Estos son los puntos clave en los que se encuentra la negociación en estos momentos:
- La cuestión no es la amnistía, que como concepto parece suficientemente resuelta, sino cuál será su alcance real y cuándo se aplicará porque se corre el riesgo de que acabe siendo “el parto de los montes”.
- Está claro que habrá una ley de amnistía. La mayoría gubernamental en el Congreso, la falta de capacidad de veto del Senado y la mayoría gubernamental en el Tribunal Constitucional lo garantizan.
- El argumento que sí tiene cabida en la Constitución, basado especialmente en los tratados internacionales aprobados y publicados por España y que tienen capacidad normativa, más una alambicada elaboración de las sentencias del TC en lo que se refiere a la amnistía, dan pie a pensar que va a hacer camino. Sería distinto si el TC tuviera una mayoría no gubernamental o adversa, pero no es el caso.
- La primera cuestión es a quien afectará porque de momento el vestido a medida gira muy en torno a la situación de los líderes del independentismo represaliados, pero hay muchas más casuísticas, decenas y decenas de personas inculpadas por el Proceso por delitos de naturaleza distinta a la de los líderes. A estas alturas no está claro que se estén contemplando.
- Los puntos más delicados que debe superar la ley se concentran en tres principios. El de seguridad jurídica que establece el valor de las sentencias judiciales firmes. El principio de igualdad, seguramente el tema más complicado: cómo justificar qué se otorga a unas personas por unos delitos cometidos sin que se alteren ese principio. Y aquí es donde podría haber problemas con el conjunto de procesados más allá de las personas destacadas. La prohibición de arbitrariedad que establece el artículo 9.3 de la Constitución. Hay que hacer evidente que la amnistía genera un bien general, debe demostrarse que a partir de ella se garantiza, por ejemplo, la convivencia democrática y no es el resultado simplemente del interés de Sánchez para tener unos votos que le permitan continuar al frente del gobierno.
- ¿Cuándo se aplicará? Aquí hay aspectos controvertidos por no decir oscuros. La primera cuestión es muy clara: el plazo que la ley se va a dar para entrar en vigor. Pero atención, porque deberá ser aplicada por los jueces y éstos deben interpretarla, pueden decir la suya y pueden esperar hasta el último segundo para su aplicación. ¿Qué harán jueces como el magistrado instructor del Supremo, Pablo Llarena? ¿O el presidente del Tribunal del 1-O, Manuel Marchena? ¿Qué harán otros jueces que se verán concernidos por la decisión? Alguno de ellos puede optar por plantear una cuestión de inconstitucionalidad. Si lo hace, automáticamente la ley queda en suspenso y el TC debe resolver. No sería de extrañar que algunos jueces optaran por esta vía, lo que sitúa más incertidumbre en los plazos de su entrada en vigor. Luego el TC debe resolver y aquí un período crucial es el tiempo que dedique cada ponente a presentar su tema en el pleno. A todo esto hay que añadir el recurso de inconstitucionalidad que con toda certeza presentará el PP. Por tanto, que la ley se apruebe no significa que se recuperen inmediatamente todos los derechos o que Puigdemont pueda volver sin riesgo de ser encarcelado. Pueden pasar meses y meses antes de que esto no se resuelva. De todas formas, este aspecto de la cuestión es inherente a la naturaleza de la propia solución que se busca, la amnistía.
Pero la significación política sobre la evolución que está experimentando Puigdemont se sitúa en otros aspectos. De hecho, está dando marcha atrás en relación con todo lo que planteó:
- Catalán en Europa. Debía haberse visto de forma satisfactoria y en realidad la historia está en vía muerta. Una vez realizado el espectáculo por parte del ministro de Asuntos Exteriores, la cuestión del catalán permanece en los pasillos de la Comisión.
- Amnistía como condición previa para empezar a negociar. No ha sido así en modo alguno. Están negociando la investidura de Sánchez de la mano de la amnistía. No será cuestión previa sino a posteriori. Está claro que primero pondrán a Sánchez como presidente del gobierno y después estará el proceso para resolver la ley.
- El mecanismo de supervisión del acuerdo, que es aún más importante si la ley es posterior a la elección de Sánchez, está cargado de incertidumbres. De momento, Puigdemont ya asume que no sea una instancia formada por persona o personas del ámbito internacional y en cualquier caso hay que ver cómo se concreta. Porque el PSOE en modo alguno acepta mediación internacional ni que se pueda controlar el cumplimiento por personas de este ámbito.
- Lo más relevante de todo: olvídese de la condición de la consulta. Ha desaparecido de la negociación. En realidad, lo que temía un sector del independentismo se hace evidente: amnistía a cambio de borrar de la agenda la independencia.
Cómo podrá explicar Puigdemont todo esto es una cuestión que dependerá mucho de los detalles que concreten el acuerdo, pero ciertamente no será fácil.
¿Y ERC? Continúa con importantes problemas, empezando por la inutilidad evidente de la mesa de diálogo. Está arrinconada, no se utiliza para la negociación y esto pone de manifiesto su inutilidad. O bien la transforman de común acuerdo con JxCat y el gobierno o se sumergirá en el pozo del olvido y con ella uno de los principales argumentos de la bondad de la gestión de los republicanos.
Aragonés plantea además otras cuestiones a la negociación, algo que JxCat no hace. Concretamente el traspaso de Cercanías y el compromiso sobre la financiación. También deberá responderle al examen sobre el éxito o fracaso de estas cuestiones mientras lo que sí es cierto es que el TSJC ha condenado a la Generalitat a pagar a Renfe una deuda de 81 millones de euros.
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