El presidente Sánchez, que ahora estrenará en televisión una serie propia dedicada a su autoelogio, vive a remolque de las circunstancias, atemorizado por las encuestas y eso hace que gobierne a golpe de chiste, como la realidad nos demuestra día a día y de forma creciente.
También exacerba una deriva peligrosa que es el control de todos los mecanismos que desde el gobierno del Estado puede mediatizar. Ha pasado en la empresa pública, a los organismos teóricamente independientes, como el CIS, con la fiscalía general del estado, y ahora ha estallado en términos muy espectaculares por el descarnado control que se quiere ejercer sobre TVE, donde por primera vez se hacen públicas listas negras de profesionales, con el sello de CCOO que a su vez se transforma públicamente en argumentos a manos de Pablo Iglesias para conseguir la decapitación de lo que era el actual responsable de TVE, José Manuel Pérez Tornero.
Y en cuanto a los chistes, el último es sobre una cuestión tan delicada como los impuestos. Las tres piezas fundamentales de la vida institucional de un país y estado es el buen funcionamiento parlamentario, la aprobación de unos presupuestos claros y su religiosa aplicación, y el mejor sistema impositivo posible para los ciudadanos y la comunidad. Ninguna de estas condiciones se dan en España y éste es un problema grave.
Ahora, de forma repentina, el gobierno Sánchez ha decidido hacer lo que venía negándose reiteradamente: bajar impuestos. Lo hace de forma limitada sólo para los ingresos de hasta 21.000 euros al año. Pero lo hace porque no ha podido soportar el alud de decisiones de las comunidades autónomas. Ya no sólo las del PP actúan en ese sentido. El golpe del presidente valenciano, Ximo Puig, teóricamente un sanchista de pro, reduciendo el IRPF hasta el límite de ingresos de 60.000 euros ha sido un golpe demoledor.
Al final y de forma improvisada, Sánchez ha cedido en un doble plano, el de la bajada de impuestos para quien dispone de unos ingresos bajos, pero que numéricamente afectan a buena parte de la población, también a los autónomos, que pueden ampliar la deducción de sus gastos del 5% al 7% y la reducción de 2 puntos del 25% al 27% del tipo general para las microempresas, aquéllas que facturan menos de un millón de euros.
Por otra parte, acaban asumiendo plenamente lo que al inicio era la propuesta de Podemos de hacer pagar más a los ricos. Y así explica que ha puesto un impuesto sobre las grandes fortunas. En realidad no es así, en la práctica es un impuesto sobre las grandes fortunas que viven en Madrid y en Andalucía, porque se trata de tributar entre un 2,1% y un 3,5% en función del patrimonio y a partir de 10 millones de euros, pero que será deducible en aquellas comunidades que mantienen un impuesto del patrimonio. En otras palabras, donde hará daño de verdad será allí donde gobierna el PP. Además se incrementa del 26% al 27 o 28% la presión fiscal sobre las plusvalías de forma que éstas pagarán más en todas partes.
Uno de los resultados de estas modificaciones más la inflación existente significa un castigo por los ahorradores que han alcanzado un determinado nivel porque lo que se penaliza son los ahorros, bienes mobiliarios o inmobiliarios, y también porque como ya explicamos en Converses, la inflación se ha comido un 20% de los valores patrimoniales.
Y todo ello en un contexto en el que requiere una gran figura política y técnica acertada, porque está sometido a exigencias contradictorias. Por un lado, y como informábamos en Converses, no es verdad que paguemos pocos impuestos, porque los tipos son altos, y no es verdad que los grandes ingresos paguen poco, comparado en el contexto europeo y de la OCDE. Lo que ocurre es que las excepciones fiscales y la falta de deficiencia fiscal hace que haya gente que sencillamente no pague o pague menos de lo que le tocaría. En otras palabras, a los que les toca recibir son los cumplidores de la ley, porque son los que pagan de una manera importante, y ahora, a partir de un determinado nivel, todavía lo harán más. La clase media y la clase media-alta que en este sentido no practica la evasión fiscal, será la más perjudicada.
La otra gran exigencia es, como dice el catedrático de Economía de la UPF, Guillem López Casasnovas: «el estado gasta lo que no ingresa con una recaudación tributaria insuficiente y una financiación que se confía con la deuda».
Cuadrar todo esto es complejo, pero se puede hacer porque existen suficientes conocimientos económicos para llevarlo a cabo. Lo que resulta imposible es hacerlo bien funcionando a golpe de chiste y según sopla el viento en cada momento.
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