¿Cómo es posible? Tenemos en la Generalitat un gobierno encabezado por la izquierda, el Ayuntamiento de Barcelona gobernado por la izquierda progresista y feminista, y la Diputación y el Área Metropolitana también bajo la presidencia y dirección del mismo color político. Se han aprobado leyes, decretos, se han acordado políticas locales y catalanas sobre la vivienda y el resultado es simplemente terrible.
Barcelona con 17,75 euros el m2 es la provincia más cara de España en alquiler y además ha incrementado su precio en un 10,85% en un año, cuando Madrid, la segunda en precio, lo ha hecho en sólo un 4 ,74% y la tercera, Guipúzcoa, vio reducir el precio en un 0,38%. Pero pese a ser decisiva para el peso de la provincia, que significa la mayor parte de Catalunya, Barcelona no es la única circunscripción que llama la atención. Girona, si bien los aumentos fueron moderados, un 2,97%, es la 13ª provincia española en el precio del alquiler. Por tanto, tenemos una gran parte de Cataluña, la gran mayoría de la población, que se sitúan en los niveles más altos.
Pero esta realidad no tiene un correlato equivalente ni con el salario más frecuente, ni con el salario medio, que se sitúan en posiciones más atrasadas, ni tampoco con la renta per cápita y la renta familiar disponible. Por tanto, el decalaje entre el dinero del que disponen las familias catalanas y el coste del alquiler tiene un gran desequilibrio, mucho mayor que Madrid, Guipúzcoa o Vizcaya, que son las que nos siguen en el ranking, que presentan niveles salariales y de renta más elevados que los catalanes.
Cabe subrayar también el caso de Tarragona. En esta provincia, el precio del alquiler, 7,92 euros m2, es inferior a la media española, que es de 8,64 euros m2. Pero atención porque ha sido una de las provincias, concretamente la tercera, en la que más se ha incrementado el precio del alquiler, casi un 15%. Sólo Lleida presenta una característica nada frecuente, que es su disminución en un -7,78%, y un precio de 7,82 euros m2.
Este escenario describe claramente la ineficacia de las políticas de vivienda que se acometen en Cataluña, en el Área Metropolitana y en Barcelona. La cuestión es clara: nuestro país presenta también en este ámbito el peor escenario de toda España, y la responsabilidad de esa posición negativa sólo es explicable por la incapacidad de las políticas públicas.
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