El presentado como documental por el canal de televisión especializado en hacer de la intimidad de las personas un acto indecente, Telecinco, era en realidad una larga entrevista a Rocío Carrasco que no tenía nada del género documental, y que consistía en poner la televisión al servicio de la denuncia que esta persona quería hacer a su ex marido, Antonio David Flores, acusándolo de maltrato psicológico y de haber alejado a sus hijos de ella. El programa fue un éxito desde el punto de vista mediático porque alcanzó un 30% de la audiencia.
Hasta aquí nada que no estuviera en el ámbito normal de lo que hace Telecinco. Lo grave, sin embargo, es que han convertido el plató de televisión en una instancia que juzga y descalifica la justicia. Porque el único hecho objetivo evidente es que todas las demandas que ha efectuado Rocío Carrasco hasta ahora contra su ex marido han sido rechazadas por juzgados diferentes, hasta llegar al mismo Tribunal Supremo. La forma como se presenta la cuestión, como la agresión de un hombre hacia una mujer y, por tanto, en el marco de la violencia de género, da pie a que Telecinco muestre la justicia española como heteropatriarcal, tal como explícitamente lo formulaba una de sus presentadoras, Ana Pardo.
Este cuestionamiento de la justicia, que no responde a la realidad de que la mayoría de jueces, el 54% son mujeres, fue multiplicado por la intervención política que a continuación se produjo. La más importante fue la de la ministra Irene Montero que, primero y sobre la marcha, ya se pronunció a través de la red con los hashtag #RocioYoSiTeCreo, para más tarde ser entrevistada por el canal, manifestando su rechazo por las sentencias, y otorgando la razón a Rocío Carrasco. Con menos aparatosidad, sin embargo, también se han hecho presentes en la misma línea, Adriana Lastra, portavoz en el Congreso del PSOE, Rocío Monasterio, portavoz de Vox en la asamblea de Madrid, y la ahora presentada como número dos de Gabilondo en Madrid, Hanna Jallou, secretaria de estado de migraciones, y que el PSOE presenta sin pudor como la Kamala Harris (vicepresidenta de EEUU con Joe Biden) de Gabilondo.
Un país en el que la televisión especializada en la pornografía de la intimidad interviene de una manera tan frontal contra la justicia, y da lugar a intervenciones políticas tan reiteradas, demuestra una degradación extraordinaria.
El caso de Rocío Carrasco es una historia que hace muchos años que dura y que con todas las providencias anteriores, por ejemplo la última de 2018 en la Audiencia Provincial de Madrid y posteriormente en el Tribunal Supremo, nunca mereció la más mínima atención de estas mismas políticas que ahora hacen bandera. Está claro que era difícil porque las instancias judiciales cerraban cada vez el asunto judicial sin recoger las acusaciones de la presunta agredida. No se puede descartar que haya habido error judicial, pero lo que es impresentable es que esto se dé por supuesto ahora porque una televisión levanta esta bandera, porque le da réditos de audiencia, y una serie de políticas porque es un hombre el acusado.
Es imposible que pueda funcionar con normalidad un sistema democrático en estas condiciones donde toda la política se fundamenta en lo que ya criticaba Aristóteles de la demagogia. Si no hay hechos probatorios nuevos, que una televisión divulgue emotivamente los argumentos descartados por la justicia, no cambia nada, y los políticos deberían saberlo y actuar con responsabilidad.