Lo más peligroso para una democracia es la arbitrariedad del poder; actuar sólo fiado al designio personal o al capricho, sin razón ni lógica, ni legitimidad o legalidad. Es la construcción de una política despótica. Y Sánchez la practica, y no lo decimos nosotros, sino grandes amigos suyos y del PSOE, como puedan ser El País o Cebrián.
Éste último en un reciente artículo señalaba que “la invasión de las instituciones por parte del gobierno de Sánchez amenazan con deslegitimar la acción del ejecutivo. Sus llamamientos al diálogo son palabras vacías”. Todo el artículo es una dura descalificación de lo que hace Sánchez y de a quién nombra. Más que el propio El País, en una editorial “Respeto a la agencia EFE” carga contra el nombramiento del secretario de estado de comunicación, Miguel Ángel Oliver, como nuevo presidente de la agencia pública de noticias EFE. El editorial señala que “la gestión de Oliver destacó por la protección militante del gobierno por encima del servicio a los medios. Llegó a provocar la protesta colectiva de cientos de profesionales por tratar de imponer un control previo a las preguntas del ejecutivo”.
Pero el comentario crítico no se limita aquí, sino que se extiende a la ratificación del presidente del CIS, José Félix Tezanos, por no tener la imagen de imparcialidad necesaria.
Cuando los tuyos se atreven a levantar tanto la voz es que la fechoría sobrepasa los límites. Y así es. La historia es larga, pero incorpora algunos hechos más nucleares que los ya apuntados en cuanto a nombramientos. Por ejemplo, el asunto Dolores Delgado, que de ministro pasó a fiscal general del estado y de ese cargo, cuando lo dejó, fue ascendida por el nuevo fiscal general, que había sido su subordinado, a fiscal de salas, que el Tribunal Supremo consideró que era un nombramiento arbitrario. Sánchez ha llamado como miembros del TC a exministros, como Juan Carlos Campo, o personas del gabinete de la Moncloa como Laura Díez . Estos dos nombramientos afectan en gran medida al TC porque muchos de los temas que trata habrían pasado por sus manos. Ella fue directora general de asuntos constitucionales y coordinación jurídica, por tanto, gran parte de las normas han pasado por sus manos.
Por si fuera poco, los nombramientos sin fundamentos han continuado. Puede cuestionarse si Iceta es un nombre adecuado para representar la cultura en la UNESCO, pero lo que está fuera de duda es que Héctor Gómez, ex ministro de industria, no tiene ni de lejos el perfil para ser el nuevo embajador de España en Naciones Unidas, cargo para el que ha sido nombrado.
Es una serie creciente de decisiones arbitrarias como lo es que no haya felicitado al nuevo presidente argentino, Milei, ni haya enviado a ningún ministro a su toma de posesión porque, a pesar de las diferencias ideológicas entre ambos personajes de gobierno, lo que debe hacer es velar por los intereses de todo el país y Argentina es uno de los lugares de América Latina donde existe una mayor concentración de inversión española. Una vez más, su particular visión de la política ha pasado por encima de todo interés general.
Como también es arbitrario, después de negar el pan y la sal y descalificarse extraordinariamente el uno al otro, que Sánchez, tras las mesas de diálogo con ERC y JxCat, plantee unos puntos de negociación con el PP, pero que lo hagan mediante unas declaraciones a los medios de comunicación sin previamente ni siquiera haber tenido la educación de informar a la otra parte concernida, a Feijóo y al PP, que pensaba llevar a cabo esta propuesta.
En estas condiciones es evidente que la forma de proceder hace muy inviable el diálogo, que parte de una condición previa que le desvirtúa: la falta de consideración sobre el otro. Y es también desconsiderado sacar adelante un tema tan conflictivo como es la amnistía, porque con independencia de que se pueda estar de acuerdo o no, lo determinante es que causa una profunda fisura en la sociedad española.
Dice que quiere resolver el conflicto en Catalunya y lo hace con lo que genera un conflicto aún mayor porque afecta a toda España, más cuando esta cuestión fue presentada por Sánchez antes de las elecciones de julio en sentido contrario a cómo después ha actuado. Si fuera un gobernante que velara por el interés de todos juntos o al menos de la mayoría, debería adoptar una solución salomónica en relación a la amnistía. Sería hacer un referéndum consultivo que permitiera a la gente dar su punto de vista con un resultado que no le obligaría jurídicamente, pero sí marcaría mucho qué es lo que quiere la ciudadanía.
Al no actuar así y reiterar que en un futuro ya se darán cuenta de lo bueno que es, lo que hace Sánchez es traicionar el fundamento del sistema democrático representativo, que se basa en el presupuesto de que quienes gobiernan actúan intentando reflejar la voluntad presente de los representados.
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