Rafael del Pino, el presidente de Ferrovial, ha infligido una doble derrota a Sánchez. Lo ha hecho con el abrumador resultado de los votos de la Asamblea favorables a la operación que significa trasladar su centro de decisión a los Países Bajos.
Un 93,3% del capital representado votó por esta opción y solo se opuso el 5,8%, integrado por el 4,5% de Leopoldo del Pino, hermano del presidente y principal voz de la disidencia. La abstención alcanzó el 0,9%. Ahora los minoritarios pueden ejercer su derecho a la “separación” al estar en desacuerdo con la decisión, y percibiendo €26 por acción, pero no parece que este sea el camino que vayan a tomar.
El Gobierno español, obviamente, disponía de suficiente información como para saber que no podía ganar por los votos, pero sí pensaba que con la suficiente presión el peso de la disidencia sería mucho mayor y los potenciales derechos de separación significarían un coste muy importante para Ferrovial que frenaría la decisión. Si esta hipótesis no es cierta, entonces no se acaba de entender qué es lo que ha pretendido Sánchez con esta desmesurada ofensiva de él y de sus ministros contra la decisión, perfectamente legal y legítima, de una empresa de trasladarse dentro de la eurozona.
Porque, además, la cotización en bolsa también castigó al Gobierno de Sánchez, dado que se situó en 27,39 € a tan solo 2€ del máximo histórico. En este sentido no solo han votado los accionistas, sino también el mercado, y la respuesta ha sido clara.
Pero esto todavía hace más complejo desentrañar el motivo del presidente Sánchez de atacar con tanta virulencia, e incluso personalmente, a Rafael del Pino y a los directivos de Ferrovial. ¿Acaso el gobierno dispone de encuestas que indican que repartir leña a la gran empresa, aunque sea de un perfil tan discreto como Ferrovial, les reporta votos en esta fase electoral? Sería una posible explicación, pero con un coste muy importante, claramente para el país y también para el propio Sánchez.
Un coste para España, porque las grandes empresas van tomando nota de los reiterados desacuerdos y ataques del gobierno hacia el mundo empresarial, que tienen en la nueva reforma de las pensiones un hecho de potente significación y signo negativo para la empresa, y que alcanza el vértice en esta pugna para evitar el traslado de la sede de Ferrovial. Porque los inversores tienen bien asumido por otras experiencias que aquellos países de los que es difícil salir, es ya mejor no entrar, y eso que en el caso de Ferrovial la salida no significa desinversión, sino cambió del centro de decisión. Por otra parte es una evidencia que esta empresa tiene la mayor parte de su actividad económica fuera de España y que se mueve, por tanto, en mercados claramente globalizados y es desde esta perspectiva que dirige su gestión.
Pero aquello que debe preocupar más a Sánchez ante el futuro inmediato, que es el horizonte con el que trabajan nuestros políticos, es Europa, a causa de su virulencia contraria a un principio fundamental, no ya de la UE, sino de su predecesor el Mercado Común, que estableció como fundamento la libre circulación de mercancías y de capitales y, por consiguiente, de empresas. No tiene sentido plantearse desde la perspectiva comunitaria cuestiones de este tipo. Naturalmente, cada país está interesado en tener al mayor número de centro de decisión empresariales posible, y el mejor ejemplo es Irlanda. Pero nadie hace un pulso público con los argumentos y fuerza que ha utilizado el Gobierno español.
Sánchez empezará su presidencia europea con un baldón considerable al haber actuado como nacionalista económico, cuando precisamente se espera de él una actuación guiada exclusivamente por los más altos intereses de la UE. No se puede ser nacionalista un día y ferviente europeísta unos meses después.
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