Este jueves 16, y mañana viernes, Puigdemont se juega el resto de su credibilidad entre sus seguidores, puesto que en el campo independentista parece que la perdió hace ya algún tiempo. La razón es muy concreta: hoy la Mesa del Congreso decidirá si admite a trámite o no la proposición no de ley (PNL) que exige a Sánchez presentar una moción de confianza frente al Congreso. Las cartas parecen jugadas de antemano, porque la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha dejado ya claro que no hay motivo para ello.
Por tanto, si no hay cambios de última hora, la votación será negativa, y como el Gobierno tiene mayoría por 5 a 4 (tres del PSOE, dos de Sumar y cuatro del PP), el resultado es evidente.
Éste no es un hecho menor, ya que revela la escasa capacidad de obtener resultados de Puigdemont y Junts, considerando que esta mayoría gubernamental se logró gracias a los votos de los diputados que siguen a Puigdemont, y no por la fuerza parlamentaria del Govern. Es un ejemplo más de para qué han servido los apoyos a Sánchez.
Puigdemont amenaza con poner fin a las reuniones en Suiza, de las que nunca hemos sabido demasiados detalles. Tampoco hemos conocido nada sobre el mediador internacional, ni sobre las negociaciones ni las conclusiones logradas. Lo único que ha trascendido han sido silencios, retoques y falta de información, tanto por parte del Gobierno como de sus interlocutores.
El fin de la vía negociadora puede significar muchas cosas: desde una ruptura total hasta un escenario intermedio en el que Sánchez busque apoyos para aprobar los presupuestos (posiblemente no lo conseguiría y sería el segundo año consecutivo sin aprobarlos) y las leyes que más le interesan. Entre ellas, destaca la última proposición de ley del grupo socialista destinada a proteger penalmente a ciertos miembros del Gobierno, aunque ello pueda contravenir la Constitución y los derechos ciudadanos. Sin embargo, al presidente del Gobierno esto no parece preocuparle, puesto que el Tribunal Constitucional actúa como un apéndice de la Moncloa. Un ejemplo reciente es la exclusión del juez Macías en el caso de la amnistía, bajo el argumento de que ya se había pronunciado previamente en el Consejo General del Poder Judicial, mientras que en casos similares, como el de la magistrada Espejel en el caso del aborto, el criterio fue opuesto.
Por tanto, Puigdemont sabe que el Gobierno tiene bien controlada esta alta instancia, algo que necesita desesperadamente para normalizar su situación política y conseguir finalmente la amnistía. En resumen, la mayoría de Sánchez depende de Puigdemont, pero la amnistía de Puigdemont depende, en gran medida, de Sánchez .
Sin embargo, Junts quedaría en evidencia si este nuevo periplo acaba en nada. Sánchez ha rechazado hasta ahora someterse a un voto de confianza, y además muchos acuerdos no se han cumplido. Entre ellos, destaca la gestión íntegra de las políticas de inmigración, que implicaría controlar puertos, aeropuertos, fronteras y la expedición del NIE, la tarjeta de identificación de extranjeros. Esto parece estar lejos de materializarse, puesto que implicaría ceder competencias exclusivas del Estado.
Otro acuerdo pendiente es que Puigdemont, como expresidente de la Generalitat, disponga de seguridad propia sufragada con cargo al presupuesto del Estado. También está pendiente la transferencia a la Generalitat de las inversiones previstas en los presupuestos generales, que no se han ejecutado.
Una posible solución sería que la Mesa del Congreso aprobara la tramitación de la moción, pero sin que ésta se concretara en una votación posterior del Congreso. Esto sería un paripé y un engaño a los ciudadanos, ya que lo que Puigdemont pretende es que Sánchez se someta a una votación de confianza, lo que no basta con aprobar, sino que debe ejecutarse en Pleno.
Hoy, además, Puigdemont y Junqueras se reúnen en Waterloo, en un momento difícil para ambos dirigentes. Junqueras también afronta la pérdida de credibilidad, que ya le ha perdido entre la mitad de su partido. Recordemos que Illa fue presidente de la Generalitat gracias al pacto con ERC, aunque este acuerdo no ha generado resultados concretos. En contraste, el PNV ha conseguido importantes hitos sin amenazas extremas, lo que pone en evidencia a los dirigentes catalanes, considerando que los diputados catalanes tienen más peso parlamentario que los vascos.
Para ERC, además, está en juego la aprobación de los presupuestos de la Generalitat para 2025. Hoy en día, Junqueras ya ha declarado su rechazo, lo que dejaría a Catalunya gobernada con presupuestos de 2023. Esto recuerda que, en su momento, ERC no logró aprobar los suyos el año pasado con Aragonès, por lo que se convocaron elecciones.
Desde la perspectiva ciudadana, en sus variados colores políticos, el balance no puede ser peor. El independentismo se encuentra desmoralizado y sin una estrategia clara. Los gobiernos, tanto de Madrid como de Catalunya, operan con minorías que deben negociar día a día los votos necesarios, pagando un precio cada vez mayor, España y Cataluña corren el riesgo de entrar en el segundo año sin presupuestos, lo que en democracias europeas suele ser motivo suficiente para convocar elecciones. Además, no existe un calendario legislativo fiable, ya que las mayorías en el Congreso y en el Parlamento dependen de cada circunstancia.
En estas condiciones, no existe estabilidad ni posibilidad de buena gestión. Ante situaciones tan extremas, la única solución es dejar que el pueblo se pronuncie en unas elecciones, en lugar de secuestrar su decisión para mantenerse en el poder.
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