El golpe de fuerza de JxCat ha despertado a Sánchez de la ficción de que gobernaba una coalición estable. Ahora tiene claro que no es así y rápidamente ha reordenado su estrategia de gobierno. Se trata de seguir a toda costa. Finalidad a la que lógicamente le acompañan como un solo hombre todos sus ministros.
El nuevo argumentario parte de una serie de afirmaciones
La primera y más importante es que las leyes que eran decisivas y fundamentales han sido ya aprobadas en la anterior legislatura y la que pudiera faltar lo resolvieron con los dos decretos leyes aprobados a principios de enero. Con este bagaje, sigue el argumentario, no es importante llevar nuevas leyes al Parlamento, sino desarrollar todo lo legislado, es decir, militar la acción ejecutiva de los decretos, dejando en un tercer plan nuevas leyes. Sólo llevarían aquellas que dispusieran de un claro consenso con toda su heterogénea coalición de gobierno y tuvieran la garantía de que Junts no las puede hacer tambalear.
En definitiva, una legislatura de vuelo gallináceo en materia legislativa, congelando de este modo el Congreso una vez resuelta la cada vez más penosa asignatura de la amnistía. Está claro que ésta le puede acarrear nuevas leyes porque el camino de pacto con Junts pasa por esta vía. No modificar el contenido de lo acordado, pero cambiar el Código Penal para que no se pueda aplicar en términos desfavorables a las personas vinculadas al proceso y que están amenazadas por procedimientos judiciales relacionados con el terrorismo y la traición que, por otra parte, es necesario acabar de ver cómo quedan, dado que existen razones jurídicas para dudar de la solidez de estas calificaciones penales.
Repetiría así lo que ya hizo en relación con las figuras penales de malversación. Aunque es necesario recordar que al final lo que también prevalecerá en estos casos, como ya ha ocurrido con la malversación, es la interpretación de los jueces.
Todo pinta a que se quiere encontrar una salida formal para que JxCat rectifique, tirando la pelota adelante con aquellas modificaciones penales sin importar demasiado si realmente esta vía es eficaz o no. Se trata sólo de construir una coartada a la que Junts pueda acogerse.
Este enfoque, más las presiones extraordinarias que reciben este partido y Puigdemont, y las diferencias de criterio en la propia organización, hacen pensar a Sánchez que serán suficientes para resolver la papeleta en una nueva votación de la ley de la amnistía.
En todo este planteamiento de congelación legislativa hay un factor muy importante que baila: son los presupuestos, una ley que necesariamente debe ser aprobada cada año si bien, como ocurre ya ahora, pueden prorrogarse y previsiblemente esta será la situación del 2024, que provocará numerosas distorsiones sobre todo porque habrá que incorporar las partidas nuevas de los fondos Next Generation. Sin embargo, es evidente que la prórroga de la prórroga no se puede ir alargando año tras año y, por tanto, aquí hay un punto muy delicado que Sánchez, como en otras ocasiones, piensa resolver haciendo las concesiones necesarias a sus socios, que siempre tendrán, para aquellos que son sensibles, el argumento de que “si no, vendrá a gobernar la derecha”.
Precisamente, ésta viene a ser la carta más fuerte de Sánchez, no existe una mayoría parlamentaria alternativa. Una moción de censura impulsada por el PP no tendría los votos necesarios porque ni el PNV ni JxCat votarían en el mismo sentido que Vox, dado que son incompatibles. Por tanto, esta vía queda bloqueada.
A diferencia de otros países del entorno, en los que en determinados casos el jefe del Estado tiene facultad para convocar elecciones, en España ésta es una potestad reservada al presidente del gobierno y, en consecuencia, puede aguantar lo que considere pertinente hasta agotar los 4 años.
Una vez más se pone de relieve que sólo trastocando fuertemente la actual correlación es posible que un gobierno tan en minoría como el del PSOE se vea obligado a convocar elecciones. Y ese trastoque solo puede producirse si en Catalunya se producen elecciones anticipadas que den lugar a un conflicto de intereses entre los socios por la disputa de la presidencia de la Generalitat y profundicen sus contradicciones.
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