Hay momentos en los que una democracia no se juega solo en unas elecciones, ni siquiera en la mayoría parlamentaria que sostiene a un gobierno. Se la juega, sobre todo, en la calidad moral de su respuesta frente a los indicios de degradación institucional. Y España se encuentra hoy exactamente en ese punto.
Cuando ante el Tribunal Supremo emergen relatos sobre sobres con dinero, bolsas cargadas de efectivo entrante y saliente de la sede central del partido que gobierna, no estamos ante una simple anécdota judicial. El problema no es solo la posible ilegalidad concreta de unos hechos todavía bajo investigación. El problema de fondo es lo que estos hechos sugieren: la posible existencia de un mecanismo, de una rutina, de una cultura organizativa en la que el dinero opaco deja de ser excepcional para convertirse en instrumento funcional del poder.
Esto exige una explicación inmediata. No una maniobra de distracción, no una fuga hacia escenarios amables, no la estética frívola de las redes sociales como sustituto de la rendición de cuentas. Exige que el secretario general del partido, a la vez que presidente del Gobierno, comparezca y responda la pregunta esencial: ¿cómo es posible que en el entorno inmediato de la dirección política aparezcan prácticas de esta gravedad sin que nadie asuma su responsabilidad?
La higiene democrática comienza aquí: en la palabra dada ante la ciudadanía cuando los hechos superan el umbral del escándalo. La normalidad europea no es el silencio, sino la comparecencia. La calidad institucional no se mide en la perfección —imposible— de los gobiernos, sino en su disposición a explicarse cuando el sistema falla.
Pero este no es un caso aislado. El silencio se extiende también sobre la dimensión más dramática de la gestión pública: la seguridad de los ciudadanos. Tras los informes de la UCO que apuntan a que la tragedia ferroviaria de Adamuz, causada por una ruptura de la vía, se habría producido el día antes sin ser detectada ni adecuadamente inspeccionada —y que ponen en cuestión la calificación profesional de los responsables—, el ministro competente no puede limitarse a desaparecer del relato público.
Al contrario: es ahora, cuando afloran los datos y se desvanece la propaganda de las primeras horas, cuando la responsabilidad política resulta inexcusable.
Durante los días inmediatamente posteriores a una catástrofe, es habitual que el poder intente controlar el relato. Es una técnica conocida: aparecer, verbalizar, monopolizar la primera interpretación de los hechos. Pero la verdadera prueba de un responsable público no llega en el momento de máxima emoción, sino después, cuando emergen los informes, negligencias y dudas sobre la capacitación técnica de quienes debían prevenir el desastre.
Y aquí reaparece la misma pregunta de fondo: ¿cuántos controles han fallado para que el sistema llegue a un punto de riesgo catastrófico?
La cuestión va mucho más allá de un ministerio o un accidente concreto. Lo que aflora es la sospecha de una administración progresivamente colonizada por la lógica de la fidelidad personal por encima de la competencia, del enchufe por encima del mérito, del partido por encima del Estado.
Cuando en un proceso judicial aparecen testigos sobre personas colocadas sin funciones reales, sin preparación específica y sin justificación profesional, el caso individual deja de ser el más importante. Lo relevante es la dimensión sistémica de la sospecha: si esto ha sido posible en los núcleos centrales del poder político, ¿hasta qué punto no se ha reproducido en múltiples capas de la administración?
Esta es la gran sombra de los ocho años de gobierno de Sánchez: la creciente percepción de que, bajo la superficie de la normalidad institucional, se ha ido consolidando una estructura de baja exigencia, escaso control y deterioro progresivo de los mecanismos de supervisión.
No hace falta ni siquiera sostener la hipótesis de una participación directa del presidente en ninguna irregularidad para señalar su responsabilidad política. Basta con apelar a un principio jurídico y moral mucho más elemental: la culpa in vigilando, es decir, la responsabilidad del superior por no haber controlado adecuadamente a sus subordinados.
Sin esa cultura de vigilancia, ninguna organización compleja funciona. Ni una empresa, ni una administración, ni mucho menos un gobierno.
Y este es, probablemente, el verdadero problema español: no una suma de casos inconexos, sino los síntomas convergentes de una gobernanza deteriorada. Los agujeros que van apareciendo en ferrocarriles, carreteras, sanidad, educación o gestión laboral no son piezas dispersas de un mosaico aleatorio. Forman un dibujo coherente: el de un Estado que ha ido relajando sus sistemas internos de calidad, control y responsabilidad.
Cuando la realidad empieza a resquebrajarse en ámbitos tan distintos, la política ya no puede refugiarse en la estrategia comunicativa. Debe afrontar la pregunta más severa de todas: ¿quién vigilaba a los vigilantes?
Y si la respuesta final es que nadie lo hacía, entonces la responsabilidad sube inevitablemente hasta la cima.
Por eso Sánchez y Puente deben salir, dar la cara y explicarse. No por cortesía con la oposición ni por exigencia mediática, sino por una razón más profunda: sin esa rendición de cuentas, la confianza pública se degrada, y una democracia sin confianza acaba viviendo solo de su carcasa legal.
Cuando la realidad empieza a resquebrajarse en ámbitos tan distintos, la política ya no puede refugiarse en la estrategia comunicativa. Debe afrontar la pregunta más severa de todas: ¿quién vigilaba a los vigilantes? #PedroSánchez Compartir en X
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