Uno de los hechos más sangrientos y destructivos de toda la historia española fue la Guerra Civil entre 1936 y 1939. A ese desastre le sucedió una dictadura, particularmente represiva a lo largo de las primeras décadas, que con el paso del tiempo evolucionó en los últimos años hacia un régimen autoritario, entre otras razones porque el contexto europeo ya no hacía posible el ejercicio de la violencia como sistema político.
Además, ese régimen tuvo la habilidad de situar las bases de lo que sería el despegue de la economía española y la salida de su desarrollo crónico a partir del plan de estabilización de 1959, que dio lugar a uno de los períodos de mayor crecimiento y prosperidad que ha vivido España.
En los años 60, la economía crecía a un ritmo sostenido del 6 y 7% anuales. Este proceso ascendente quedó roto por la primera y segunda crisis del petróleo a principios de los años 70, que si bien se produjo en España con cierto retraso tuvo unos efectos terriblemente destructivos sobre la economía y en particular la industria. En Cataluña la burguesía industrial quedó totalmente dañada y de hecho no ha logrado reponerse nunca de aquella destrucción. España tuvo que hacer frente en la segunda mitad de la década de los 70 a un doble e insuperable reto. Por un lado el de la mencionada crisis que generó un grave conflicto social, por otro lado la transición a la democracia, un proceso que la mayoría de las veces ha fracasado en todo el mundo porque o bien no se ha consolidado o ha dado lugar a sistemas profundamente inestables. Tanto es así que la Transición española, junto a los pactos de la Moncloa en el ámbito económico, constituyen un ejemplo estudiado en todas las universidades del mundo, junto con el caso de la transición de la dictadura racial de Sudáfrica.
Aquí no hubo un Mandela, pero sí hubo una serie de hombres clave que supieron suturar las profundas heridas de los dos bandos enfrentados en la Guerra Civil, y no sólo eso sino construir sobre esta reconciliación un proyecto económico de éxito y un sistema constitucional sólido. El rey Juan Carlos, Álvarez de Miranda, Suárez, Felipe González, Fraga, un destacado ministro de Franco, Carrillo, uno de los presuntos responsables de los criminales fusilamientos en Paracuellos, todos ellos fueron capaces de superar sus profundas diferencias y trabajar juntos. Si no hubiera sido así, el país se habría visto sometido a la inestabilidad crónica y la depauperación económica.
La pieza clave de todo este entendimiento fue la ley de la amnistía aprobada el 19 de octubre de 1977, dos años después de la muerte de Franco. Votaron a favor 296 diputados y en contra sólo 2. Este hecho da ya una idea de la gran unanimidad en torno a la iniciativa. Todo el PSOE en peso encabezado por González, Guerra, Peces Barba y el largo etcétera de la época gloriosa de este partido, que lo convirtió en hegemónico durante muchos años a partir de 1982. Todo el partido comunista, las fuerzas nacionalistas, prácticamente todo el mundo votó que la ley de amnistía era la solución, porque dejaba en tablas el balance moral de la contienda y cesaba en toda búsqueda de culpabilidades que hubieran impedido cerrar las heridas.
Ahora, por iniciativa de ERC y Podemos, a la que el PSOE se ha añadido, la ley de la memoria democrática se transforma en una ley justicialista que quiere juzgar y condenar todos los hechos que la ley de la amnistía había clausurado. En esa enmienda a la totalidad, no ya de la transición, sino en particular del mismo partido que hoy es mayoritario en el gobierno, el PSOE, Sánchez les dice a la cara a los antiguos dirigentes, que actuaron en contra de los derechos humanos y cuya actuación merece ser rectificada por una nueva ley del Parlamento.
Es un hecho de proporciones históricas, que tendrá graves consecuencias más o menos enterradas, pero graves, y que hace crecer aún más la polarización de la política española que se ha convertido en una herramienta del gobierno. Ahora es el “pasamos cuentas” de la Guerra Civil, pero antes ya se han creado conflictos en otros muchos campos, con la ley Celaá sobre el ámbito educativo, otra transformación que tendrá perjudiciales consecuencias para el futuro del país si no se enmienda rápidamente. Ha sido la ley de la eutanasia y el suicidio asistido la que ha abierto conflictos allá donde no existían, más cuando al mismo tiempo se ha producido la negativa a dedicar más recursos a los cuidados paliativos y a resolver el déficit crónico de la dependencia. La lista de factores que polarizan a la sociedad española, incluso entre las propias filas del gobierno, como ocurre con el feminismo y la ley trans , los hechos tan insólitos como el indulto de Juana Rivas por citar la última de estas cuestiones, han conducido al país a la formación de dos bloques antagónicos que perjudican gravemente su futuro inmediato, crean un profundo malestar en períodos de crisis e incertidumbre, y alejan de la mente de los ciudadanos la confianza necesaria para que el país funcione razonablemente bien.
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