Pedro Sánchez afirmó en una sede socialista que podía gobernar sin el Parlamento. Lo dijo sin rubor alguno, y lo está cumpliendo con creces. Una afirmación que, en boca de un demócrata, sonaría como un resbalón; en la suya, parece un programa de gobierno. Y lo practica, ciertamente. Y no lo hace en un tema menor, sino en el gasto de defensa.
El incremento que debía producirse progresivamente hasta el año 2029 se hará ahora, de repente, para este mismo año 2025, a fin de pasar del actual 1,5% de gasto militar en relación con el PIB hasta el comprometido 2%. Lo que significa incorporar para este mismo ejercicio 10.500 millones de euros adicionales. Se alcanzará así una cifra que, en estos momentos, la OTAN y el propio Trump ya dan por insuficiente, y que además deberá mantenerse año tras año.
Lo grave de esta decisión es que se hará sin presupuesto para 2025 y sin pasar por una votación en el Congreso. Si hay una práctica alejada del sentido de la democracia, esta es una.
esta medida no comportará un aumento de los impuestos, ni generará un mayor déficit, ni afectará en modo alguno a las partidas que componen el sistema de bienestar español
Porque la cuestión es que Sánchez, junto con el aumento tan extraordinario del gasto que ha anunciado, ha asegurado que esta medida no comportará un aumento de los impuestos, ni generará un mayor déficit, ni afectará en modo alguno a las partidas que componen el sistema de bienestar español.
Estos tres compromisos, que se producen además sobre el texto de un presupuesto prorrogado por segunda vez y que corresponde en su versión original al año 2023, ofrecen muchísimas dudas. De ahí que sea evidente la exigencia de llevar al Parlamento la memoria económica que explique con claridad cómo se pueden gastar otros 10.500 millones cumpliendo las tres condiciones que ha señalado Sánchez.
La estructura del anunciado aumento de gasto indica que, en realidad, poco más de la mitad de esa cifra será gasto militar efectivo
La estructura del anunciado aumento de gasto indica que, en realidad, poco más de la mitad de esa cifra será gasto militar efectivo. A esta corresponde el 19% que se agrupa bajo el concepto de disuasión y otro 34% que corresponde al epígrafe de equipamiento. Esto es poco más de la mitad, y hay que ver si la OTAN considera que efectivamente es gasto militar el 47% restante, dado que una parte se aplica a ciberseguridad, que es la partida de mayor envergadura, y también a la Unidad Militar de Emergencias (UME), que poco tiene que ver con el gasto militar.
En cualquier caso, es un tema que se verá en las próximas semanas. Lo que sí resulta evidente es la prontitud con la que Sánchez ha cumplido las instrucciones que llegaron de la administración Trump en el sentido de que debía aumentar de forma inmediata el gasto militar.
Es inexcusable que Sánchez lleve estas importantes modificaciones presupuestarias al Congreso, pero se resistirá a hacerlo. No tanto porque pueda ser derrotado -porque sin duda contará con los votos del Partido Popular-, como porque pondrá en evidencia que sus socios parlamentarios de gobierno, en una medida importante, no están de acuerdo y votarán en contra. Por supuesto, ahora Podemos. También Esquerra Republicana ya se ha pronunciado en el mismo sentido, y posiblemente lo hará Bildu. Queda la incógnita de Junts, se puede contar con el voto del Partido Nacionalista Vasco, y también contará con la oposición férrea de Podemos.
Y este es uno de los principales temores de la coalición de gobierno, porque Podemos es el ariete que abre brecha en la parte más débil de la coalición, la que dirige la vicepresidenta del gobierno —ponle tú el nombre, que no me acuerdo— y que ya ha manifestado su oposición a este gasto, lo que da lugar a un escenario insólito en cualquier democracia europea.
Por una parte, el partido mayoritario del gobierno, el PSOE, toma una decisión tan trascendente como es la del rearme, contando con la oposición de una parte determinante de aquellos que apoyan al gobierno en el Congreso, que hacen posible su existencia. Pero no solo eso: la parte minoritaria del gobierno, Sumar de Yolanda Díaz, también mantiene una total discrepancia con la medida.
si uno de los partidos que lo forman discrepa de una forma tan sustancial como es el caso de Sumar, lo que hace es abandonar el gobierno
Y aquí comienza una dimensión esperpéntica de la escenografía política española, porque en una cuestión tan importante, en cualquier gobierno democrático, si uno de los partidos que lo forman discrepa de forma tan sustancial como es el caso de Sumar, lo que hace es abandonar el gobierno. Pero no: la alfombra del poder, las retribuciones y atribuciones de este son tan grandes que convierten a Sumar en un simple “paripé” político que gasta toda su fuerza en palabras, pero que a la hora de la verdad no hay ningún hecho que las acompañe.
Claro que, pese a funcionar con presupuestos prorrogados de 2023, el Gobierno dispone de abundancia de dinero debido al fenómeno de la inflación. Al no actualizar la tarifa del impuesto sobre la renta, el IRPF, la inflación funciona como un aumento de la presión fiscal, y no ha sido pequeño.
a lo largo de la última década, 2015-2024, la presión fiscal en España ha crecido un 30%
Los cálculos de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA, señalan que, en el transcurso de la última década, 2015-2024, la presión fiscal en España ha crecido un 30%, que es una cifra extraordinaria. Si en lugar de la presión fiscal utilizáramos otro indicador mucho más expresivo de lo que paga cada ciudadano, como es el esfuerzo o sacrificio fiscal, que relaciona el aumento no con el incremento del PIB, sino con el de los ingresos de cada familia, entonces el incremento sería aún superior, porque es bien sabido que, debido a la inmigración, el crecimiento notable del PIB español no tiene un equivalente en el comportamiento del aumento de la renta per cápita, que es mucho menor.
Tanto es así que las arcas públicas ingresaron en el 2024 casi 300.000 millones de euros, una cifra histórica por su desmesura. Este efecto de la inflación en el IRPF afecta en mayor medida a las rentas más bajas. De ahí que el Ministerio de Hacienda debería impulsar una reforma para actualizar el mínimo personal y familiar exento y el tramo general del impuesto. Pero el Gobierno de Sánchez se ha negado.
el mayor gasto militar se pagará en mayor medida a base de exprimir aún más el bolsillo de aquellos que reciben menos ingresos
En otras palabras, el mayor gasto militar se pagará en mayor medida a base de exprimir aún más el bolsillo de aquellos que reciben menos ingresos. Es una política que poco tiene que ver con el compromiso socialista de atender mejor a las personas afectadas por unas rentas más bajas.
Por si fuera poco, y por encima de todo esto, flota otro incumplimiento flagrante. El Gobierno de Sánchez ha manifestado formalmente su identificación con la doctrina del papa Francisco recientemente traspasado y, para mostrarlo, ha declarado tres días de luto. Pues bien, el Papa, en su última intervención pública y en un texto leído —escrito por él— el pasado Domingo de Ramos en la plaza de Sant Pere y ante los miles de fieles que escuchaban la palabra, se opuso rotundamente al rearme europeo. Ahora Sánchez, sin esperar siquiera a que finalicen estos tres días de luto, declara que aumentará el gasto militar en una cifra astronómica y de golpe.
La pregunta es por qué no ha respetado estos tres días y ha esperado a que transcurrieran para hacer una afirmación tan contundente. ¿Cuál es el problema que le impedía esperar hasta el próximo Consejo de Ministros de la semana siguiente? Esta es otra de las explicaciones que tiene pendiente Sánchez. ¿A qué viene tanta urgencia que constituye una afronta a la voluntad del Papa en plena jornada de luto decretada por el propio gobierno?
Sánchez afirmó que podía gobernar sin el Parlamento. Lo dijo sin rubor alguno, y lo está cumpliendo con creces. Una afirmación que, en boca de un demócrata, sonaría como un resbalón; en la suya, parece un programa de gobierno Compartir en X
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