La ley Celaá es inasumible para el conjunto de la sociedad, porque una vez más se ha hecho una ley de partido y no una que articulara las diversas opciones que hay sobre la enseñanza y que aplicara de una forma más clara lo que la Constitución establece. La razón de las oposiciones que encuentra la iniciativa del gobierno Sánchez en el ámbito educativo, se puede resumir en una frase de la información extraordinariamente favorable a la iniciativa socialista que La Vanguardia ha publicado este pasado martes, editorial incluida. En las dos páginas interiores, Los puntos calientes de la ley Celaá, lo decía con claridad: «una ley ideológica. Recoge las aspiraciones generales de la izquierda progresista». Mal. Si hacemos una ley educativa que recoge las aspiraciones de sólo una parte de la sociedad, es evidente que la otra parte no la podrá asumir. Por lo tanto, está fuera de discusión la parcialidad de la ley cuando los mismos defensores argumentan que responde a una concepción de la «izquierda progresista».
Esto se evidencia en el resultado. Al ser una ley orgánica requería la mayoría absoluta. La obtuvo por los pelos, 177 votos a favor, sólo 1 más de los que necesitaba. Ha sido la ley educativa aprobada por menor margen de votos.
Los principales puntos que hacen inasumible la ley son:
- Efectivamente, liquida la escuela concertada. No la prohíbe, no puede hacerlo, sería anticonstitucional, pero crea las condiciones para que vaya desapareciendo.
- La idea es ofrecer escuela pública y dejar la concertada como residual, por lo que mientras haya plazas vacantes en la escuela pública, los alumnos serán obligatoriamente dirigidos a esta. El poder político tiene suficiente con ir creando plazas de la pública para evitar que los padres puedan acceder a la escuela concertada.
- Este proceso de reducción significará ir eliminando grupos concertados hasta que la escuela en cuestión sea económicamente inviable. Es la primera medida de estrangulamiento.
- Desaparece el derecho de la elección por parte de los padres. Ya no se tiene en cuenta la demanda social que regía hasta ahora y por la que cada familia solicitaba acceso a la escuela que quería. Ahora será la administración quien la determinará, y por tanto, el que quiera ir a la concertada se encontrará cada vez con más frecuencia que envían a sus hijos a la pública. El resultado es obvio: los conciertos irán desapareciendo y este tipo de escuelas también. Sólo quedarán las privadas, en las que se ha de pagar el 100% del coste.
- Este punto hace inviable el derecho a la educación moral y religiosa que la Constitución establece en el artículo 16.1.
- La segunda vía de asfixia para liquidar la concertada es mediante la prohibición expresa de pagar cuotas a las fundaciones. Es una hipocresía escandalosa. El propio gobierno reconoce en un cálculo, que además peca de optimismo, que la financiación pública del concierto sólo cubre el 90% de los salarios de los profesores y el 10% del coste de mantenimiento de los centros. La pregunta que el gobierno no contesta, y los defensores de la ley tampoco, es cómo es posible pagar el 10% que falta del coste salarial y el 90% de los gastos de mantenimiento si no hay una aportación más o menos voluntaria por parte de los padres.
- En el fondo de todo pesa una terrible confusión. Se habla de escuela pública y de escuela concertada. En realidad se confunde la pública con la estatal. Lo que el gobierno Sánchez pretende es que todo el mundo vaya a una escuela de titularidad estatal bajo la autoridad del gobierno del estado a través de las comunidades autónomas. Porque si fuera pública, esto no determinaría que el estado llevase a cabo la gestión directa de la educación. Y aquí hay otra gran contradicción, desde la segunda mitad del siglo pasado el estado ha ido abandonando ámbitos en los que se había introducido: la fabricación de coches, producción de electricidad, productos químicos, textil, y así infinidad de servicios y productos. Ya no lo hace porque era claramente ineficiente y también ineficaz. ¿Cómo se puede creer que la gestión directa de la educación por parte del estado, que no sabe hacer bien coches y productos textiles, ni producir electricidad, puede obtener buenos resultados en algo mucho más complejo como es la educación de nuestros hijos? Hay países donde la escuela pública significa municipal y quien la gestiona es la comunidad cercana. Hay otros donde público significa toda iniciativa social supervisada, eso sí, en relación con unas condiciones objetivas para la administración del estado. En lugar de avanzar hacia una escuela cada vez más gestionada por las comunidades educativas, sean locales o sociales, se quiere un modelo inspirado en la escuela adoctrinadora francesa del siglo XIX, centralizada en cuando a sus directrices ideológicas.
Seguirá con una segunda parte.
