La distancia entre el programa y los resultados es hoy el mayor problema del Gobierno Illa. La legislatura se ha caracterizado por una notable actividad normativa y un discurso ambicioso, pero la ejecución efectiva de muchas de estas promesas sigue siendo limitada. A las puertas del debate presupuestario, los principales indicadores socioeconómicos permiten trazar un primer balance.
En términos macroeconómicos, Catalunya creció un 2,7% en 2025, ligeramente por debajo del 2,8% registrado en el conjunto de España. Es una cifra que confirma la solidez relativa de la economía catalana, pero que responde sobre todo al ciclo económico general y a factores externos como la política monetaria europea. En cualquier caso, lo que no se observa es la supuesta «prosperidad» diferencial respecto de España que el Gobierno había sugerido.
El mercado laboral presenta una tasa de paro del 8,2% en el cuarto trimestre de 2025, inferior al 9,9% estatal. El dato es positivo, pero el diferencial con España se ha ido reduciendo y ya no marca la distancia que había caracterizado a etapas anteriores. Más preocupante es la evolución de la cohesión social. El indicador AROPE ha aumentado hasta el 24,8%, indicando que el crecimiento económico no se ha traducido en mejoras redistributivas apreciables. Por el momento, la prosperidad prometida no se ha materializado, ni tampoco se ha explicado con precisión cuál era el camino para alcanzarla.
La vivienda sigue siendo el gran test del mandato. Pese al activismo normativo, solo se han iniciado entre 9.000 y 9.500 viviendas públicas dentro del plan de 50.000 anunciado por el Govern. Al mismo tiempo, los precios han crecido un 11,3% interanual en el tercer trimestre de 2025, confirmando que la oferta generada es todavía insuficiente para alterar la dinámica del mercado. Además, el cómputo oficial es discutible: se consideran viviendas iniciadas solares que los ayuntamientos han cedido a la Generalitat, parte de las cuales ni siquiera disponen todavía de promotor.
En materia de transición energética, el retraso es estructural. El peso de las renovables se situaba en torno al 19% en 2024, y las estimaciones para el período 2025-2026 apuntan a un nivel de entre el 25 y el 30%. La distancia con el objetivo del 50% sigue siendo muy considerable.
La sanidad muestra una estabilización en niveles muy elevados de tensión. A finales del 2025 había 914.769 personas en listas de espera, con una media quirúrgica de 142 días. El aumento del gasto todavía no ha llegado al 7% del PIB comprometido y tampoco se aprecia transformación significativa alguna en el modelo asistencial.
En educación, la universalización del 0-3 años avanza, pero solo parcialmente. Se han creado o iniciado entre 6.000 y 7.000 plazas, lo que supone un cumplimiento aproximado del 60-70% del objetivo. El abandono escolar ha bajado ligeramente hasta el 13%, pero nada indica que Catalunya esté a punto de salir de la sacudida evidenciada por los últimos resultados PISA. El sistema sigue situándose por debajo de las medias española —que tampoco es especialmente brillante— y europea.
La reforma administrativa, presentada como la transformación institucional más importante de la legislatura, sigue sin traducción visible en la práctica.
En cuanto a la financiación singular, el acuerdo anunciado sigue siendo, por ahora, un marco político sin calendario ejecutivo claro. El gobierno español ya ha dejado entrever que el traspaso de los impuestos recaudados a una agencia catalana -con participación estatal- no está previsto. Este punto es el principal obstáculo del pacto con ERC. En estas condiciones, un acuerdo presupuestario tendría un coste político evidente para los republicanos.
Tampoco existen mejoras en otros ámbitos sensibles. El servicio de Cercanías, lejos de mejorar, funciona hoy peor que antes de la llegada de Illa al Govern.
Y en el ámbito agrario, episodios como la presencia de peste porcina africana en noviembre de 2025 —aun sin un perímetro estable y plenamente controlado— han causado un verdadero destrozo en el sector porcino catalán y han puesto en evidencia la fragilidad de la administración agraria ante crisis de esta naturaleza.
El balance global es, pues, nítido: una elevada producción normativa, pero unos resultados sociales decepcionantes. La cuestión es cómo piensa el Gobierno revertir esta situación. Y no solo se trata del escaso avance en algunos objetivos estructurales, sino también de la incapacidad de evitar el empeoramiento de realidades ya existentes.
Los indicadores sociales están claros. El crecimiento económico no ha reducido la pobreza. La vivienda sigue tensionada. Las listas de espera sanitarias se mantienen en niveles estructuralmente elevados. La transición energética avanza por debajo de los objetivos. Y la reforma administrativa no ha pasado del terreno declarativo.
A las puertas de los presupuestos, el Govern afronta una disyuntiva clásica: continuar en la política de anuncios o asumir el coste político de una aceleración ejecutiva real. Sin ese cambio de ritmo, la legislatura corre el riesgo de quedar definida no por su ambición programática, sino por su insuficiencia operativa.
La política no se mide por la cantidad de promesas formuladas, sino por la magnitud de los resultados acreditados. Y es precisamente aquí donde el balance, hoy, sigue siendo incómodo.
Sin un giro sustancial en la capacidad ejecutiva, los próximos presupuestos pueden acabar convirtiéndose simplemente en una nueva ronda de expectativas aplazadas.
Salvador Illa antes de los presupuestos (I): una legislatura de promesas
A las puertas de los presupuestos, el Govern afronta una disyuntiva clásica: continuar con la política de anuncios o asumir el coste político de una aceleración ejecutiva real. Compartir en X
