”, incluye medidas preocupantes:
- Limitar la acusación popular: Prohíbe a partidos políticos y asociaciones vinculadas a ellos ejercer la acusación popular, restringiendo su participación en la fase de juicio oral y la formulación inicial de la querella. Esto elimina uno de los logros de la democracia, que el ciudadano pueda intervenir directamente y apelar a la justicia contra el poder. Basta recordar el caso Urdangarin para constatarlo.
- Restringir denuncias basadas en información periodística: Establece que no se podrá abrir un proceso penal con “simples recortes de prensa”. Esto liquida una de las principales herramientas para combatir delitos desde el poder: la investigación periodística. Los calificados despectivamente como “recortes” pueden ser fruto de detalladas investigaciones por parte de los diarios. Nada demuestran, pero son un elemento indiciario de primer orden.
- Apartar jueces que declaran a favor de partidos políticos: Esta medida recorta derechos fundamentales de los jueces y, de hecho, los convierte en militares en activo. Mejor sería prohibir de una vez las puertas giratorias entre fiscales, jueces y política estableciendo largos períodos sabáticos para quien incurriera. Por cierto, Sánchez tiene dos jueces-ministros que, cuando sean destituidos, pueden volver al juzgado o a la Audiencia al día siguiente. Esto no lo tocan.
- Suprimir el delito de ofensas contra sentimientos religiosos: Esta medida se aprobó sin diálogo previo con las confesiones religiosas, vulnerando el artículo 16.3 de la Constitución.
La proposición establece también que se aplicará a causas en curso, con el objetivo de liquidar procesos abiertos contra familiares del presidente Sánchez. Estas medidas consolidan un camino hacia un Estado totalitario con formas liberales y procedimientos bananeros.
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