En solo unos días, el gobierno de Pedro Sánchez ha logrado un hito difícil de igualar: desbordar la paciencia de cualquier ciudadano con un mínimo sentido crítico. Su estilo, marcado por el engaño, la manipulación y una soberbia que roza el caricaturesco, ha alcanzado niveles que solo pueden tolerar aquellos que se benefician directamente de sus favores o aquellos que ven la política como un partido de fútbol, donde lo único que vale es que “su equipo” gane, sin importar cómo ni a qué precio.
Primero, el gran apagón eléctrico, un desastre sin precedentes en Europa. Vidas perdidas, daños económicos incalculables y una reputación colectiva por tierra. ¿Un accidente? Claro, cualquiera puede tener uno. Pero no de esa magnitud, especialmente cuando los informes de Red Eléctrica advertían desde hace tiempo que la producción masiva de energía solar y eólica, sin un sistema de almacenamiento adecuado, ponía en jaque la estabilidad de la red eléctrica.
Estas fuentes renovables, tan aplaudidas en discursos grandilocuentes, no son tan predecibles como otras, y su integración masiva sin medidas complementarias es una receta para el caos. ¿Y qué hizo el gobierno? Ignoró los avisos, priorizó las subvenciones a las renovables para lucir su halo verde y dejó la red a merced de un colapso anunciado.
Pero lo peor no fue la negligencia técnica, sino la respuesta política.
Sánchez guardó silencio hasta las seis de la tarde, dejando a la población en un limbo de incertidumbre. En sus tres comparecencias posteriores, incluida una al día siguiente, afirmó no tener “ninguna causa concreta” para explicar el apagón, pero —¡sorpresa!— descartó inmediatamente cualquier responsabilidad de las energías renovables, mientras cargaba contra la nuclear con afirmaciones falsas y señalaba a las empresas como las grandes malas. ¿Un ciberataque? No lo descartó, aunque Red Eléctrica lo había negado categóricamente horas antes.
La ministra y la presidenta de Red Eléctrica, una destacada militante socialista con un sueldo astronómico y nula preparación técnica para el cargo, brillaron por su ausencia, reapareciendo solo en entrevistas manipuladas en medios afines, donde pudieron soltar su guion sin enfrentarse a preguntas incómodas. Así, con esta mezcla de opacidad y descaro, tratan a los ciudadanos: como peones en su juego de poder.
Y como si eso no fuera suficiente, solo unos días después, otro fiasco: un colapso ferroviario en la línea Madrid-Andalucía que afectó a decenas de miles de personas.
Trenes parados en medio de la nada, sin luz, sin agua, sin asistencia, con pasajeros forzados a bajar para hacer sus necesidades en condiciones dantescas. ¿La causa? Una avería, un robo de cables de cobre —delito, por cierto, demasiado habitual— y una respuesta tardía que dejó un tren de Renfe parado durante cuatro horas.
Este es el octavo incidente grave en los ferrocarriles desde que Óscar Puente asumió el Ministerio de Transportes, un cargo que parece usar más para lanzar dardos a la oposición que para gestionar su cartera. ¿Y cuál fue su reacción? Echar la culpa a un supuesto “sabotaje deliberado”, sin prueba ni investigación en curso que lo apoyara. La Guardia Civil, por su parte, se limita a investigar el robo de cables, pero para Puente cualquier excusa es buena para no asumir responsabilidades.
El colofón llegó con la intervención de Sánchez en Barcelona, anunciando con pompa una “consulta pública” sobre la OPA de BBVA al Banco Sabadell.
Una decisión técnica, ya aprobada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que el gobierno puede aceptar o rechazar por «interés general». Pero Sánchez, siempre dispuesto a vender humo, presentó esta consulta como un ejercicio de «democracia participativa».
¿El mismo Sánchez que se niega a someter al Congreso un aumento de más de 10.000 millones de euros en gasto militar? ¿Lo mismo que elude debates y votaciones en el Parlamento para decisiones de enorme trascendencia? Es difícil no reírse frente al cinismo: populismo de manual con la fusión de dos bancos, pero secretismo y autoritarismo cuando se trata de armas y ejército.
Si Europa quiere hablar de populismo, que mire primero a España. Este Gobierno Sánchez ha perfeccionado el arte de culpar a los demás —empresas, saboteadores, ciberataques, la oposición, el universo entero— mientras esquiva cualquier atisbo de responsabilidad. Los ciudadanos, mientras, somos tratados como meros instrumentos para mantenerlos en el poder, no como personas con necesidades y derechos.
La lección es clara: necesitamos un sistema donde las decisiones importantes se debatan de forma abierta y transparente, con un Congreso que ejerza su función de control y no sea una mera comparsa. Las consultas públicas, si se realizan, deben ser claras, frecuentes y vinculantes, no un truco más en la chistera de Sánchez. Porque, si algo demuestran estos desastres, es que estamos en manos de un grupo de personajes cuya única prioridad es mantenerse en el poder, cueste lo que cueste. Y eso, queridos lectores, es tan peligroso como suena.
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