Hay, junto al malestar general y difundido, unas causas más concretas de la actual revuelta. Y aquí hay que precisar que desde la reforma de la PAC del 2020 el campesinado no debe mirar sólo a Bruselas, sino que debe fijar mucho los ojos en Atocha, sede del ministerio de Agricultura, y en la Generalitat, en este departamento que ha hecho desaparecer de su rótulo toda referencia al sector agrario, porque hoy las capacidades de estos poderes son muy grandes y no se ejercen.
¿Cuáles son las principales causas?
- La necesidad de revisar la política agraria común y establecer un plan de choque con soluciones inmediatas que deben ser aportadas tanto por la Comisión como por el gobierno de España y el de Cataluña, dirigidas a mejorar las condiciones concretas en las que se mueve el agricultor. A partir de esta afirmación doble, revisión de la PAC y plan de choque inmediato, entran en juego diversas cuestiones.
- Contra la competencia desleal y para una eficaz aplicación de las cláusulas espejo que permiten su control. Existe una competencia desleal de terceros países porque producen en condiciones mucho más desreguladas que las de los campesinos europeos; esto sin contar las diferencias salariales y cómo, es lógico, sus productos entran en el mercado europeo debido a los diversos acuerdos y presionan a la baja. La competencia sólo es real si todos juegan con las mismas cartas y no es el caso. Marruecos por su proximidad se lleva la palma. Tiene un tratado de libre comercio, pero su normativa nada tiene que ver con la comunitaria y, por otra parte, España que es la puerta de entrada no ejerce un control mínimo sobre estos productos.
- Los cambios en el actual PAC. Estos sólo pueden ir en la línea de flexibilizarla y simplificarla con el objetivo de reducir los costes del campesinado y revisar los objetivos en materia ambiental. No puede ser que su exigencia sea superior a la de otros sectores, como el turístico. También son necesarios cambios en el pacto verde y, si bien, la Comunitat ha empezado a dar muestras de flexibilidad, reduciendo la obligación de dejar el 4% de las tierras en barbecho, queda todavía mucha tela por cortar.
- La sequía y otras crisis ambientales. Es necesario que se adopten medidas para cubrir los daños catastróficos que pueda producir el cambio climático o sencillamente profundas alteraciones naturales. Es la situación que está viviendo Cataluña.
- El cereal ucraniano. Este aspecto afecta menos al sector agrario mediterráneo, pero tiene un fuerte impacto en los países colindantes que bloquean la exportación de los productos ucranianos porque por sus bajos precios distorsiona el mercado. La ayuda que la CE quiere dar a Ucrania no puede recaer sobre las espaldas de los campesinos.
- Modificación de la ley de la cadena alimentaria. Esta legislación está dirigida a producir prácticas desleales por parte de los oligopolios que controlan la demanda y para evitar que los agricultores sean obligados a vender a pérdida. Pero la ley no ha funcionado bien, y el gobierno español ya ha anunciado cambios. Está por ver si son suficientes. Es el caso claro del déficit clásico de la legislación española y también catalana, de crear normas y después no adoptar las medidas necesarias para hacerlas cumplir.
- La ley del bienestar animal llevada a cabo desde una perspectiva cosmopolita afecta muy negativamente a las explotaciones ganaderas y debe ser revisada.
- Gasóleo agrícola. El sector agrario pide la bonificación del combustible y la rebaja del IVA en carburantes y electricidad, además de la reducción de otros impuestos. Recordemos que España no sólo no ha deflactado, por la inflación, la presión fiscal, sino que es, junto a Malta, el país de la UE que más la ha hecho crecer en estos últimos años.
Hay otras cuestiones relacionadas con política de sanidad animal, el conflicto con las energías renovables, pero, en lo fundamental, las grandes, las que tienen más efecto, son las apuntadas.
Para entender y aportar soluciones a la revuelta campesina (I).. La política agraria común
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