Este punto clave es la segunda parte del que se publicó el día 25 de noviembre que puedes encontrar aquí .
- En definitiva, lo que persigue la ley es asfixiar a la escuela concertada por tres caminos diferentes, partiendo de su infrafinanciación que está en el origen de todos los problemas. La primera vía es suprimiendo el criterio de demanda social y perdiendo los padres su capacidad de elección, por lo que la escuela pública matriculará alumnos mientras tenga plazas, y la concertada se quedará con lo que quede, si es que queda. Este hecho conlleva la progresiva pérdida de grupos concertados y por tanto de viabilidad económica del centro. La segunda vía es impedir las aportaciones de los padres que ahora completan la subfinanciación. Y para rematar, todavía una tercera, la de obligar a matricular alumnos de muy bajo nivel de renta en nombre de la inclusividad.
- Cabe recordar que este acuerdo, en el que participa ERC, es contrario a lo establecido en Cataluña por iniciativa del Defensor del Pueblo entre la Generalitat y la escuela concertada, que también perseguía la inclusividad de todos los centros, pero desde la lógica bien razonada de complementar por parte de la Generalitat la dotación económica en función del número de alumnos de estas características que accedieran a los centros con concierto. ¿Por qué ERC asumió un criterio en Cataluña y otro totalmente diferente en el Congreso? Esta es una cuestión que debería explicar el partido porque la incoherencia de su posición es demasiado grande para que pueda pasar desapercibida.
- Además la ley impide que los ayuntamientos puedan ceder suelo para colegios concertados, estableciendo un factor más de asfixia. La comunidad local no tiene así posibilidad de actuar de acuerdo con su criterio. O cede el suelo para un equipamiento estatal (la Generalitat es estado), o no puede hacer nada. Hay en todo ello un proceso de estatificación que es contrario al principio de subsidiariedad, que debería regir en la enseñanza, otorgando todo el protagonismo a las familias, la comunidad educativa y los poderes locales.
- La ley liquida directamente los conciertos de la escuela diferenciada. Y lo hace contraviniendo la jurisprudencia existente, que en último caso se manifiesta en la última y reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que suspende la aplicación de esta medida que ya había adoptado el gobierno de la Generalitat con anterioridad a la Ley Celaá, obligándola a establecer los conciertos con estos centros.
- Una vez más, como en la época de Zapatero, la clase de cultura religiosa confesional es arrinconada. Suprimirla significaba cuestionar los acuerdos con la Santa Sede, pero la minimiza por otra vía. Le quitan todo valor académico para que no puntúe para establecer la nota media, ni a efectos de las becas. Es un tiempo escolar que no tiene significación académica, y para acabarlo de rematar no establecen una asignatura paralela, lo que facilita una práctica ya habitual en muchos centros públicos de Cataluña, establecer «clases de refuerzo», con lo significa de pérdida por los alumnos que asisten a religión. Por ejemplo, se dedica este tiempo a mejorar el inglés y naturalmente los que han optado por la asignatura católica no pueden disfrutar de esta ventaja. Pero es que encima incorpora la asignatura de cultura de las religiones desde una perspectiva secular, pero no como alternativa a la cultura confesional, sino obligatoria para todos. Todo este tema ha mostrado la extrema debilidad de la Iglesia católica. No deja de ser significativo que la Conferencia Episcopal no sea capaz de manifestar algo más que una lamentación porque no han recibido ni siquiera respuesta de sus propuestas al ministerio. Y esto sucede en el período inmediatamente posterior a la visita buscada y obtenida del jefe de gobierno al papa Francisco. ¿Cómo queda la figura papal después de que el gobierno margine la clase de cultura católica en la escuela?
- La cuestión de la lengua ha movido una amplia polémica. En realidad todo dependerá de la voluntad del gobierno de turno, porque lo que no figure explícitamente en la ley «el castellano es lengua vehicular», no impedirá que el gobierno central actúe de la manera que considere pertinente para garantizar su buen conocimiento, dado que el ministerio es competente para actuar en esta materia como «administración educativa» y dispone además de la alta inspección. Este fue el argumento del PDeCAT para votar en contra de esta enmienda.
- Una vez más, se ha perdido la oportunidad de abordar de manera consensuada los que son los problemas de la educación en España, de los que Cataluña desgraciadamente no es excepción, y que no radican ni en el concierto, ni en la clase de religión, ni en la escuela diferenciada, ni en ninguna de estas cuestiones. El problema es que estamos a la cola de Europa en todos los indicadores objetivos. Por un lado los resultados en las pruebas PISA sobre ciencias, matemáticas y comprensión lectora. El elevado número de alumnos en los niveles inferiores de conocimiento y al mismo tiempo el escaso porcentaje que se encuentra en los niveles altos. Son indicadores directos de la crisis profunda del sistema el número extraordinario de jóvenes que ni estudian ni trabajan, el abandono escolar antes de titularse en ESO y el fracaso escolar. También la defectuosa articulación de la enseñanza que se imparte, especialmente en los ciclos formativos, y las necesidades de las empresas que es un factor que ayuda a entender que el paro de los jóvenes en España sea de los más grandes de Europa.
- En definitiva, la ley no expresa ningún plan para modificar las pésimas condiciones actuales y sólo adopta medidas que permitirán maquillar determinados datos negativos. El hecho de que se pueda aprobar la ESO y acceder a la universidad a pesar de que el alumno tenga asignaturas suspendidas, el hecho de impedir la repetición de curso sin más, conseguirá mejorar los datos de aprobados y repetidores, pero hundirá aún más el sistema educativo español en uno de sus agujeros negros que es la falta de rendimiento escolar.
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1 comentario. Dejar nuevo
En efecto, es un intento de terminar con la concertada. Es, otro ataque más a la dimensión pública- aquí la educativa- de lo religioso -aquí mayoritariamente- católica.
Sería conveniente que los obispos españoles leyeran la respuesta de los obispos franceses, al mismo minuto de escuchar la alocución de Macron, limitando la asistencia de fieles a todos los templos, pequeños y grandes, a 30 personas. Busquen la respuesta del arzobispo de Paris, médico antes de su ordenación.